POLÍTICA
19/11/2019 13:03 CET | Actualizado 19/11/2019 17:12 CET

Sentencia del caso ERE: seis años de cárcel para Griñán y 9 de inhabilitación para Chaves

Los presidentes andaluces, sus consejeros y secretarios generales, condenados en un fallo que es una enmienda a la totalidad a toda una era del socialismo

Agencia EFE
Los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en la sala de la Audiencia de Sevilla.

El caso ERE quedó quedó visto para sentencia hace casi un año y hoy, al fin, tenemos el fallo de la Audiencia de Sevilla, un mazazo y una enmienda a la totalidad a toda una era del socialismo andaluz: seis años de cárcel por un delito de malversación y 15 años de inhabilitación por otro de prevaricación para José Antonio Griñán y 9 años de inhabilitación por prevaricación para Manuel Chaves. Los dos expresidentes de la Junta de Andalucía han sido condenados en un caso en el que hay sólo dos altos cargos absueltos, de 21 procesados. 

La sentencia de la Audiencia de Sevilla considera que ambos fueron responsables del sistema de concesión de ayudas sociolaborales públicas que la Junta andaluza usó entre los años 2000 y 2009 para empresas en crisis o para trabajadores afectados por ERE durante dicha década en Andalucía.

La sentencia, muy dura, no es firme y aún se puede recurrir por las partes al Tribunal Supremo

La condena afecta al grueso de miembros del Consejo de Gobierno investigados en la que es la mayor causa por corrupción de España: también ha sido considerada culpable la exministra de Fomento y exconsejera económica, Magdalena Álvarez, condenada a la misma pena que Chaves, mientras que Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia y mano derecha de Chaves, ha sido condenado a 10 años de inhabilitación para empleo en cargo público.

Pero las penas más duras han recaído sobre varios consejeros: seis años de cárcel para Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Hacienda, siete para José Antonio Viera y Antonio Fernández (ambos de Empleo), y ocho para Francisco Vallejo (Innovación). El director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, quien se entiende como el ideólogo del proceso de ayudas juzgado, también ha sido condenado a ocho años de cárcel y a 20 de inhabilitación. 

La Fiscalía acusaba a dos expresidentes, siete exconsejeros, dos exviceconsejeros, tres exdirectores generales, dos exdirectores generales del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), tres exsecretarios generales técnicos, un exjefe del gabinete jurídico y un exinterventor general de la Junta. Sus peticiones de pena han sido aceptadas en gran medida.

Esta es la lista completa de condenados y absueltos: 

  • Manuel Chaves, expresidente de la Junta andaluza. Nueve años de inhabilitación por prevaricación. 
  • José Antonio Griñán, expresidente de la Junta andaluza. Seis años y dos días de prisión y quince años y dos días de inhabilitación por prevaricación en concurso con malversación.
  • Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia. Nueve años de inhabilitación por prevaricación.
  • Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda. Nueve años de inhabilitación por prevaricación.
  • José Salgueiro, exconsejero de Hacienda. Nueve años de inhabilitación por prevaricación.
  • Antonio Lozano, exdirector general de Presupuestos. Nueve años de inhabilitación por prevaricación.
  • Francisco del Río, exjefe del gabinete jurídico de la Junta. Absuelto.
  • Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Hacienda. Seis años y dos días de prisión y quince años de inhabilitación por malversación y prevaricación.
  • Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta andaluza. Absuelto.
  • Jacinto Cañete, exdirector general de IDEA. Ocho años, seis meses y un día de inhabilitación por prevaricación.
  • Lourdes Medina, exsecretaria general de la Junta andaluza. Ocho años de inhabilitación por prevaricación.
  • Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación. Siete años y un dia de prisión y 18 años de inhabilitación por malversación y prevaricación.
  • José Antonio Viera, exconsejero de Empleo. Siete años y un dia de prisión y 18 años de inhabilitación por malversación y prevaricación.
  • Antonio Fernández, exconsejero de Empleo. Siete años, once meses y un día de prisión y 19 años y medio de inhabilitación por prevaricación y malversación.
  • Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo. Siete años, once meses y un día de prisión y 19 años y medio de inhabilitación por prevaricación y malversación.
  • Juan Márquez, exdirector general de Trabajo. Siete años y un día de prisión y 18 años de inhabilitación por prevaricación y malversación.
  • Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo. Siete años y un día de prisión y 18 años de inhabilitación por prevaricación y malversación.
  • Jesús María Rodríguez Román, exviceconsejero de Innovación. Seis años y dos días de prisión y quince años de inhabilitación por prevaricación y malversación.
  • Miguel Ángel Serrano, exdirector general de la agencia IDEA. Seis años, seis meses y un día de prisión y 17 años de inhabilitación por prevaricación y malversación.
  • Juan Francisco Sánchez, exsecretario general de la Junta andaluza. Nueve años de inhabilitación por prevaricación.
  • Javier Aguado, exsecretario general de la Junta andaluza. Nueve años de inhabilitación por prevaricación.

