POLÍTICA
25/11/2019 11:12 CET

Madrid cifra en 5.000 personas la lista de espera de vivienda social y en 2.000 los inmuebles okupados

Así lo ha desgranado el consejero de Vivienda y Administración Local este lunes en una entrevista.

EFE
Vivienda digna.

La Comunidad de Madrid cifra en 5.000 personas la lista de espera para acceder a una vivienda social en la región y calcula que más de 2.000 de estos inmuebles de titularidad pública se encuentran en este momento okupados.

Así lo ha desgranado el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, en una entrevista en Onda Madrid, quien ha asegurado que no se puede ser “comprensivo” con ese fenómeno de la ocupación ilegal.

“Nos gastamos entre 3 y 4 millones de euros al año en intentar que no nos okupen vivienda social. A pesar de todo a veces entran con radiales, existe una okupación muy agresiva y con mafias”, ha expuesto el consejero, quien ha puesto el foco en las familias a las que se le priva del derecho a la vivienda, especialmente en casos como los inmuebles rehabilitados para personas con diversidad funcional.

En esta línea, también ha subrayado la importancia de evitar la morosidad de aquellos morosos que, a pesar de pagar alquileres muy bajos, no pagan las cuotas “regularmente”. “Todo el mundo tiene que cumplir”, ha zanjado.

Para evitar este fenómeno, ha recalcado que desde el Ejecutivo regional se ha conformado una Mesa de Vivienda y Okupación, conformada por el área de Pérez, la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas; y el Ayuntamiento de Madrid.

Desde este órgano han desarrollado un protocolo para prevenir esta situación que han enviado a todos los municipios de la región, en el que se insta, entre otros, a formar grupos en las distintas Policías Municipales especializados en evitar la ocupación ilegal de viviendas, como ya hiciese el Gobierno municipal de la capital.

“Nuestra filosofía es que cada okupación ilegal usurpa el derecho de alguien, ya sea de la propia Administración o de un propietario privado”, ha recalcado Pérez, quien ha instado a desarrollar una legislación nacional que clarifique las etapas de la okupación para poder así actuar contra ella de forma más eficiente.

No se venderá vivienda pública en esta legislatura

Por otro lado, ha reiterado que desde el actual Ejecutivo regional no se va a vender vivienda pública a fondos de inversión y ha cargado contra el PSOE quien, según ha relatado Pérez, fue quien promulgó una ley estatal que permite esta transacción.

También ha criticado las políticas de vivienda de la izquierda y el preacuerdo de gobierno entre los socialistas y Unidas Podemos, ya que entiende que sus recetas para la vivienda son “contraproducentes”, como, por ejemplo, establecer un máximo en el precio del alquiler. “En Madrid capital, por una ideología determinada se puso freno al desarrollo urbanísticos durante cuatros años se paralizaron la construcción de viviendas”, ha apuntado Pérez.

Por ello, según el consejero, ha subido el precio de los arrendamiento y ha cifrado en un 15 por ciento los propietarios del mercado del alquiler de la capital que retiraron sus inmuebles del mismo durante el mandato de Ahora Madrid.

“Aumenta el alquiler siempre que se reduce la oferta. Hay que dar más seguridad al arrendatario, porque a más viviendas en alquiler, menor precio”, ha insistido el consejero, quien ha situado como estrategia óptima la construcción de vivienda social a través de programas como el Plan Vive, con el que el Ejecutivo autonómico prevé construir 15.000 viviendas de este tipo a lo largo de los próximos ocho años.

Ampliar la oferta inmobiliaria con vivienda social

Como parte de su explicación, ha aseverado que el suelo no es un “recurso escaso” en la Comunidad de Madrid y que hay que facilitar la construcción de vivienda, siempre en aquellos espacios que no estén protegidos.

Del Plan Vive ha destacado que los alquileres sí tendrán un máximo, que se establecerá aproximadamente en un 50 por ciento del precio del mercado, y que con ello se ampliará la oferta de vivienda sin “intentar regular el sector privado”. “A veces el camino más corto no es el mejor”, ha deslizado.

Asimismo, ha informado de que el proceso normativo en el que se enmarca esta estrategia ya “se está redactando” y ha concluido señalando que a través de esta estrategia regional los “más optimistas” calculan que se podrían generar 100.000 puestos de trabajo, aunque Pérez se ha mostrado prudente, ya que parte de ellos serían directos y durarían únicamente el tiempo de construcción de las viviendas.

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