Reforma de la sedición: ¿qué pasará ahora con Junqueras y Puigdemont?
Marta Rovira sería la gran beneficiada ya que incluso podría librarse de la cárcel al prescribir tras cinco años el delito de "desórdenes públicos agravados"
PSOE y Unidas Podemos han registrado este viernes una proposición de ley orgánica para rebajar el actual delito de sedición, penado actualmente para autoridades con 10 a 15 años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, hasta penas de 3 a 5 años de prisión y de 6 a 8 años de inhabilitación.
En una entrevista en LaSexta, Pedro Sánchez anunció la decisión asegurando que su Ejecutivo quiere reemplazar la sedición “por un delito homologable al que tienen otras democracias europeas”. El nuevo pasará a llamarse delito de “desórdenes públicos agravados” y beneficiará de una forma significativa a los líderes independentistas condenados por el referéndum ilegal del 1-O.
El pasado 14 de octubre de 2019, el Tribunal Supremo dio a conocer la sentencia del ‘procés’. Tras cuatro meses de deliberación, los siete magistrados deicidieron de forma unánime descartar el delito de rebelión por el que acusaba la Fiscalía, castigado con penas más altas, pero sí aplicar el de sedición a la mayoría de los acusados.
Las penas fueron importantes. Junqueras fue condenado a 13 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación por sedición y malversación y doce a Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Un escalón por debajo quedaban Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y Carme Forcadell, a los que se condenaba por sedición, pero no por malversación: nueve años de cárcel para los Jordis, 10 años y medio para los dos ‘exconsellers’ y 11 años y medio para la expresidenta del Parlament.
¿Cómo quedarán ahora sus penas tras esta reforma de la sedición? ¿Podrá presentarse Junqueras a unos próximos comicios? ¿Y qué pasa con el prófugo Puigdemont? En El HuffPost damos respuesta a todas estas preguntas.
Junqueras, pendiente de la malversación
El Gobierno indultó hace algo más de un año a los líderes del procés conmutando por completo las penas de prisión, tanto por sedición como por malversación. No ocurrió lo mismo con las de inhabilitación, que se mantuvieron intactas dada la oposición del Tribunal Supremo.
La nueva reforma del código penal se aplicará retroactivamente a los condenados, por lo que su pena por sedición será menor. En todo caso, ya no pisarán de nuevo la cárcel al haber recibido el indulto.
Pero, ¿y qué pasa con la inhabilitación? Junqueras está actualmente inhabilitado hasta 2031, aunque con este cambio podría volver a presentarse a unas elecciones en 2025. Todo dependerá de la condena que mantenga por el delito de malversación, algo que tendrá que concretarse cuando se produzca la adaptación de su pena de acuerdo al nuevo Código Penal.
¿Y qué pasa con Puigdemont y los fugados?
Los líderes del procés que se mantienen fugados de la Justicia española (Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig) siguen teniendo un horizonte judicial complicado. Aunque las penas se han rebajado, el delito se mantiene y podrían ser juzgados. Además, podrían sumar condenas de hasta ocho años de prisión por la malversación. En todo caso, antes del juicio entrarían presumiblemente en prisión al estar acreditado el riesgo manifiesto de fuga.
Caso muy diferente es el de Marta Rovira, actualmente huida en Suiza. La secretaria general de ERC está procesada por sedición pero no por malversación. En su caso, podría ser juzgada y posiblemente condenada a entre tres y cinco años por el nuevo delito de “desórdenes públicos”. Es decir, su pena sería menor que la recibida por sus compañeros y podría llegar incluso a librarse de pisar la cárcel ante la opción de que el delito haya prescrito o lo haga de forma inminente. En este caso, sólo podría ser inhabilitada.
¿Se adelanta la prescripción del delito?
Porque al reducirse la pena máxima a cinco años, el plazo de prescripción del delito de desórdenes públicos también baja a cinco, que ya se habría extinguido para todos ellos si tomamos como fecha del delito el 1 de octubre de 2017, día del referéndum ilegal. Sin embargo, hay diferentes opiniones sobre si el plazo queda interrumpido o no por las acciones judiciales emprendidas por el Tribunal Supremo contra los acusados. De ahí que Marta Rovira no tenga la seguridad absoluta.
En todo caso, la prescripción por este delito sería mucho antes al igual que el de inhabilitación, que prescribiría a los diez años. Es decir, en 2027.