La sentencia de la Audiencia de Sevilla impone en total diez condenas de cárcel y nueve de inhabilitación, absolviendo completamente a dos personas: Francisco del Río (exjefe del gabinete jurídico de la Junta) y Manuel Gómez (exinternventor general de la Junta).

Los documentos difundidos hasta ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no se pronuncian sobre la petición de la Fiscalía de que, entre todos los procesados, pagaran 741 millones de euros, el dinero en juego.

Un sistema ágil, pero a costa de los controles

Todos los procesados estaban señalados por participar directa o indirectamente en el procedimiento específico que se aplicó en Andalucía entre 2000 y 2009 para conceder ayudas de forma discrecional y arbitraria a empresas en crisis, lo que supuso un coste de 680 millones de euros a las arcas públicas, sin que hubiera “ningún control” sobre ellos, según Anticorrupción.

No se juzgaba ni un enriquecimiento personal ni la financiación ilegal de un partido, en este caso el PSOE, sino un diseño presupuestario que pudo poner en riesgo del dinero de la Administración, un sistema descontrolado.

Los jueces han asumido la tesis de la fiscalía y eso quiere decir que consideran criminal el sistema opaco, cuyas ayudas nunca se publicaron en el Boletín Oficial de la Junta, que repartió, aproximadamente 680 millones en diez años. El magistrado ponente, Juan Antonio Calle, escribe: “La necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales, llevó a los responsables de la Junta Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos”.

La Junta, según los primeros párrafos conocidos de la sentencia (12 megas, 1.700 folios, la conclusión a casi una década de investigaciones), “utilizaba ordinariamente lo que debiera ser extraordinario, es decir, la figura de la subvención excepcional” para dar ayudas sociolaborales. Tanto Chaves como Griñán, dice la sentencia, estaban al tanto de la irregularidad del proceso, eran “plenamente consciente de la palmaria y patente ilegalidad de los actos” en que participaron.

La sentencia explica que “la necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales, llevó a los responsables de la Junta Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos” en la concesión de estas ayudas.

Añade además la resolución que el “denominador común de todas las ayudas sociolaborales y ayudas empresas, debido al uso de las transferencias de financiación, fue la falta de fiscalización”.

“Plenamente conscientes”

En el caso de Chaves, presidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009,  la sentencia dice que fue “plenamente consciente de la patente ilegalidad” de los hechos juzgados, “en los que participó”. Esto es: Es conocía la irregularidad del sistema de concesión de ayudas establecido. No escapaba a ese conocimiento, por muy alto que estuviera en el organigrama. Los jueces recuerdan que Chaves presidía la Administración andaluz cuando se empezaron a articular las primeras ayudas y que la decisión de concederlas no partía de la Consejería de Empleo solamente, sino que “era una decisión política del Gobierno en su conjunto”.

“Resulta lógico que cualquier variación en el sistema de concesión de estas ayudas, habida cuenta de que afectaba a más de una consejería, tuviera que pasar por la decisión final de su superior jerárquico, es decir, el presidente de la Junta”, resalta la sentencia.

Por tanto, el tribunal cree que Chaves fue también responsable del cambio en el sistema de entregas de esas ayudas que se llevó a cabo a partir del 2000 y que suponía una modificación de “presupuestación” de suficiente trascendencia para hacer “impensable” que la decisión fuera exclusiva de la Consejería de Economía.

Chaves “como presidente del Consejo de Gobierno, aprobó las modificaciones presupuestarias” del programa, a sabiendas de su ilegalidad, según el tribunal, lo que encaja con el delito de prevaricación. 

En el caso de Griñán, se suma su doble condición, primero de consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009 y luego de presidente de la Junta, de 2009 a 2013; la Audiencia de Sevilla le ha condenado a una pena mucho más gravosa porque el delito de malversación, si es cometido por autoridad o funcionario público, es castigado con penas de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años, según el artículo 432 del Código Penal.

La sentencia asegura que Griñán fue también “plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó” al conceder las subvenciones de los ERE a través de las transferencias de financiación y que, además, asumió “la eventualidad de que los fondos vinculados al programa” fueran “objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados”.

Por ello, es condenado a seis años y dos días de cárcel por malversación, ya que la sentencia considera que era consciente del riesgo de que los fondos públicos no se destinaran a su objetivo encomendado. Y también es condenado a 15 años y dos días de inhabilitación absoluta porque al conocer la irregularidad del sistema -dice el tribunal- también cometió otro delito de prevaricación.

Los principales condenados, Chaves y Griñán, han abandonado la Audiencia tras conocer la sentencia de forma diferente: visiblemente serio el segundo, más sereno el primero. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones, pero Chaves sí que ha dicho, lacónicamente, cuando se marchaba: “Sí, me han condenado”. 

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