¿Qué 155 medidas han pactado PP y Ciudadanos en Madrid?
El acuerdo de Díaz Ayuso y Aguado, sin el visto bueno de Vox y con guiños a la ultraderecha.
155... y no es el artículo de la Constitución. Es el número de medidas que contiene el documento firmado este lunes por Isabel Díaz Ayuso (PP) e Ignacio Aguado (Cs) con el que pretenden gobernar Madrid.
Las dos formaciones de derechas han rubricado este lunes este texto, con algunos guiños a la ultraderecha y a la espera de que Vox dé su visto bueno para investir a Díaz Ayuso y formar un Gobierno de coalición entre populares y ‘naranjas’.
Por ahora, los de Santiago Abascal siguen sin dar su visto bueno y el líder de la ultraderecha ha pedido una reunión con Albert Rivera y Pablo Casado para desencallar la situación en Madrid y Murcia.
El documento especifica que Ayuso será la presidenta, mientras que Aguado ejercerá de vicepresidente. Con un Consejo de Gobierno formado por 13 consejerías que estarán repartidas casi a la par entre las formaciones (siete para el PP y seis para Cs).
Las consejerías del PP serán Presidencia, Interior, Emergencias y Desarrollo Local; Hacienda y Función Pública; Sanidad; Educación y Juventud; Justicia; Ordenación del Territorio y Vivienda; Medio Ambiente, Agricultura y Sostenibilidad.
Las consejerías de Ciudadanos serán, aparte de la Portavocía, Deporte y Transparencia; Economía, Ciencia Competitividad y Empleo; Universidades e Innovación; Asuntos Sociales y Familia, Transportes e Infraestructura; y Cultura y Turismo. En todas las consejerías, tanto del PP como Cs, se mantendrá la Administración Institucional que contienen dichas competencias.
155 medidas
Las medidas se resumen en la libertad educativa, las rebajas de impuestos, la revisión “exhaustiva” de todas las subvenciones que hay en la Comunidad de Madrid, la reducción a la mitad de las listas de espera en sanidad, reforzar la atención primaria o promover la innovación y hacer frente al reto digital.
Asimismo, obligarán a las universidades públicas de la Comunidad a hacer públicos y accesibles todos los trabajos finales de los grados, másteres y doctorados, al tiempo que prohibirá el uso del teléfono móvil en los centros sostenidos con fondos públicos, en el caso de que puedan llegar a gobernar.
En concreto, sobre universidades -materia que marcó la legislatura pasada por el caso de Cristina Cifuentes-, exigirán transparencia y rendición de cuentas y propondrán la creación de Consejos de Transparencia e Integridad en todas las públicas madrileñas para “perseguir los posibles casos de corrupción”.
Además, impulsarán la elaboración o, en su caso, actualización de un Código Ético y pedirán a las universidades la adopción de un Protocolo Antiplagio que incluya medidas preventivas de detección y sanción de estas conductas.
Aquí tienes el documento íntegro:
Programa de Gobierno PP-CS by El HuffPost on Scribd
Los guiños a Vox
El pacto programático contiene algunos puntos en sintonía con los que Vox lanzó el pasado 26 de junio para llegar a una acuerdo de investidura, entre ellos algunos sobre el control parental de la educación de los hijos, el fomento de la familia y la natalidad, la puesta en marcha de auditorías, el control del turismo sanitario o de la inmigración ilegal.
En materia económica, el acuerdo entre PP y Cs se centra en la bajada de impuestos, algo que reclamaba Vox, que también pedía suprimir las subvenciones destinadas a “financiar chiringuitos, entes públicos o empresas públicas que tengan carácter ideológico o no respondan a criterios razonables del uso de dinero público, o que supongan una duplicidad de competencias”.
En el pacto firmado hoy por Ignacio Aguado e Isabel Díaz Ayuso aparece la revisión de la actual estructura del sector público, “eliminando aquellos organismos que no respondan a criterios de interés general, eficacia y eficiencia y/o supongan una duplicidad de competencias”.
Dicho acuerdo contempla la optimización de los recursos disponibles en el sistema sanitario “previa realización de un auditoría que permita detectar carencias e ineficiencias subsanables”. En el documento enviado por Vox pedían expresamente “realizar una auditoría exhaustiva de las subvenciones que se han otorgado durante los últimos años, sus cantidades y destinatarios”.
En Sanidad, el acuerdo entre PP y Cs contempla que colaborarán con el Gobierno de España para evitar el turismo sanitario, “dando cumplimiento a los reglamentos europeos y potenciando los mecanismos de facturación y cobro entre países por los ciudadanos comunitarios y no comunitarios atendidos”.
El compromiso que exigía Vox en sus ‘Tres condiciones, tres principios’ pasaba también por “requerir al país de origen el pago de la factura sanitaria” de los visitantes tanto comunitarios como no comunitarios, evitando el turismo sanitario, pero también “de todos los inmigrantes ilegales”, algo que aparece en el acuerdo de hoy.
