La ONU culpa a los poderes públicos por fallar a la población en España tras la crisis de 2008
El documento, elaborado tras una visita en enero, defiende que el Gobierno de coalición "brinda una ocasión de cambio".
Los poderes públicos han fallado a los ciudadanos tras la crisis de 2008. Esta es la principal conclusión a la que llega la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un informe hecho público hoy. En el documento, elaborado los meses previos al estado de alarma por el coronavirus, se recoge que la recuperación económica ha beneficiado principalmente al estrato más rico de la sociedad, aumentando las desigualdades.
Como consecuencia de ello, en España en 2020 “sigue habiendo situaciones de gran pobreza muy extendidas, una alta tasa de desempleo, una situación de desempleo juvenil crónico, una crisis de vivienda de enormes proporciones y programas de protección social muy insuficientes”.
El informe, encabezado por Philip Alston, relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos de 2014 a 2020, llega tras una visita suya por varias regiones de España en enero. En concreto, el alto cargo se movió por Madrid, Galicia, País Vasco, Extremadura, Andalucía y Cataluña,
Alston y su equipo también critican el sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico del país, las políticas tributarias y de gasto que favorecen mucho más a las clases acomodadas que a las pobres, y una mentalidad burocrática que permite a las autoridades eludir su responsabilidad y valora más el formalismo que el bienestar de las personas.
Para Alston, resulta “más que evidente” que el sistema de prestación de asistencia social en España “está roto, no se financia adecuadamente, es imposible no perderse en él y no llega a las personas que más lo necesitan”.
“Un anuncio digno de elogio”
El documento destaca que la formación de un nuevo Gobierno a comienzos de 2020 “brinda una ocasión de cambio. Su anuncio de que dará prioridad a los derechos sociales, la justicia fiscal y las condiciones materiales de las personas más vulnerables es digno de elogio”, añade el relator.
“Pero sus palabras deberán traducirse en hechos. España necesita innovación en el Gobierno central, que debe contar con recursos para alentar a las comunidades autónomas a participar en una reformas estructurales de gran alcance”, precisa.
El documento detalla, en más de veinte páginas, las conclusiones de la visita del relator quien se reunió con autoridades de las administraciones municipales, autonómicas y estatal, representantes de la sociedad civil, miembros del mundo académico y activistas, y personas afectadas por la pobreza urbana y rural.
Alston visitó numerosos centros sociales y escuelas, oficinas de organizaciones no gubernamentales, un centro para personas con discapacidad, una oficina de servicios sociales, un asentamiento informal donde vivían trabajadoras y trabajadores migrantes, un bloque de viviendas privatizado, un centro de trabajadoras y trabajadores domésticos y varias comunidades romaníes.
Según el relator, un gran número de las autoridades políticas y cargos públicos coincidieron en que existían profundos problemas estructurales en España.
Muchos de ellos reconocieron que la pobreza y la precariedad habían pasado a ser una parte inseparable del sistema, pero mientras que el nuevo Gobierno señaló su firme voluntad de realizar amplias reformas, demasiados cargos públicos parecían contentarse con echar la culpa a “otras” partes del sistema, critica el documento.
Política tributaria, social, sanidad, educación, lucha contra el cambio climático, transparencia y rendición de cuentas de la Administración son algunas de los aspectos que analiza el informe sobre España.
Y entre las recomendaciones que Alston sugiere para solventar esos desequilibrios destaca la creación de una renta mínima básica (medida aprobada por el Parlamento este pasado junio), tomar el serio el derecho a la vivienda, emprender una exhaustiva revisión del sistema educativo para reducir los alarmantes niveles de abandono escolar temprano o aumentar la progresividad del sistema tributario e incrementar los ingresos totales para que se ajusten más a la norma de la Unión Europea.
