Los datos desmienten a Ayuso: ni privatizar el rastreo es efectivo ni era la única opción
Desde hace meses se viene alertando de la falta de rastreadores. Madrid ha contratado ahora a 22 a través de la empresa privada, pero esa no es la mejor solución.
Era un secreto a voces entre quienes conocen bien el sistema de gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero, quizás, en este caso concreto, la privatización ha sido aún más sangrante.
La pandemia de coronavirus lleva casi cinco meses entre nosotros y Madrid es la comunidad autónoma española más golpeada por el virus. Tras superar la primera ola —con más de 9.000 fallecidos en la región—, los casos volvieron a aumentar en julio. La necesidad del rastreo de contactos se hizo evidente, mientras Madrid contaba con un rastreador por cada 36.000 habitantes, cuando se recomienda tener un experto por cada 5.000 personas.
Primero, la Comunidad de Madrid recurrió a la petición de voluntarios para el rastreo —no remunerado— con la colaboración de la Universidad Complutense, y las críticas no se hicieron esperar. Este lunes, en cambio, la noticia era otra: Madrid privatizaba de urgencia el rastreo de contagios, contratando a 22 sanitarios (una cifra insuficiente) a través del grupo Quirón por un importe total de 194.223 euros.
¿El argumento de la Comunidad de Madrid para externalizar este servicio? Que no había tiempo para formar a profesionales del sector público. “El tiempo de formación necesario, la eventual rapidez con la que puedan producirse cambios en la situación epidemiológica y el carácter anticipatorio que se busca, acortan los tiempos y hacen inviable recabar los medios materiales y humanos precisos dentro de los recursos propios de la Administración en un plazo compatible con los objetivos perseguidos”, reza el texto de la adjudicación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Una afirmación difícil de sostener teniendo en cuenta que desde hace meses se alerta de la falta de rastreadores y que, como explica el epidemiólogo Adrián Hugo Aginagalde, se pueden formar hasta 50 rastreadores cada semana. Así lo han hecho en País Vasco y Cantabria, asegura Aginagalde, donde él trabaja desde el Observatorio de Salud Pública.
“No es el modelo ideal, aunque tampoco se puede juzgar el trabajo antes de realizarlo”, explica Aginagalde a El HuffPost. “El número de efectivos contratados es bastante bajo, lo cual me ha llamado mucho la atención. Veremos si son capaces de asumir la carga de trabajo”, comenta el médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. “Comparto la urgencia, pero no el argumento de que el problema es la formación”, zanja Aginagalde.
De hecho, Quirón no contaba de antemano con esos profesionales formados sino que, como desvela Cadena Ser, la empresa puso un anuncio el pasado miércoles en Infojobs buscando rastreadores. “Buscamos contar con el mejor talento, el tuyo. Estamos buscando profesionales para labores de vigilancia epidemiológica y detección de posibles casos para uno de nuestros principales clientes de Madrid”, decía el mensaje. Repetimos: en Infojobs.
Dos días después, el contrato de Quirón con la Comunidad de Madrid era una realidad. Y, mientras tanto, la lista de casi 1.800 profesiones que el Colegio de Médicos ofreció al Gobierno de la Comunidad de Madrid como rastreadores permanece inexplicablemente intacta.
Pero el Gobierno madrileño no es el único que ha tratado de externalizar el rastreo. Reino Unido ya lo hizo y, spoiler alert, le salió mal. “El caos que ha traído esto ha dado como resultado una enorme brecha en la información disponible para los servicios locales, provocando retrasos en el acceso a los resultados y obstaculizando los esfuerzos para controlar la epidemia”, señala un artículo de The Guardian publicado hace sólo once días. “Los equipos del sector público están detectando muchos más contactos que los call-centers y el sistema online privatizado”, prosigue.
Se calcula que en zonas con importantes brotes, las empresas privadas británicas encargadas del rastreo sólo están trazando el 52% de los contactos estrechos de las personas contagiadas, apunta The Guardian en el artículo titulado ‘Gracias a la externalización, el sistema de test y rastreo de Inglaterra es un caos’. Lo firma, por cierto, Allyson Pollock, que no es periodista, sino profesora de Salud Pública en la Universidad de Newcastle.