Libertad educativa “según sus convicciones morales”
En Educación, los grupos liderados por Díaz Ayuso e Ignacio Aguado prometen el derecho de las familias madrileñas a elegir la educación de sus hijos tanto en centros públicos, como privados y concertados. Y además, según el punto 17, garantizarán la libertad de los padres a educar a sus hijos “según sus convicciones morales, como defiende al artículo 27.3 de la Constitución española”.
Vox también solicitaba expresamente garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo educativo que deseaban para sus hijos, añadiendo derogar aquellos artículos que atenten contra la libertad de sus padres a educar a sus hijos “según sus convicciones morales”.
El partido de extrema derecha también reclamaba un ‘pin parental’ para que los progenitores pudieran excluir a sus hijos de aquella actividad que sea contraria a sus convicciones, algo que no aparece en el acuerdo PP-Cs.
Vox solicitaba a continuación que se aprobaran protocolos en los centros educativos que aseguraran la protección “frente a situaciones de discriminación, acoso o violencia, dando atención a todas las personas en situación de riesgo, sin menoscabo a los derechos fundamentales como la libertad de conciencia, o presunción de inocencia, de acuerdo al Código Penal”.
En línea parecida se sitúa el punto 19 del acuerdo entre PP y Cs, que habla de “reforzar los protocolos en los centros educativos para asegurar la protección efectiva frente a situaciones de discriminación, acosos o violencia, en coherencia con la legislación vigente”.
Inmigración y ayuda exterior
En Inmigración, dicho pacto recoge que en el marco competencial autonómico colaborarán con la Administración General del Estado para “favorecer una inmigración ordenada y legal y se garantizará que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tengan acceso a la información de la que disponga la Administración relativa a los extranjeros en situación irregular”. Igualmente, apoyarán la lucha contra las mafias del tráfico de personas y las organizaciones que favorezcan la llegada de extranjeros en situación ilegal.
Rocío Monasterio ya exigía hace dos semanas que la Comunidad “colaborara desde todos sus organismos, incluidos los pertenecientes al ámbito de la Sanidad, con las FCSE en la identificación de todos los inmigrantes que se encuentren en la región de forma ilegal”, entre los que incluía expresamente a los menores no acompañados para su “identificación y repatriación”.
Además, Vox pedía eliminar a ayuda al Exterior, porque entienden que deber ser competencia del Estado. PP y Cs no van tan allá, pero aseguran en su punto 50 del pacto que “en materia de ayuda exterior se procederá a una evaluación de las actuaciones y, en todo caso, en plena coordinación con el Estado”.
Consejería de Familia
En otro claro guiño a Vox, el punto 53 del acuerdo de Cs y PP refleja la creación de una Consejería de Familia. El partido de Abascal también quería una Consejería de Familia y Natalidad “para revertir el invierno demográfico e incentivar y apoyar la maternidad”.
En ese sentido, el pacto de hoy recoge el desarrollo de una Estrategia Madrileña de Apoyo a las Familias para “promover la natalidad y garantizar la igualdad de derechos de todas las familias y un plan de apoyo a la maternidad con ayudas durante el embarazo y el postparto”, entre otras ventajas.
Asimismo, el acuerdo entre PP y Cs contempla dar seguridad a los propietarios de viviendas de alquiler y combatir el fenómeno de la okupación ilegal exigiendo al Estado reformas legislativas para agilizar los desalojos de viviendas okupadas, algo en la línea con lo que ha requerido Vox.
Otros puntos en común de los tres partidos son la defensa de la unidad de España y la Constitución frente al separatismo, aunque PP y Cs también remarcan la defensa del Estado de las Autonomías. Igualmente, otro de los puntos defiende la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo.
Puntos de fricción con Vox
En cambio, hay otros puntos del acuerdo programático que chocan con algunos planteamientos de Vox. Por ejemplo, hablan de un plan para erradicar la violencia machista en la Comunidad y no la “violencia intrafamiliar”, que es lo que prefiere el partido de Santiago Abascal. Este Plan incluirán garantizar a las víctimas de violencia machista en situación de riesgo un alojamiento alternativa, entre otras medidas.
El pacto de PP y Cs también promueve la creación de un centro de crisis para atención a víctimas de violencia sexual 24 horas y la defensa de los derechos del colectivo LGTBI promoviendo “la plena igualdad social de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexual y de lucha contra la discriminación y la violencia que todavía sufren”.
En su documento de junio, Vox solicitaba derogar aquellos artículos de la legislación regional sobre LGTBIfobia y Transexualidad que atenten contra la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales.
Preguntada por ello en la rueda de prensa este mediodía, la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad ha asegurado que Madrid siempre ha sido una región “abierta al colectivo LGTBI”. “En 2007 fuimos pioneros en crear una Unidad de Atención y desde entonces llevamos adelante dos leyes aprobadas por unanimidad”, ha dicho.
No obstante, Ayuso ha señalado que hay cuestiones en dichas leyes como las charlas en los colegios o la inversión de la carga de la prueba, “que son cuestiones que a la gente no le convencen”, por lo que “será la voluntad del Parlamento el que decida” si se revisan esas leyes y los aspectos que se cambian”
