Regiones ultraperiféricas, retos, dificultades: una prueba para la UE
El 24 de octubre de 2017, la Comisión Juncker adoptó su relevante Comunicación “Una Asociación estratégica y renovada con las Regiones Ultraperiféricas (RUPs) de la UE”. El compromiso que deriva de sus contenidos es tan importante no sólo porque singulariza un aspecto de la Política Regional, la Cohesión y la los Fondos de Solidaridad de la UE con sus regiones más alejadas, sino porque lo hace además en un contexto de dificultades crecientes. Porque entonces y aun hoy el paisaje de la integración se muestra lastrado, todavía a estas alturas, por los perdurables efectos de la austeridad recesiva (2009-2016), por la larga crisis de la UE y la consiguiente erosión de su vocación inclusiva y reparadora frente a las desigualdades y los desequilibrios entre los territorios que la integran.
Conviene aclarar de inmediato que las RUPs se caracterizan por la fragmentación, lejanía y limitación de sus territorios respecto del gran espacio de integración supranacional vertebrada por las “cuatro libertades” del mercado interior. A ese primer rasgo físico se vinculan la escasez del territorio disponible para la actividad económica y social (archipiélagos, islas o regiones alejadas) y los costes acarreados para producir y competir en estructural desventaja con los actores económicos del ámbito continental. Y es conveniente explicar que las RUPs son las únicas regiones mencionadas -expresa e individualizadamente- por su nombre en el Derecho primario y constitucional de la UE (art. 349 del TFUE). Y que es esa base jurídica legitima no sólo establecer y asegurar en la legislación europea las necesarias y oportunas excepciones compensatorias en la aplicación del ordenamiento europeo, sino también la adopción de actos legislativos y medidas específicas para atender a estas regiones (STJUE del 15 de diciembre de 2015, caso Mayotte).
¿Aún es preciso subrayar que las RUP no están emplazadas por su nombre en el Derecho europeo por ninguna casualidad? Antes bien, su recepción en los Tratados (desde el Tratado de Maastricht 1992 al Tratado de Lisboa 2009, pasando por los Tratados de Ámsterdam 1997 y Niza 2000) obedece al impulso y apoyo combinado de los tres Estados Miembros (EE.MM.) que incorporan territorios insulares y alejados, dotados de gobierno propio y de amplia autonomía: Francia (Martinica, Guadalupe, Guayana, Reunión, Mayotte y Saint Martin), Portugal (Azores y Madeira) y España (Canarias).
Y aun cabe apuntar, al respecto, que la caracterización como RUP de los territorios franceses depende de su estatuto constitucional en el Derecho francés (lo que explica que, de cuatro originarios, hayan pasado a seis) y que en el caso portugués sean dos sus archipiélagos los únicos provistos de sus respectivas Asambleas legislativas y Gobiernos regionales. En cuanto al caso español, la especificidad territorial de Canarias (el “hecho insular” físico del art.138.2 CE) junto a su histórico Régimen Económico y Fiscal (REF), conforman un caso único de “hecho diferencial” estructurado en Derecho desde la Constitución de 1978. El último de sus peldaños (y el más reciente en el tiempo) lo aporta la entrada en vigor de su nuevo Estatuto de Autonomía (LO 1/18, de 5 de noviembre), que se incorpora a la hornada de los de “tercera generación”.
El compromiso de España con su RUP distintiva -Canarias- enlaza con el dato previo de que esta Comunidad Autónoma sea también un caso único de relieve en la Constitución española de 1978 (arts. 69, 138.2 y Disposición Adicional 3 CE). La única -con Navarra (Disp. Trans 4) y Asturias (por el Príncipe de Asturias, 57.2 CE), y el singular caso de Ceuta y Melilla (arts.68, 69 y Diusp.Trans5)- que aparece expresamente mencionada por su nombre en la Constitución. El emplazamiento de Canarias como RUP en el Derecho europeo fue, en efecto, un gran logro de los Gobiernos socialistas presididos por Felipe González (desde 1982, la legislatura de la adhesión a la CEE en 1985, hasta 1996, tras haberse producido la reunificación alemana, de la que se cumplen 30 años, así como la firma del Tratado de Maastricht y la puesta en marcha de los Fondos de Cohesión).
En esa fase auroral, la conjunción de fuerzas de Francia, Portugal y España en la “Europa de los 12” (de 1986 a 1994) y la posterior “Europa de los 15” (de 1994 a 2004) incrementó sensiblemente la llegada de recursos financieros europeos a las RUP (Fondos de Cohesión, Fondos Estructurales, Políticas Regionales, Programas de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI) para el sector primario y para abastecimientos, Redes Transeuropeas de Comunicaciones, Transporte y Energía, etc.). A ese potencial se sumó, en la C.A de Canarias, el Régimen Económico y Fiscal canario, cuyas piezas legislativas (Leyes del REF de 1991 y 1994) fueron también aprobadas por las Cortes Generales e impulsadas por aquellos Gobiernos presididos por Felipe González.
