Los valores europeos no están en venta
Ni un solo ciudadano europeo debe ser castigado por el hecho de que su gobierno no respete ni defienda los principios fundadores de nuestra Unión.
Por Iratxe García Pérez, presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, presidente del Grupo Popular, Dacian Ciolos, presidente del Grupo Renew Europe, y Ska Keller y Philippe Lamberts, co-presidentes del Grupo de Los Verdes:
Los líderes de los principales grupos políticos en la Eurocámara nos hemos unido para hacer llegar un mensaje al Consejo Europeo, al Consejo de la UE y a la Comisión Europea: nuestros valores no están en venta.
En las últimas semanas, nos hemos visto enfrentados a un total rechazo de los jefes de Estado y de Gobierno a cambiar incluso el más mínimo elemento del acuerdo que alcanzaron en verano sobre el presupuesto y el plan de recuperación de la Unión Europea, que alcanzaron, este verano, los líderes europeos. No se están respetando compromisos adoptados en aquel momento, concretamente la introducción de un mecanismo que condicione el respeto al Estado de derecho a la percepción de determinados fondos, de manera que se protejan el presupuesto europeo y la iniciativa Next Generation EU.
Que no quepa ninguna duda, nosotros aplaudimos unánimemente el Plan de Recuperación. Nuestras economías necesitan ayuda urgente para salvar empleos y crear oportunidades de futuro. El apoyo del Parlamento Europeo al plan de recuperación es incuestionable y, de hecho, hemos demostrado nuestro compromiso para que las cosas avancen aprobando el Plan de Recuperación de la Comisión Europea el pasado 16 de septiembre. Ahora les corresponde a los 27 gobiernos y a sus parlamentos nacionales hacer lo mismo. La ciudadanía afronta una situación económica cada vez más crítica. Nos parece inaceptable que los que quieren debilitar el Estado de derecho estén dispuestos a secuestrar el plan de recuperación, anteponiendo sus propios intereses a los de la ciudadanía.
Cuando uno de nuestros gobiernos amordaza a sus jueces y crea una clima de miedo y control en todos los niveles de su sistema judicial, todo el sistema judicial europeo está crisis, todo nuestro orden jurídico.
Nuestras libertades civiles, la libertad de prensa y el pluralismo están siendo sometidos a una presión inmensa. Los ataques contra la libertad de prensa y la sociedad civil, la agresión verbal y física a periodistas –incluso asesinatos– y la absorción de grupos mediáticos por una oligarquía dirigente parece estar convirtiéndose en la norma en algunos Estados miembros. La libertad de prensa no es un lujo, es un prerrequisito de democracias libres en buen funcionamiento.
Nuestro mercado interior también se ve amenazado. Vemos cómo un puñado de personas asume el control de los fondos públicos y las licitaciones públicas, y cómo la corrupción se vuelve ya la costumbre.
Estamos profundamente convencidos de que una condicionalidad real sobre el imperio de la ley en el presupuesto europeo es esencial para abordar estos asuntos.
El tiempo pasa y cada minuto cuenta. El Consejo ha adoptado su posición, de forma que las negociaciones pueden por fin empezar; pero, lamentablemente, faltan algunas salvaguardas fundamentales. En primer lugar, debe haber un proceso claro y decisivo, por el que una decisión delegada de la Comisión Europea solo pueda ser revertida por una votación que obtenga la mayoría cualificada en el Consejo. En segundo lugar, su alcance debe incluir la violación de los principios del estado de derecho y la independencia del poder judicial, como un mínimo indispensable. La evaluación de la Comisión Europea debe basarse en el Informe Anual sobre el Estado de Derecho y en un panel independiente de expertos. En tercer lugar, la puerta de atrás que se les ofrece a los Estados miembros para posponer el tema a futuras reuniones del Consejo Europeo crea una situación en la que este asunto quizás podría quedarse estancado durante años. Esto solo sirve a los intereses de quienes no desean que se adopte ninguna medida.
Y, lo que es más importante, debemos proteger a nuestra ciudadanía frente al comportamiento de ciertos gobiernos, poniendo en marcha un sistema que permita que los receptores sigan recibiendo fondos directamente. Ni un solo ciudadano europeo debe ser castigado por el hecho de que su gobierno no respete ni defienda los principios fundadores de nuestra Unión. Las tres instituciones deben involucrarse en este proceso, lo cual significa que el Parlamento Europeo debe tener un papel sustancial, junto a la Comisión Europea y al Consejo. La Eurocámara está lista para asumir su responsabilidad; es lo que nos están pidiendo nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Pedimos al Consejo que haga lo mismo y adopte una actitud constructiva respecto al tema del estado de derecho. Debemos hacer todo lo que podamos para proteger nuestra gran democracia europea, nuestra economía, nuestros valores y, lo más importante, a nuestra ciudadanía. Nos mantendremos firmes en nuestra misión de garantizar que los valores europeos no se ponen en venta para lograr justamente todo lo anterior.
