POLÍTICA
12/07/2019 18:54 CEST

Quinta condena: 10 meses de cárcel para Matas por prevaricar en el concurso de un hospital

El expresident balear del PP influyó de manera "directa" en que el contrato, de 778,4 millones de euros, fuese a la compañía OHL

Getty Editorial
Jaume Matas, en el banquillo de los acusados por el caso Son Espases, el pasado junio.  

El expresidente del Govern balear, el popular Jaume Matas, ha sido condenado a diez meses de cárcel por prevaricación continuada, tráfico de influencias e inducción al fraude por sus maniobras para manipular el concurso de adjudicación del hospital de Son Espases.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), la sección primera de la Audiencia de Palma ha condenado también al exministro, que cumple condena por el caso Nóos, a 10 años y 2 meses de inhabilitación.

Se trata de la quinta sentencia en contra del que fuera uno de los barones regionales más destacados del PP. Matas ya ha cumplido prisión por dos condenas anteriores: la de nueve meses por intervenir en la contratación pública irregular del articulista Antonio Alemany para la redacción de sus discursos y una primera, de 9.000 euros de multa, por un cohecho de 42.111 euros que recibió como regalo a través de la contratación ficticia de su mujer por parte de un conocido hotelero mallorquín.

La tercera sentencia fue la de Nóos, la trama ideada por Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres, de tres años y ocho meses de prisión, además de 7 años de inhabilitación especial y multa. El pasado 14 de junio le llegó la cuarta, dos años y medio de prisión sustituibles por una multa de 18.000 euros por el caso el caso Over, que investiga el presunto uso de fondos públicos para beneficiar a la empresa Over Marketing, empresa que se encargó de la campaña electoral del PP de Baleares en el año 2003.

Influencia directa en la contratación

El fallo conocido hoy no sólo alcanza al expresident, sino que impone a la exconsellera de Salud Aina Castillo una pena de ocho meses de prisión sustituible por una multa de 4.800 euros, además de inhabilitarla para empleo o cargo público por 10 años, como autora de prevaricación e inductora de un delito de fraude a la administración.

El ex director general del Servicio de Salud Sergio Bertrán ha sido condenado por prevaricación y fraude a un año de cárcel sustituible por 5.760 euros de multa y 13 años de inhabilitación. Al empresario Jesús Peinado se le ha impuesto la misma pena de multa alternativa a la prisión y 10 años de inhabilitación. 

El tribunal considera que Matas influyó de forma directa sobre la mesa de contratación para que se cumpliera su propósito de adjudicar el concurso para la construcción del hospital de referencia de Baleares a la compañía OHL.

Castillo y Bertrán son condenados por avenirse y contribuir a los planes del entonces presidente del Govern balear, que finalmente se frustraron porque se hizo público que se iba a encargar la construcción del centro sanitario a la oferta más cara. El hospital, la mayor obra pública de Baleares, fue licitado en 2006 por 778,4 millones de euros.

Variaciones en la condena

Aunque Matas se había conformado en el juicio con cuatro meses de reclusión al admitir delitos de prevaricación continuada y fraude, rechazó haber cometido tráfico de influencias, pero la Fiscalía, la Abogacía de la Comunidad y MÉS, partido personado como acusación popular, solicitaron que fuera condenado por ese delito a un año de prisión.

Las magistradas que forman el tribunal sí han considerado que Matas actuó “sobre el colectivo en su conjunto”, en referencia a la mesa de contratación.

Los otros tres acusados han sido condenados a las penas que sus defensas pactaron con las acusaciones en un acuerdo de conformidad completo que supuso la confesión de sus delitos al inicio de la vista oral.

Las acusaciones habían pedido también que Matas fuera condenado a hacer frente en concepto de responsabilidad civil a una cuantía de 31,6 millones de euros, que es la cantidad de ganancia estimada por la constructora OHL.

Sin embargo, el tribunal ha impuesto a todos los acusados el deber de abonar de forma conjunta y solidaria 29.500 euros, que fue el beneficio obtenido por la consultora que elaboró un informe para condicionar el resultado del concurso. 

Esta cantidad ya fue consignada por la defensa del expresidente, que la ofreció a la Abogacía de la Comunidad Autónoma. 

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