POLÍTICA
10/09/2020 21:12 CEST

Con las manos en la masa

La operación Kitchen cerca judicialmente al viejo PP y amenaza políticamente al actual

GTRES
Cospedal, Rajoy y Fernández Díaz en un acto en Barcelona

La cocina del PP huele fatal. Los trapos sucios no se han aireado. La operación Kitchen cerca cada día más judicialmente al antiguo PP, con muchos apuntando a Mariano Rajoy, y amenaza políticamente a la actual dirección. Pablo Casado era, según él, un simple diputado de Ávila, pero este escándalo le va a perseguir y dar muchos quebraderos de cabeza. Sus rivales afinan las puntas.

Casado está intentando desligarse a toda costa de este grave caso, en manos ahora de la Audiencia Nacional. El juez Manuel García Castellón está investigando esa estructura “parapolicial” que se creó en el Ministerio del Interior, entre los años 2013 y 2015, para robar documentos a la familia Bárcenas y obstruir la actuación de la Justicia.

La Fiscalía Anticorrupción ya pide la imputación de María Dolores de Cospedal y de Jorge Fernández Díaz por dar supuestamente órdenes para captar al chófer de los Bárcenas y sustraer los documentos que pudieran incriminar a altos dirigentes del Partido Popular. El hombre clave ahora es Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad y el político más importante imputado hasta ahora en esta pieza del caso Villarejo. Pero los sms de Martínez van mucho más allá y apuntan a que el expresidente Mariano Rajoy también estaba detrás de este oscuro episodio.

Y el PSOE y Unidas Podemos son conscientes de la gravedad y además quieren explotarlo políticamente. Los dos socios han registrado ya formalmente este jueves en el Congreso la comisión de investigación sobre la operación Kitchen, con la intención de que dure tres meses y que acabe en un dictado de conclusiones que se eleve hasta el mismísimo Pleno de la Cámara Baja.

La coalición va a una en este tema. Y promete ser del máximo voltaje político. La idea que ha puesto encima de la mesa Podemos es que tengan que declarar ante el Congreso los mismísimos Rajoy y Cospedal. Pero no se quedan en el pasado: también quieren los morados que se siente a comparecer el actual líder, Pablo Casado. 

¿Por qué? Son varios de los motivos, pero, entre otros, en Unidas Podemos ven que la conexión entre Cospedal y Casado fue muy directa al ganar las primarias el segundo gracias a los delegados manejados por la exministra de Defensa en el congreso extraordinario. Además, muchos recuerdan que el actual líder del PP fue vicesecretario de Comunicación del PP de Rajoy en una época en la que todavía supuestamente estaba activa esta operación.

El cortafuegos de Génova: “En nada afecta a la dirección actual”

Esto hará más difícil a Casado desprenderse del pasado del Partido Popular, a pesar de que ya en Génova 13 han puesto un cortafuegos y reniegan de la Administración del anterior líder, al que tampoco tienen mucha estima por sus preferencias en las primarias por Soraya Sáenz de Santamaría. El actual líder siempre ha justificado el batacazo electoral en los anteriores casos de corrupción y ha intentado mostrar desde que ganó una sensación de transparencia, higiene y firmeza ante estos episodios.

“Ninguno de ellos está en la política activa”, ha dicho estos días Casado para alejar ese fantasma que anida desde hace años en la sede de los populares. Fuentes del PP consultadas por El Huffpost comentan que el actual líder ha dejado claro que esta cuestión “está en una fase preliminar, que hay precedentes de casos que quedan en nada y que en nada afecta  a la dirección nacional actual que emana del congreso de 2018”.

“Quienes ahora pretenden llevar a cabo esta comisión en el Congreso son los mismos que han votado en contra de crear una comisión sobre la presunta financiación irregular de Podemos, partido en el gobierno que está imputado”, se quejan desde la actual dirección popular. Una petición de comisión a la que se suma otra paralela del caso registrada por ERC, Junts per Catalunya, EH Bildu, la CUP, el BNG, Más País y Compromís.

Estos sinsabores judiciales están tapando uno de los logros de Casado: tumbar este jueves en el Congreso de los Diputados el decreto sobre remanentes de los ayuntamientos gracias a la rebelión de los alcaldes populares. Es la primera gran derrota del Ejecutivo de coalición, el primer decreto que no logra sacar adelante Sánchez en la Cámara Baja. Un mal augurio para los socialistas de cara a la negociación de los presupuestos que arranca ahora.

Todo esto sazonado con el movimiento sísmico que ha supuesto la revelación de que un  informe policial de Asuntos Internos, datado en 2018, apuntaba que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, al que los imputados se referían como “el Asturiano”, conocía la operación Kitchen.

En el documento, bajo el título Avances sobre nueva operación o proyecto y remitido por la Policía a la Audiencia Nacional, se refleja que en las conversaciones intervenidas “se colige” que la operación Kitchen “habría tenido resultado positivo y estaría coordinada por el entonces secretario de Estado de Seguridad -Francisco Martínez- (con conocimiento del “Asturiano” -Mariano Rajoy- y del “Largo” -un abogado cercano al PP-)”.

Los informes policiales van más allá y señalan que en la operación se llevó a cabo un despliegue de 70 agentes, bajo el mando del comisario Enrique García Castaño. En el sumario constan 25 pagos al chófer de los Bárcenas entre julio de 2013 y septiembre de 2015 con periodicidad mensual (salvo dos meses), con un importe total de 53.266,22 euros, de los que 50.000 se pagaron como sueldo, 2.574,53 como gastos de comida, 496,65 como transporte y 195,04 euros como gastos sin especificar.

La cocina… huele muy mal.

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