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12/05/2020 10:59 CEST | Actualizado 12/05/2020 10:59 CEST

Los elevados niveles de endeudamiento condenan a la economía española a la austeridad

España debe ir pensando qué recortes piensa a hacer en el gasto público para controlar la situación.

MarioGuti via Getty Images

El rumbo que está tomando la economía española no gusta ni a la propia vicepresidenta de asuntos económicos del Gobierno. Tal es la situación que la propia Nadia Calviño ha peleado con su compañero el vicepresidente Pablo Iglesias por la necesidad de reducir los gastos para el próximo ejercicio. Y es que, en un escenario en el que se pronostica un incremento tan abultado del déficit, así como de deuda, seguir haciendo promesas de gasto público no es más que hacer un brindis al sol ante la inexistencia de fondo de maniobra para tomar decisiones.

La economía española, a la que le precede una desaceleración económica que estaba apagando nuestro crecimiento, llegando a rebasar -a la baja- el umbral del 2%, se encuentra en un escenario complicado para los próximos años. Ante la necesidad de una respuesta económica por parte del estado para reavivar y paliar los dañinos efectos de la crisis sanitaria y económica, la economía española se ha metido en un atolladero del cual saldremos, de acuerdo con las propias previsiones del Banco de España, con un déficit cercano al 11%, así como una deuda que podría rebasar el 120%, llegando a situarse en el 122% del PIB.

En este sentido, la economía española se enfrenta a una situación en la que, tras disipar los efectos de una pandemia que ha estado sacudiendo la economía, así como la propia actividad -ante el duro shock de oferta que esta mostraba-, va a tener que volver a la aplicación de una serie de políticas de austeridad que traten de devolver a la normalidad unos niveles de endeudamiento, así como de déficit crónico, que hacen insostenible la sostenibilidad económica del país, así como la disciplina presupuestaria de la Unión Europea, para los años venideros. Un plan de austeridad que, lejos de solventarse con gastos superfluos, requiere de una arriesgada apuesta que podría costar muchas promesas electorales.

Y es que, en un intento de alejarnos de mantras y dogmas inservibles, ni aplicando todos esos ambiciosos planes de Unidas Podemos en su propuesta económica en campaña electoral, el déficit que presenta la economía española y que, como cifra la AIReF, podría consolidarse en los 110.000 millones de euros en el año 2021, se solventaría. En este sentido, hablamos de impuestos que, como la tasa Tobin, tasa Google, nuevos tramos de IRPF, tasa Covid, impuestos a los ricos, entre otros, no cubrirían, ni en el mejor de los escenarios, el 10% del coste anual que representa este elevado, y muy preocupante, déficit crónico. 

Así, hablamos de un escenario en el que, contando con toda esa recaudación agregada que estima el Gobierno de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, el agregado de recaudación no representa ni el 4%. En este sentido, como dijo el compañero economista Juan Ramón Rallo, de nada sirve prometer incrementos de la recaudación de cuatro euros por cada cien, si seguimos dejando 96 euros sin pagar en la cuenta del déficit público. Es decir, ni contando con el rescate a la banca, el cual se cifró en los 60.000 millones de euros, podemos solventar una situación que, de no aplicar reformas estructurales y planes ambiciosos de ajuste presupuestario, nos seguirá acompañando, a la vez que nos sigue dañando.

Un gran problema para el Gobierno de España, pues como pudimos observar en campaña electoral, sabiendo incluso que el déficit de la economía española no cerraría, tal y como dijo el presidente del Gobierno, en el 2%, seguía prometiendo aumentos del gasto público cercanos al 4%, con agregados a la recaudación que, ni en el mejor de los casos, se acercaban al 1% del PIB.

España se enfrenta a un problema de calado, el cual reconoce hasta la propia vicepresidenta socialista. Un problema del que debemos salir sin un ensanchamiento de esas asimetrías, esos desequilibrios macroeconómicos, que nos sitúan a años luz de economías homólogas que, como Alemania o Países Bajos, presentan, además de superávit, niveles de deuda que, en el peor de los escenarios, no superan el 60% del PIB. Unas asimetrías que, de no corregirlas y controlarlas, podrían poner en peligro un proyecto europeo que se encuentra sometido a durísimas tensiones; máxime en un escenario en el que Bruselas, con la salida del Reino Unido tras un duro Brexit, ha quedado duramente sacudida, tanto a nivel institucional como presupuestario.

Para ello, España debe ir pensando qué recortes piensa a hacer en el gasto público para controlar la situación. Por el momento, y por dar alguna pista al lector que se encuentre leyendo esta nota, basta decir que la mayor partida presupuestaria que compromete a la economía española en estos momentos es el gasto en pensiones. Un gasto que, con estructura deficitaria, representa el 20% del gasto público total. Un posible recorte al que deben acompañarle otra serie de recortes que, junto a los gastos superfluos que, como decíamos anteriormente, acompañan la reducción del déficit en un 4%, conformarán la nueva ruta presupuestaria española; una ruta de austeridad y sacrificio que, de no solventarla, basta recordar la difícil situación en la que se vio inmersa España en 2012, donde con un 7% de déficit, así como una deuda del 89%, tuvo que ser rescatada in extremis por la Unión Europea.

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