Podemos presenta su hoja de ruta para los presupuestos: de la ley de vivienda a impuestos a eléctricas y grandes fortunas

"Lo que necesita la gente de nuestro país no es comprar bombas y aviones de combate", asegura Ione Belarra.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha comparecido este lunes para detallar la hoja de ruta de la formación morada de cara a la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). La también ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha detallado las líneas maestras para lo que queda de legislatura, un marcado acento social para unas cuentas destinadas a “resintonizar el gobierno de coalición”, dar “certezas y esperanzas” y “caminar hacia una victoria electoral progresista en 2023”.

Belarra ha puesto el foco en una serie de medidas entre las que destacan el establecimiento de un impuesto a las eléctricas a raíz de los beneficios extraordinarios ya anunciado, pero que entre en vigor de forma inmediata -el que se está preparando está previsto que arranque desde 2023-, así como otras medidas también de carácter fiscal como un tributo para grandes fortunas. Precisamente, ha defendido establecer un tope al precio de los hidrocarburos que sea sufragado con el impuesto a las grandes energéticas y seguir bajando el precio del abono de transporte hasta llegar a los 10 euros.

Belarra ha reclamado una “reforma fiscal ambiciosa”, que afecte a las grandes empresas y grandes fortunas. “Tenemos que equilibrar la balanza fiscal haciendo que lo que más tienen paguen lo que les corresponde”, ha explicado. “Las grandes empresas tiene que pagar, una cosa evidente, al menos el mismo porcentaje de impuestos que las pequeñas”, ha indicado pidiendo que el impuesto mínimo del 15% sea para el total de los beneficios.

No solo eso, también ha propuesto un impuesto a las grandes fortunas a escala estatal y ha criticado que políticas como las de la Comunidad de Madrid generan “paraísos fiscales interiores”, apuntando a una “competencia desleal” con el resto de territorios.

“Lo que necesita la gente de nuestro país no es comprar bombas y aviones de combate”

- Ione Belarra, secretaria general de Podemos

Otra de las claves de la intervención de Belarra ha sido reafirmar la postura de rechazo a un aumento del gasto militar, uno de los compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno, que quiere elevar la inversión en Defensa al 2% del PIB con el horizonte fijado en 2030. “Lo que necesita la gente de nuestro país no es comprar bombas y aviones de combate”, ha subrayado la secretaria general de Podemos, criticando que haya que “gastarse el dinero en armas por exigencia de una potencia extranjera”.

Acelerar ley de vivienda y derogar ley mordaza

La ministra también ha destacado la necesidad de materializar la ley de vivienda. “El PSOE sabe muy bien qué hace falta para cerrar un acuerdo en la ley de vivienda: una regulación de precios en las zonas de mercado tensionado para todos los propietarios, también que la Sareb ponga a disposición del parque público de vivienda en alquiler sus viviendas y que en España no pueda haber desahucios sin alternativa habitacional”, ha defendido.

“Es la hora de lo urgente y lo importante”, ha subrayado Belarra, refiriéndose a que los próximos presupuestos tienen que ser la “prueba del algodón” que reafirme el carácter progresista del gobierno de coalición. Se ha referido así a la necesidad también de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza).

Una ley de familias

“Proponemos aprobar con carácter inmediato una ley de familias que amplíe los permisos de paternidad y maternidad a seis meses, que incluya esa renta crianza de 100 euros al mes para cada niño de cada familia”, ha detallado la titular de Derechos Sociales.

Belarra también ha pedido ampliar el aumento de la inversión en la lucha contra la violencia machista con una partida de 70 millones de euros.

Sanidad y educación pública

Por otro lado, la responsable de la formación morada ha reclamado un fondo extraordinario de 10.000 millones de euros para la sanidad y educación públicas. En este sentido, se ha referido a que las comunidades autónomas podrían acogerse voluntariamente a esta financiación, aportando uno de cada dos euros. También pide un porcentaje para crear nuevas plazas de educación infantil de 0-3 años.