Pero, con posterioridad, la gran ampliación de 2004 (proseguida por las de 2007 y 2013, hasta sumar los -todavía- 28 EE.MM actuales) abrió el paso a una década marcada por la inmersión de la UE en la peor crisis de su historia (la que arrancó en 2008 y se prolongó casi una década). El marasmo subsiguiente ha vuelto mucho más difícil la solidaridad hacia las regiones más alejadas. De hecho, la contracción presupuestaria, el incremento de las desigualdades (sociales, territoriales y generacionales) y el empeoramiento de las perspectivas financieras europeas (el Marco Financiero Plurianual o MFP) han impuesto a las RUP un paisaje mucho más hostil y retador del que venían. Retos y dificultades que imponen a la UE una prueba sobre de su razón de ser en uno de sus eslabones más preciados y sensibles.
La respuesta desde el Parlamento Europeo (PE) pasaba por la constitución y puesta en marcha de un activo Intergrupo RUP (formado por euodiputad@s que, aunque electos en las circunscripciones nacionales, residimos en las RUP, como es mi caso en Canarias). Su misión es la de velar por el mantenimiento de su atención especial, sus condiciones y excepciones (cláusulas de salvaguardia en Acuerdos comerciales, Fondos específicos para la renovación de la flota de pesca artesanal, y para el sostenimiento del sector primario en su doble dimensión ecológica y social, y para su conectividad en las redes europeas, etc.). En la presente Legislatura europea 2019-2024 sucede que, por vez primera, resulto ser el único eurodiputado español residente en Canarias, lo que me compele a redoblar aún más mi compromiso activo a favor de las RUPs.
Por su parte, los Presidentes de las RUPs sostienen también regularmente su diálogo y sus Conferencias, tanto en Bruselas como en aquellos territorios que ostenten la presidencia anual, de carácter rotatorio (la última tuvo lugar en Canarias a principios de 2019 y la próxima se celebrará en Saint Martin en febrero de 2020). En su última reunión en Bruselas esta misma semana, con la participación del Presidente de la C.A de Canarias Ángel Víctor Torres, esta Conferencia adoptó un importante documento de posición común, Declaración Conjunta de los Presidentes de las RUP, que fue de inmediato trasladada al Presidente de la Comisión de Política Regional (REGI) Younus Omarjee (eurodiputado de la isla francesa de Reunión adscrito al Grupo de la Izquierda Unitaria Europea) y que, como eurodiputado canario, español y europeo, apoyo y promoveré sin reservas. Asimismo, el ministerio de Asuntos Exteriores de España ha publicado un excelente Documento (270/19.2) titulado “Por una puesta en valor de las fortalezas de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea” que contribuye a reforzar la narrativa alternativa, propositiva y proactiva, de que la singularidad territorial de las RUPs es una oportunidad de gran potencial estratégico (innovación, economía azul, economía verde, redes universitarias, investigación marina...).
La Declaración conjunta de los Presidentes RUP suscrita este lunes en Bruselas merece todo el respaldo por su llamada de atención sobre la necesidad de sostener las líneas presupuestas actuales (particularmente las de los Programas POSEI para el sector primario y los abastecimientos), y sobre el carácter crucial de la actual tasa de cofinanciación de proyectos estratégicos (fijada hasta ahora en el 85% de financiación europea, aunque, lamentablemente, las preocupantes propuestas de la Comisión para el MFP 2021-2017 amenazan con reducirla hasta el 70%). De verificarse este riesgo, el impacto de este inquietante decremento sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas de las RUP sería tan perjudicial como desproporcionado en relación a su magnitud en el total de las cuentas de la UE.
En último término, me gustaría reiterar mi compromiso más firme en la defensa de las RUPs en este momento de arranque de la Comisión Von der Leyen. Las RUPs son, de hecho, un barómetro de la vocación cohesiva e integradora europea en esa diversidad de la que nos habla su lema (“United in Diversity”). Las RUPs imponen un test de credibilidad para la UE ante su promesa de mostrar sensibilidad hacia quienes afrontan retos estructurales, permanentes, definidos por la fuerza vinculante de su soporte físico, y ante su declarada voluntad de avanzar en todas partes el horizonte de europeo no solo de su mercado sino de sus libertades, su Derecho, sus principios, sus valores.
