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02/07/2019 07:16 CEST | Actualizado 02/07/2019 07:16 CEST

Mil

Demasiadas heridas, demasiado dolor para que no haya una reacción contundente contra este feminicidio.

EFE

Mil ya no es solo un número ni una simple cifra. Mil ya no es un mero dato o una fría estadística. Mil es un grito desesperado de auxilio, un desgarro doloroso y trágico en una sociedad que no puede seguir mirando hacia otro lado. Mil es un fracaso colectivo porque mil son las mujeres asesinadas en nuestro país por el simple hecho de serlo desde que hay estadísticas oficiales en 2003. 

En realidad son muchas más, porque en esas mil están contabilizadas solo las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, es decir, por hombres que mantenían o habían mantenido algún tipo de relación afectiva con la víctima. No se incluyen, por tanto, casos como los de Laura Luelmo, Diana Quer o Laura del Hoyo, amiga que acompañaba a Marina Okarysnka cuando su asesino Sergio Morate la mató en 2015 y también acabó con su vida. Mujeres que no tenían ningún tipo de relación con sus asesinos pero que, sin duda, fueron asesinadas por ser mujeres y que, sin embargo, no forman parte de las estadísticas oficiales.

Urge por tanto que se redefina y actualice el concepto de víctima de violencia de género y se amplíe tanto a los menores como a las mujeres asesinadas por serlo, independientemente de que exista o no relación sentimental con el agresor. Este nuevo concepto de víctima de violencia de género está recogido como tal en la Ley 9/2018 de 8 de octubre de modificación de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía y también como una de las 214 medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado el 28 de septiembre de 2017.

De las mil mujeres asesinadas, 607 fueron víctimas de sus actuales parejas, 225 de sus exparejas y 168 se encontraban en fase de separación o divorcio. Además de las mujeres, existen más víctimas directas de la violencia machista: 28 menores asesinados, 226 niños huérfanos y mil familias destrozadas. Demasiadas heridas, demasiado dolor para que no haya una reacción contundente contra este feminicidio.

La primera víctima contabilizada fue Diana Yanet Vargas. Tenía 28 años y era madre de una niña de cinco. La mató su novio la noche de Reyes de 2003, arrojándola por el balcón de una vivienda en Fuengirola. Su asesinato no tuvo ningún eco mediático, tan solo en el diario malagueño SUR con el titular Muere una mujer al ser arrojada por su pareja desde un segundo piso. El asesinato de Diana no mereció más atención que esta.

Alcanzar las mil mujeres asesinadas es motivo más que suficiente para reflexionar en qué fallamos.

Sería injusto no reconocer que desde que Diana iniciara esta lista negra hasta hoy no ha habido avances en la lucha contra la violencia de género. Sin duda, la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género en 2004, con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, supuso un antes y un después. La puesta en marcha de esta ley colocó a nuestro país como referente internacional en políticas contra la violencia hacia las mujeres. Se crearon juzgados específicos, ayudas para las víctimas, formación concreta en el ámbito sanitario, judicial o educativo y, sobre todo, se gestó una implicación social de rechazo ante la violencia machista.

Lo que históricamente había sido un problema privado se convertía en un problema de Estado. La violencia hacia las mujeres dejaba de considerarse un conflicto en el ámbito doméstico para ser una preocupación de la sociedad en su conjunto. Se trasladó de los hogares a las calles. Hoy, por desgracia, algunos pretenden devolvernos a aquel enero de 2003 en el que la violencia de género permanecía encerrada entre las paredes del hogar. 

EFE

Desde aquel enero del 2003 hasta hoy esa lista ha crecido hasta llegar a las mil mujeres asesinadas. Porque una ley por sí misma no tiene la capacidad de provocar el cambio social necesario para erradicar la violencia hacia las mujeres. Ojalá la solución al problema fuera tan fácil y simple como aprobar una ley. El único antídoto contra la violencia de género es extirpar la raíz que la origina: la desigualdad. Solo una sociedad igualitaria será libre de violencia hacia las mujeres.

Alcanzar las mil mujeres asesinadas es motivo más que suficiente para reflexionar en qué fallamos, para repensar el diagnóstico y las posibles soluciones, para unir y tejer alianzas, para redoblar, en definitiva, esfuerzos.

Sin embargo, lejos de ser así, asistimos atónitos y perplejos a un intento de retroceso en la lucha contra la violencia de género, una causa que debería ser común. La irrupción de la extrema derecha en las instituciones públicas y la dependencia del Partido Popular y Ciudadanos de sus votos para poder gobernar ha provocado una vergonzante escalada de medidas que pretenden relajar o suavizar lo que debería ser un combate sin cuartel contra la violencia hacia las mujeres.

Dejar de llamar a la violencia de género por su nombre abre la puerta a ese intento de negar que a las mujeres nos matan por ser mujeres.

En Andalucía, el Gobierno de PP y Ciudadanos ha cedido ante las presiones de Vox para que dejemos de hablar de violencia de género, sustituyéndolo por violencia intrafamiliar. No es un hecho anecdótico ni carente de importancia porque ese cambio en la denominación implica dejar de reconocer la raíz del problema, que es la desigualdad de género que provoca que haya hombres que se sientan en condiciones de superioridad con respecto a las mujeres, de tal modo que puedan someterlas, agredirlas e incluso matarlas. Es una violencia que hunde sus raíces en el intento de dominación de quien se siente superior. Es la expresión más radical del machismo.

Dejar de llamar a la violencia de género por su nombre no es un hecho menor, abre la puerta a ese intento de algunos de negar que a las mujeres nos matan por ser mujeres y aceptar esto es tanto como aceptar que vivimos en una sociedad a la que ya no le hace falta luchar por la igualdad. Aceptarlo, en definitiva, es negar la realidad. Negar que hay desigualdad en el mercado laboral, que las mujeres padecemos más desempleo y más precariedad, que la mayoría de contratos a tiempo parcial y temporales son ocupados por nosotras, que el nombre de los jefes se escribe en masculino o que las cargas familiares siguen recayendo sobre nuestros hombros. 

¿Qué pasa con los recursos que la Junta de Andalucía ha aportado durante todos estos años a la lucha contra la violencia de género? Simplemente se han esfumado.

Cambiar la denominación es ceder y renunciar al origen del problema. Y aún es más grave si tenemos en cuenta que en los Presupuestos que el Gobierno andaluz ha presentado para el ejercicio 2019 las partidas presupuestarias destinadas a la lucha contra la violencia de género solo están consignadas con las cuantías que nos llegarán vía Presupuestos Generales del Estado para la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

¿Qué pasa con los recursos propios que la Junta de Andalucía ha aportado durante todos estos años para tal fin? Simplemente se han esfumado. El Ejecutivo de Moreno Bonilla y Juan Marín ha decidido que en vez de sumar fondos a esta lucha de todos es mejor destinarlo a otras partidas. No se puede mercadear con la vida de las mujeres. 

El Gobierno andaluz no aportará ni un solo euro de fondos propios a esta causa, que es tanto como renunciar a impulsar políticas contra la violencia machista. O lo que es lo mismo, reconocer que la ultraderecha ha ganado la batalla y ha conseguido que desaparezca la perspectiva de género de las políticas del Gobierno andaluz. Todo ello mientras alcanzamos las mil mujeres asesinadas.

 

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