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29/05/2021 11:26 CEST | Actualizado 29/05/2021 11:26 CEST

Ley para erradicar la violencia contra la infancia: un hecho histórico en la defensa de los derechos de la infancia

Nuestro país se convierte así en el primero en tener una ley de este tipo que garantiza la protección de niños, niñas y adolescentes frente a cualquier tipo de violencia.

Plataforma de Infancia / Sara Pista
Las organizaciones de infancia celebran la aprobación de la ley de infancia en el Congreso junto a diputados y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

El pasado 20 de mayo fue un día histórico para los derechos de la infancia en España con la aprobación de la ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) en su último paso por el Congreso de los Diputados. Nuestro país se convierte así en el primero en tener una ley de este tipo que garantiza la protección de niños, niñas y adolescentes frente a cualquier tipo de violencia.

Las 75 organizaciones de infancia que conforman la Plataforma de Infancia llevamos más de 10 años trabajando para que esta ley se haga una realidad e incorpore las demandas de las organizaciones, de la sociedad y, especialmente, de los propios niños y niñas. Con 3.243 denuncias por delitos cibernéticos contra menores de edad y un incremento del 6% en las denuncias de malos tratos hacia la infancia en 2019, y sabiendo más de la mitad de denuncias presentadas por abuso sexual durante el mismo año tenía a un menor como víctima; una ley de este tipo se hacía urgente y necesaria. Así lo ha señalado el comité de los derechos del niño de Naciones Unidas en repetidas ocasiones al Gobierno de España.

Más de la mitad de denuncias presentadas por abuso sexual tenía a un menor como víctima

 

La LOPIVI tiene detrás la búsqueda de consenso de diferentes formaciones políticas con organizaciones sociales y de expertos incorporando, además, un enfoque preventivo e integral para erradicar la violencia contra niñas, niñas y adolescentes. Algunos de los avances que celebramos son: el aumento de la prescripción de los delitos de abuso sexual; formación especializada para los y las profesionales que trabajan con infancia y adolescencia; el establecimiento de mecanismos seguros, confidenciales y adaptados para niños, niñas y adolescentes; la prohibición de desnudos integrales, exploración genital y técnicas invasivas en las pruebas de determinación de la edad a niños y niñas no acompañados que llegan a España; así como el compromiso de crear tanto juzgados como una fiscalía específica de violencia contra la infancia y un Consejo Estatal de Participación Infantil.

Además, en el proceso de elaboración de esta ley no solo ha incorporado muchas de las recomendaciones de las organizaciones de infancia sino que, además, se han escuchado las opiniones y propuestas de más de 600 niños, niñas y adolescentes. Estas se recogieron en un proceso participativo impulsado por la Plataforma de Infancia que culminó en el informe Violencia: Game Over cuyos resultados presentaron los propios niños y niñas en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en 2018.

Es cierto que algunas demandas de las organizaciones de infancia no se han recogido, como reforzar los mecanismos de protección en los sistemas de protección a la infancia, creando figuras análogas a los coordinadores de bienestar que sí se prevén en el ámbito educativo; dotar de garantías los procedimientos de retiradas de tutela; o la prohibición de toda forma de contención mecánica, como el uso de sujeciones en las muñecas, en los centros de reforma y en los centros específicos de niños con problemas de conducta. Sin embargo, esta ley plantea un cambio radical en cómo cuidamos y protegemos a la infancia.

Estamos ante un hecho histórico que marcará un antes y un después en la defensa de los derechos de la infancia en España, aunque todavía queda un largo recorrido para hacerla efectiva, lo que va a requerir la creación de Juzgados y Fiscalía especializados en violencia contra la infancia; la aprobación de una estrategia integral que desarrolle medidas de sensibilización, prevención, protección y reparación, así como que coordine la actuación de las distintas administraciones; el desarrollo autonómico de la ley; así como la necesidad de contar con una partida presupuestaria adecuada. La protección de la infancia y la adolescencia ha de ser una prioridad tanto a nivel de políticas públicas como del conjunto de la sociedad.

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