Sánchez no aplaca a los independentistas, que exigen dimisiones por el presunto espionaje
El caso 'Pegasus' va para largo pese a los esfuerzos del Gobierno por aclarar la situación.
El conflicto de ‘Pegasus’ va para largo. Ni Pedro Sánchez ni el resto del Gobierno han conseguido aplacar a los independentistas por el caso del espionaje a líderes catalanes y estos exigen dimisiones y una investigación a fondo.
No les basta, han dejado claro, con una comisión parlamentaria de secretos oficiales, que Meritxell Batet ha intentado desbloquear para evitar vetos a ERC o Bildu.
La situación se cronifica y este martes ha vivido un nuevo episodio de tensión política. La Generalitat ha anunciado que reduce sus relaciones políticas con el Gobierno central “a mínimos” y ha paralizado incluso la Mesa de Diálogo entre administraciones.
“El Gobierno debe adoptar medidas para recuperar la confianza. Y seguro que la asunción de responsabilidades incluye dimisiones y ceses”, recalcaba a primera hora el líder de ERC, Oriol Junqueras.
Durante toda la mañana, Unidas Podemos, los partidos independentistas (ERC, EH Bildu, JxCAT, PDeCAT, la Cup y BNG) y otros aliados parlamentarios de Sánchez en el Congreso, como Más País o Compromís, han exigido depurar responsabilidades.
“No hay excusa para no investigar en sede judicial y parlamentaria”, ha recalcado el secretario primero del Congreso y uno de los dirigentes de Unidas Podemos Gerardo Pisarello, mientras el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, daba 48 horas a Sánchez para tomar decisiones.
Los republicanos exigen la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en caso de que tuviera conocimiento del espionaje y han vuelto a amenazar con tumbar el decreto que se votará el jueves sobre medidas anticrisis que dan respuesta a la guerra en Ucrania. Esta ha vuelto a defender una actuación de acuerdo a la ley en la sesión de control al Ejecutivo en el Senado.
“El único idioma que entiende el PSOE es tumbarle la agenda legislativa. ¿Esto puede llegar a ser lesivo para ERC? Sí, lo es”, ha dicho Rufián para puntualizar acto seguido que “más lesivo es en democracia espiar a la gente que no te gusta”.
Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dice tener la conciencia “muy tranquila” y está convencido de que se ha actuado conforme a la ley en el caso Pegasus. Recuerda la investigación interna que ha abierto el propio CNI y que también iniciará el Defensor del Pueblo en colaboración con las actuaciones judiciales.
La publicación por parte de El País de que las escuchas fueron individualizadas y bajo control judicial, ha llevado a intervenir directamente al director general de la Policía, Francisco Pardo, quien ha defendido que otro sistema similar, como es el Sistema Integrado de Interceptación de las Telecomunicaciones (SITEL) para intervenir las comunicaciones de algún investigado “siempre” cuenta con autorización judicial.
La Ley Orgánica reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia también establece en su articulo único que el CNI necesita de autorización judicial para dos supuestos que vulneran derechos fundamentales, que son la interceptación de las comunicaciones y la entrada en un domicilio. Precisamente son los tribunales a los no descartan ir los independentistas y Unidas Podemos tal como señalan en una declaración conjunta que han firmado este miércoles y que recalca que “llegarán hasta el final”.
El pleno del Parlament también decidirá mañana si presenta una denuncia en los tribunales.
Los esfuerzos de Batet por abrir la comisión
Todo esto, mientras en el Congreso, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha presentado una resolución para rebajar de tres quintos (210 diputados) a mayoría absoluta (176 diputados) el requisito necesario para crear la comisión de secretos oficiales que debería dar cuenta de las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o de la información clasificada del Gobierno.
La comisión podría constituirse en un pleno extraordinario este jueves si recibe el parecer favorable de la Junta de Portavoces, aunque de momento PP, Vox y Ciudadanos han avisado de que se opondrán a cambiar las mayorías requeridas y a que estén los independentistas de ERC y EH Bildu en esa comisión.
Batet argumenta que hay que cumplir con el reglamento de la Cámara y garantizar la pluralidad política pero el nuevo líder del PP es claro: “No podemos aceptar que los partidos que combaten la unidad de la nación participen de los secretos del Estado de esta nación”, ha sostenido Alberto Núñez Feijóo
