POLÍTICA
19/11/2019 21:03 CET

Sentencia del caso ERE: así afecta a las negociaciones para formar Gobierno

El mazazo que supone la condena a 19 altos cargos socialistas en Andalucía sirve como munición para que PP y Cs carguen directamente contra Sánchez.

José Manuel Vidal / AGENCIA EFE
Manuel Chaves y José Antonio Griñán, llegando a la Audiencia de Sevilla esta mañana.

Lo fueron todo. Entre 1990 y 2013, llevaron las riendas del Gobierno de Andalucía, siempre a hombros de un electorado fiel, siempre contra una oposición incapaz de abatirlos. Fueron ministros del Estado y presidentes de su partido, el socialista. Hoy esos dos hombres fuertes han sido despojados de la presunción de inocencia -hasta que el Tribunal Supremo diga la palabra final- y han sido condenados, junto a otros 17 exaltos cargos de la Junta andaluza, por el caso ERE

Que los jueces hayan encontrado culpables a Manuel Chaves y José Antonio Griñán (nueve años de inhabilitación por prevaricación para el primero, seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por malversación y prevaricación para el segundo) es un varapalo terrible para el PSOE, para el de antes y para el de ahora. Sobre sus hombros ha estado el gobierno de la comunidad donde ganaban (o ganaban y pactaban) durante más de 30 años, han tenido responsabilidad en La Moncloa y de gestión interna y, sobre todo, han tenido ascendente, influencia, respeto.

Por eso, aunque se juzgue algo de hace más de diez años, aunque hablemos de antiguas vacas sagradas, aunque la sentencia se ha dado a conocer hoy para no influir de manera alguna en las elecciones del 10-N, la tinta de los jueces de la Audiencia de Sevilla salpica a la política nacional, y eso incluye las negociaciones para formar un nuevo Ejecutivo. 

El fallo -de 1.700 folios, que ha tardado un año en dictarse y redactarse, tras casi diez de investigación- se conoce en mitad de las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para terminar de perfilar un pacto para un Gobierno de coalición, pero cuando aún queda mucha tela que cortar y, para empezar, siguen faltando apoyos para el primer paso: la investidura del socialista Pedro Sánchez, sin la que nada viene después. 

Por el momento, ninguna de las dos principales partes negociadoras entiende que las cosas hayan cambiado con el auto encima de la mesa. Para el secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, no estamos ante un caso de corrupción del PSOE, sino de “personas investigadas”, que es evidentemente “muy duro” para su partido por el peso que en él han tenido Chaves y Griñán (y Magdalena Álvarez, y Gaspar Zarrías, y José Antonio Viera...), pero que hoy no afecta ni al Gobierno en funciones de Sánchez ni a los gestores del partido. Algo que, denuncia, “sí pasó con el PP”, cuando fue procesado por la trama Gürtel y declarado culpable a título lucrativo.  

Ábalos ha insistido en que nada afecta a Sánchez, que cuando se cometieron las ilegalidades detectadas por la justicia en este caso era “concejal en la oposición en Madrid” y que, cuando llegó al cargo de secretario general del PSOE, “depuró” responsabilidades: los dos expresidentes andaluces renunciaron a su militancia en 2016, antes de que se les aplicara el código ético de la formación. 

No ha dicho nada Ábalos sobre las palabras del pasado de Sánchez, cuando tuiteaba que él “confiaba” en la inocencia de ambos, personas “honestas”, escribió. Lo más parecido a ese calor ha venido del PSOE-A que aún comanda Susana Díaz. Su secretario de Organización, Juan Cornejo, ha defendido la “honorabilidad y honradez” de ambos.  

El también ministro de Fomento no ha querido ni plantear el posible problema de fondo -que esto afecte a la negociación estatal- pero es que tampoco lo ha hecho su interlocutor, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, azote de corruptos, quien siempre ha hecho bandera de la lucha contra esta lacra del viejo bipartidismo. A través de un único mensaje de Twitter -al que se han adherido fielmente todos los grandes nombres de la coalición, sin salirse ni una coma-, Iglesias ha defendido el borrón y cuenta nueva. 

“España no volverá a tolerar la corrupción”, ha dicho, como aviso, tras este caso que retrata una época pasada. “Ahora se abre una oportunidad de defender la justicia social y garantizar la limpieza de las instituciones”, concluye. Queda clara la puerta abierta. Viene otro tiempo. Sopla otro viento. Aunque para el PP, por ejemplo, no sea más que un viraje incomprensible, cuando UP pedía la cabeza de Mariano Rajoy por la Gürtel. Rajoy, el que era presidente del PP mientras todo ocurría. Una diferencia que “no es cosa menor; dicho de otra manera: es cosa mayor”, si lo parafraseamos. 

Si nos atenemos a estas dos reacciones, de Ábalos e Iglesias, el barco navega aún. Los equipos siguen trabajando en un acuerdo base, con las conocidas desavenencias en cuanto a reforma laboral, reparto de competencias y de ministerios, pero sin mucha marejada. En el documento que los dos partidos firmaron a menos de 48 horas de las elecciones se indicaba su empeño en “trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción”. Es un deseo de presente y de futuro. Lo pasado, parece, merece carpetazo. 

Sólo ha habido una voz más crítica, la de Teresa Rodríguez, coordinadora de Podemos en Andalucía, quien se ha salido del retuit a Iglesias y ha reclamado al PSOE que devuelva “todo lo robado”. En esta comunidad, siempre la relación entre los dos partidos ha sido precisamente más tensa que a nivel nacional. Aún resuena aquel “ni muerta gobierno con Susana Díaz”

Por cierto que la cuestión del dinero de los ERE estaría ahora en manos del Gobierno de PP y Cs, con el apoyo de Vox. A ellos corresponden ahora los expedientes de reintegro y esa recuperación, así como suspender las 6.000 prejubilaciones que se siguen pagando a día de hoy y se aprobaron por la vía ahora sancionada por los tribunales. 

