El espionaje despliega sus 'alas' sobre el Gobierno: el día que 'Pegasus' se coló en La Moncloa

El espionaje despliega sus 'alas' sobre el Gobierno: el día que 'Pegasus' se coló en La Moncloa

El espionaje a los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles ha dado la vuelta a la política nacional, entre exigencias de dimisiones y muchas críticas del independentismo.

Sánchez, en una imagen de archivoMondadori Portfolio via Getty Images

No eran ni las 9:00 de la mañana y la tormenta le acababa de dar la vuelta al día. No la que ha caído sobre Madrid y otras regiones, sino la que Félix Bolaños e Isabel Rodríguez anunciaban, de urgencia, en La Moncloa: los móviles del presidente y de la ministra de Defensa también fueron hackeados por ‘Pegasus’.

Las consecuencias conocidas han sido las previsibles: una cascada de preguntas, reacciones y dudas que deja la supuesta trama de espionaje que ya se conocía sobre decenas de líderes independentistas y sus entornos. Las consecuencias que puedan surgir a partir de ahora son una incógnita, incluidas unas dimisiones que la oposición y hasta los socios de coalición exigen.

Esta vez, los focos del 2 de mayo no han apuntado (apenas) a Díaz Ayuso.

Lo que se sabe (y lo que no)

La Audiencia Nacional investiga una denuncia del Gobierno por el espionaje a Sánchez y a Robles, en mayo y junio de 2021, respectivamente. Hechos “contrastados”, de origen “externo, sin autorización judicial” y “de enorme gravedad”, como los definía Bolaños, que no ha querido marcar las vías de investigación. Eso sí, descarta de raíz que tengan origen en instituciones nacionales, como atestigua el aviso lanzado por el Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del CNI y encargado de la gestión de ciberincidentes en instituciones públicas.

Poco más se sabe. Mientras avanza la investigación judicial, es imposible saber de dónde provienen estos ataques, tampoco la motivación de unos hechos ocurridos en medio de diversos frentes polémicos. Hace casi un año España se debatía entre una fuerte crisis diplomática con Marruecos, las discusiones sobre el indulto a los condenados por el procés y los primeros pasos del recién nombrado presidente de la Generalitat, Pere Aragonès... otro de los investigados en la ‘vía catalana’ de Pegasus.

Lo que sí se conoce es la cantidad de material ‘robado’ a Pedro Sánchez en el primer ataque conocido contra un jefe de Gobierno: 2,6 gigas en un primer ataque y 130 megas en el segundo. Aparte, a Robles le han hackeado 9 megas. Siempre con los teléfonos institucionales como objetivos, no los terminales privados que ambos puedan poseer. Lo que contengan esos archivos es otro de los interrogantes que dejan en riesgo al Gobierno y al país, un miedo que comparten representantes de todas las formaciones.

Sorprende cómo se haya confirmado el ataque casi un año después de haber ocurrido, como ha reconocido Bolaños, que ha fechado en “este domingo” el final de la investigación, aunque ha dejado entrever que había indicios desde días atrás. En ese contexto podría encajar la intervención de Robles en el Congreso. Allí, ante las duras críticas del independentismo (no solo catalán), respondió que “igual muchos que dan lecciones tendrán que callarse cuando salga todo”, a la par que mostraba su deseo de una comisión parlamentaria a fondo cuanto antes.

¿Cómo ha reaccionado la política española?

Hay cierta unanimidad. Aparte de ese temor a la vulnerabilidad “de todos”, en las últimas horas se han sucedido los mensajes de apoyo a los espiados, como “víctimas”... y las dudas al respecto de este caso, especialmente por haberse conocido un año después de que los ataques tuvieran lugar.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, expresaba su “apoyo inequívoco” para “preservar la seguridad del Estado” al mismo tiempo que dejaba caer que probablemente sea “casualidad” aunque una “casualidad política no menor” que esto coincida en “pleno debate con el independentismo” y con la “estabilidad del Gobierno”.

El respaldo revestido de críticas también ha llegado desde la otra ‘pata’ de Pegasus, el independentismo catalán, blanco de una investigación masiva que lleva semanas marcando la agenda. La presidenta del Parlament, Laura Borras, ha cuestionado que sea una “maniobra” del Gobierno para pasar de “verdugos a víctimas”.

“Sánchez y Robles dicen ser espiados. Ahora sí que es un tema muy grave. Cuando solo afectaba al independentismo, la ministra lo justificaba. ¿Es la evidencia de que no hay que limpiar las cloacas por si las puedes usar? ¿O una maniobra para pasar de verdugos a víctimas? ¿Bye CatalanGate? No cuela”, ha afirmado Borràs.

De “cortina de humo” ha calificado los hechos el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, en unos términos similares a la CUP, que en boca de su diputado Alberto Botrán se cuestionaba eso mismo, si todo esto no es sino una “cortina de humo para convertir verdugos en víctimas” y “un modo de desviar la atención hacia el extranjero”.

Hasta Puigdemont se ha mojado en el asunto. Desde Bélgica, ha mostrado su solidaridad con Sánchez y Robles, como “víctimas” de “un crimen gravísimo que amenaza a la democracia”. Pero, aquí también hay pero, su cariño iba acompañado de reproche severo: “Mi solidaridad con ellos, como víctimas, y mi máxima exigencia hacia ellos, como responsables de no hacer nada hasta el estallido del caso catalán”.

Exigencia de dimisiones

Sin embargo, las reacciones más sonadas han llegado desde el socio de Gobierno, Unidas Podemos. Su secretaria general y ministra, Ione Belarra, ha exigido “la asunción inmediata de responsabilidades políticas” tras “un fallo de seguridad completamente inadmisible”.

En términos algo más moderados, tanto Yolanda Díaz como Irene Montero han pedido que la investigación “vaya hasta el final”; como ha revelado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, mientras que la titular de Igualdad considera que “una democracia no puede tolerar el espionaje a representantes públicos, menos aún al Gobierno y a su Presidente”.

No es la única figura morada que ha pedido la dimisión (directa o indirectamente) de miembros del Ejecutivo. Más explícito ha sido Pablo Iglesias. Aunque ya fuera del ‘aparato’ del partido y del Consejo de Ministros, el ex vicepresidente segundo ha exigido la dimisión tanto de Grande-Marlaska (Interior) como de la afectada Robles, incapaces de asegurar lo que considera es la primera responsabilidad de ambos: “Proteger al presidente del Gobierno”.

Todos los ojos están en el Centro Nacional de Inteligencia y su responsable máxima, Paz Esteban. Horas después de que Bolaños diera cuenta de los hechos, se ha sabido que el CNI ha cancelado el acto central de su 20 aniversario, previsto para este viernes.

Desde la institución alegan que el evento se suspendió el jueves, días antes de conocerse el espionaje al Gobierno, una cita que hubiera estado presidida por el rey Felipe VI y para el que, como apunta El Mundo, ya se habían enviado las invitaciones desde hacía semanas, también a países extranjeros.