Palestina, 10 años clamando por el reconocimiento de su Estado en la ONU

Palestina, 10 años clamando por el reconocimiento de su Estado en la ONU

Se cumple una década del momento en que el presidente Abbas reclamó la soberanía desde el estrado de la ONU. De entonces a hoy los avances no son los esperados.

El presidente palestino Mahmoud Abbas, con la copia de la carta dirigida a la ONU pidiendo el reconocimiento de su estado, en 2011. TIMOTHY A. CLARY via Getty Images

“Esta es la hora de la verdad, ha llegado el momento de la independencia para el pueblo palestino”. Hoy hace diez años que el presidente palestino, Mahmud Abbas, pronunció esta frase histórica desde la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sabía que el gesto, por sí, no iba a cambiar nada: no se iba a movilizar una maquinaria diplomática que cambiase el statu quo de la ocupación de Israel, no iba a haber una resolución del Consejo de Seguridad, no iba a producirse un dominó de reconocimientos. Pero desde el punto de vista simbólico y emotivo, su éxito fue clamoroso. Un estallido de esperanza en un pueblo sumido en un conflicto viejo de más de siete décadas.

Abbas regresó a su Muqata de Ramalla, la capital administrativa de Palestina, rodeado de una masa entusiasmada, exultante. Pocas veces se han visto sonrisas así en esa tierra castigada. Pocas veces el sucesor del rais Yasser Arafat, el líder de escaso carisma, había sido tan aclamado por su gente. Banderas, cánticos, ilusión. Una ola que se murió en la playa, con los días. No es que no se haya avanzado, porque hoy son 139 naciones de 193 que componen las Naciones Unidas las que reconocen la soberanía palestina, pero entre las que faltan se cuentan las principales potencias europeas -España también lo tiene como deuda pendiente-, EEUU, Canadá o Australia.

Palestina proclamó su independencia, realmente, en 1988, en el exilio de Argel, donde estaba sus dirigentes, con el histórico Arafat al frente. Un poeta, Mahmud Darwish, redactó su declaración. Desde entonces, ardua ha sido su batalla por el reconocimiento internacional de su estado, ya dibujado por Naciones Unidas en 1947 y destrozado por las guerras sucesivas.

Desde noviembre de 2012, Palestina está considerado como estado observador en la ONU -el mismo estatus del Vaticano-, y ese aval animó a muchos países a considerarlo un igual. Fue todo un logro, apenas un año después de que Abbas levantara sus documentos en Nueva York, arrostrando al mundo. Entonces, otra vez vino el estallido, redoblado porque, además, se venía de una nueva operación de Israel contra Gaza, Pilar Defensivo, de la que aún quemaban los rescoldos.

Palestina, además de tener bandera en la sede de las Naciones Unidas, se ha ido incorporando a diversas agencias internacionales de este organismo, ya sea como miembro de pleno derecho -en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por ejemplo- o como observador -en las Organizaciones Mundiales de la Salud y el Turismo-. Un hito ha sido su incorporación, con derecho pleno, en la Interpol y en la Corte Penal Internacional. Este último paso ha permitido que se tramite una denuncia contra Israel por presuntos crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos, investigación en la que se verán también las actuaciones de milicias palestinas como Hamás.

A partir de entonces, se ha producido un goteo de reconocimientos pero, también, una montaña rusa de opiniones en cuanto al derecho o no derecho que tienen los palestinos a un estado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes ante la Asamblea General de la ONU que un Estado palestino soberano y democrático es la “mejor manera” de asegurar el futuro de Israel. “El compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel es incuestionable -señaló-. Pero sigo creyendo que una solución de dos Estados es la mejor manera de asegurar el futuro de Israel como un Estado judío democrático, viviendo en paz junto a un Estado palestino viable, soberano y democrático”. “Estamos muy lejos de ese objetivo en este momento, pero nunca debemos permitirnos renunciar a la posibilidad de progreso”, afirmó.

EEUU ha sido, por llevar el carro de las negociaciones de paz, quien más ha influido en este no reconocimiento, con discursos cruzados. Desde el de Barack Obama, que apostó por primera vez por este derecho, al de Donald Trump, negándolo de plano.

Lo que está claro es que hoy Israel es hoy un estado moderno y próspero, “la única democracia de Medio Oriente”, como suele autodenominarse, aliado comercial de EEUU o la UE, mientras Palestina es un país observador, sin soberanía territorial, sin fronteras definidas, un país en ciernes ocupado por cerca de 600.000 colonos que residen ilegalmente en Cisjordania y el este de Jerusalén, sin capacidad de decidir sobre sus recursos naturales o sus santos lugares, con más de cinco millones de sus nacionales aún en la diáspora, como refugiados.

La actitud de España

Desde 2014, el reconocimiento del estado palestino es un mandato parlamentario, aunque nadie lo ha aplicado aún. El Congreso, por 319 votos a favor, dos en contra (Agustín Conde y Celinda Sánchez, del PP) y una abstención (el también popular Ricardo Tarno), instó al Gobierno, entonces de Mariano Rajoy, a apostar por este reconocimiento.

La iniciativa partió del PSOE y pedía explícitamente, además, “promover de manera coordinada en el seno de la Unión Europea dicho reconocimiento del Estado palestino como Estado soberano, en el marco de una solución definitiva y global al proceso de paz en Oriente Próximo basada en la creación de dos Estados, el israelí y el palestino, coexistiendo en paz, seguridad y prosperidad”.

Fue en noviembre y el español se convirtió en el tercer Parlamento comunitario en dar el paso, siguiendo una estela de buenas relaciones con Palestina que vienen de lejos, como cuando fue el primer país occidental en otorga el estatus diplomático a un representante de la OLP o por el mero hecho de ser una de la decena de naciones que aún tiene un consulado en el este de Jerusalén, como lo tenía antes de la guerra de 1948.

La iniciativa no tuvo valor vinculante, es decir, el Gobierno no tiene por qué sentirse aludido por lo que le ruega el Congreso, pero el simbolismo de aquel apoyo, casi unánime, dejó claro el sentir de los representantes de los ciudadanos, que hoy sigue sin ser escuchado.