“Responsabilidades políticas”

Obviamente, esos mismos PP y Ciudadanos no pasan página tan rápido. Las dos formaciones piden responsabilidades políticas a Sánchez porque, de lo contrario, no estará “habilitado” para seguir gobernando. Los populares, por boca de Teodoro García Egea, su secretario general, ha afirmado que la sentencia, “la más demoledora de la democracia”, obliga a más explicaciones del presidente, sobre su base de que las “sentencias a un miembro de un partido son achacables a todo un partido”. Se olvida de que el PSOE no estaba procesado como tal en el caso ERE. No obstante, tampoco ha concretado qué debe hacer Sánchez para contentarles: ¿qué es dar la cara? ¿Cuánto es suficiente? 

Inés Arrimadas, la portavoz de Ciudadanos, se ha preguntado: ”¿Sánchez o alguien del PSOE asumirá responsabilidades políticas o la corrupción solo es intolerable si es de otros?”. “Ya está bien de que PP y PSOE sólo pidan ejemplaridad cuando la corrupción afecta a otros”, ha añadido Edmundo Bal, el portavoz adjunto de los naranjas. Tampoco concretan mucho. 

Lo que parece claro es que su andanada de declaraciones, hoy por hoy, no va a frenar las negociaciones. No hay elementos de fuerza para cargar contra un Sánchez que entró en la cúpula del PSOE en un tiempo nuevo, y hasta luchando contra la heredera en la Junta de Chaves y Griñán, Susana Díaz.

Una década de desgaste

El desgaste en la propia Andalucía es harina de otro costal. En esta década de proceso el partido ya lo ha ido pagando, poco a poco, en términos de imagen, confianza y voto: en las últimas elecciones antes de que estallase el caso ERE, en 2008, el PSOE logró 2.178.296 millones de votos, mientras que en las últimas autonómicas de 2018, diez años después, sacó 1.009.243 votos. La mitad de los votantes, perdidos por el camino del escándalo. 

Ya en 2012, el PSOE perdió las elecciones (las ganó el PP) y tuvo que recurrir a alianzas con IU para sobrevivir. Luego vino el pacto con Ciudadanos y, a la postre, la salida de Díaz y el ascenso de Juanma Moreno. 

Con esos datos y la sentencia, se reabrirá casi seguro (después de la investidura), el problema dentro del PSOE-A, tocará ver si ha llegado el momento de que la dirección nacional del partido ataque directamente a Díaz y pida su cabeza, para empezar esa nueva etapa también allí, sin reductos de chavismo. Por el momento, Ferraz y San Vicente han firmado un paz momentánea, pero a Sánchez nunca se le ha ido de la cabeza su deseo de desplazar a la sevillana. Y siempre en capital del reino surgen nombres como el de María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda en funciones.

Tampoco hay que olvidar que la sentencia se conoce poco más de una semana después de unas elecciones que en las que Vox subió como un maremoto en Andalucía, llegando durante momentos de la noche a dar el sorpasso al PP como segunda fuerza. La condena por corrupción y el desgaste socialista de años, más la posible pugna interna, puede también dar munición a la formación de ultraderecha, contra el socialismo del sur y sus cacareados chiringuitos.

Demasiado duro

El pacto parece ir adelante, pero la sentencia de hoy es de las que dejan, más que huellas, cicatrices. Vale cualquier lugar común: bofetada, golpe, mazazo... Una fuente del PSOE andaluz lo reconocía a El HuffPost: “No teníamos un argumentario preparado para una sentencia tan dura. Nos queda la confianza en la gente a la que queremos”, sostiene. 

La esperadísima sentencia de los ERE es aplastante porque los jueces han comprado casi al 100% los argumentos del fiscal anticorrupción, muy severos, denunciando las cosas mal hechas desde el Gobierno andaluz de entonces. No vale la postura de la defensa de los altos cargos, como los expresidentes, de que esas ayudas por expedientes de regulación de empleo no pasaban por sus manos directamente. 

Los magistrados entienden que “la necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales, llevó a los responsables de la Junta Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos”. O sea, el cambio en el sistema de adjudicación tenía un buen propósito, pero de un plumazo acabó con todos los controles y verificaciones y eso lo acabó haciendo irregular, ilegal. 

“El resultado fue una absoluta falta de control de la concesión de subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis (...). En las subvenciones sociolaborales, el beneficiario real era la empresa y no los trabajadores”, constata. “En definitiva, permitía el enriquecimiento de empresas, a través del ahorro de gastos, y de terceros, ajeno a cualquier interés social o público debidamente acreditado”. Esto supuso un coste de 680 millones de euros a las arcas públicas, al menos.

Chaves y Griñán eran “plenamente conscientes de la patente ilegalidad” de lo que pasaba y “participaban” en ello. Ante esas palabras, no hay escapatoria. Sus abogados aún confiaban en que se penalizara a escalafones intermedios, más cercanos a las consejerías directamente afectadas (Empleo, Innovación), pero el mazo de la justicia ha golpeado arriba. 

No se juzgaba ni un enriquecimiento personal ni la financiación ilegal de un partido, en este caso el PSOE, sino un diseño presupuestario que pudo poner en riesgo del dinero de la Administración, un sistema descontrolado. Pero los socialistas ya tienen, desde hoy, su mancha viscosa en el expediente. Los recursos y el tiempo aclararán las consecuencias. 

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