POLÍTICA
17/09/2020 12:55 CEST | Actualizado 17/09/2020 15:00 CEST

La defensa de Torra esgrime un supuesto trato desigual a una "minoría nacional" para reclamar su absolución

Cinco jueces del Supremo revisan la sentencia dictada ante la negativa del político catalán a retirar los lazos amarillos

Juan Carlos Hidalgo / POOL / EFE
Vista de la sala del Supremo donde se está revisando el caso Torra.

El Tribunal Supremo ha iniciado poco después de las 12.00 horas la vista que revisará la inhabilitación del presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) que le obligaba a retirar las pancartas de apoyo a los presos del “procés” de los edificios públicos.

El presidente catalán, que ha seguido la vista desde los bancos del público puesto que no tenía obligación de asistir a la vista, ha llegado sobre las 11:30 horas a la plaza de la Villa de París de Madrid, donde se encuentra la sede del Supremo, donde le ha recibido el jefe de protocolo del Alto Tribunal. 

La defensa del president ha mantenido que su decisión de desoír a la Junta Electoral fue un “acto político” amparado por su libertad de expresión e inviolabilidad como parlamentario y ha pedido que reciba el “mismo trato” que la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. En una intervención de cerca de 20 minutos, el letrado Gonzalo Boye ha recalcado que la condena de Torra supone una vulneración de derechos fundamentales, como el de libertad de expresión o participación política, no solo de él, sino de todos aquellos que se presentaron a las elecciones generales en que se le obligó a retirar los símbolos de apoyo a los políticos presos, incluida la oposición.

Para el letrado, el lema de las pancartas que la Junta Electoral Central obligó a retirar constituye una “exacta expresión literal” de las manifestaciones de apoyo a los presos que Torra ha pronunciado reiteradamente en el Parlament y en su discurso de investidura.

Por ese motivo, ha añadido, mantener los símbolos de apoyo a los presos y los lazos amarillos suponía “una crítica por la vía de la pancarta” al encarcelamiento de los líderes independentistas. “Las tres palabras siempre las dijo, están en su discurso de investidura, y después las traslada en una pancarta que es tanto como trasladarla a un símbolo en la chaqueta”, ha abundado Boye, que cree que, al inhabilitarlo, el propio TSJC está asumiendo que la conducta de Torra era “una actividad política”.

Considera la defensa que Torra estaba amparado por la inviolabilidad parlamentaria como diputado de la cámara catalana, por lo que ha pedido que se le dé “el mismo trato” que el que recibió la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, a quien “no le ha pasado nada” por sus “feroces críticas” al vincular al padre del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias con el terrorismo.

La defensa ha mantenido además que la Junta Electoral Central no es un órgano superior al presidente de la Generalitat ni competente para dictarle órdenes a Torra en unas elecciones generales, y ha denunciado que ha recibido un trato más severo que otros políticos sancionados por el árbitro electoral -como el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- por pertenecer a una “minoría nacional”.

Boye ha arremetido contra los jueces de la sala del TSJC que condenó a Torra y contra el vocal de la Junta Electoral Central Andrés Betancor, asesor de Ciudadanos: “se ha hecho público que por la mañana trabajaba para la junta y por la tarde a sueldo de uno de los partidos denunciantes”, ha apuntado. En ese sentido, ha reivindicado que la decisión de la Junta era “una actuación política ante otra actuación política”, la de Torra al mantener los símbolos de apoyo a los presos.

Asimismo, la defensa ha vuelto a pedir al Supremo que eleve al Tribunal de Justicia de Luxemburgo las cuestiones prejudiciales sobre el caso, que el TSJC desestimó en su día, para que en Europa se garantice “libre circulación, no solo de personas, sino también de resoluciones judiciales”.

“Esta sala debe hacer ese planteamiento prejudicial, entre otras cosas porque es sano, el derecho de la Unión es nuestro derecho y no podemos vivir de espaldas”, ha sostenido el abogado.

En la recta final de su intervención, Boye ha deslizado una alusión a la reciente intrusión en su bufete profesional y ha afirmado que lo que le preocupa no es solo desplazarse “de casa al trabajo” y que entren en su despacho, sino que muchos entornos den por sentado que el Supremo ya tiene decidido confirmar la condena a Torra.

No habrá elecciones, avisa el president

Tras las intervenciones de parte, Torra ha comparecido en el Centre Cultural Blanquerna, en Madrid y ha denunciado que en Cataluña viven “sometidos a la arbitrariedad judicial (...) porque todos los aparatos del Estado se han activado para evitar el éxito de un proyecto democrático y pacífico”. “Si el Estado español llega al punto de la irresponsabilidad más absoluta inhabilitándome, solo habrá un culpable, él mismo”, abunda.

Pese a ello, ha dicho: “No llevaré a Cataluña a una carrera electoral irresponsable (...). No seré yo quien en este momento tan crítico para el país lo aboque a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración en Cataluña”, ha insistido. 

Ha ido a la capital de España, dice, a “ver la cara” a los jueces, a defender la “libertad de expresión” y a decir que no tiene “miedo”. Se ha preguntado “dónde está” el Gobierno de coalición de izquierdas que se “supone” que defiende estos valores. “La solidaridad la encontramos fuera”, añade, e insiste en que hay dos visiones, la de la “España monárquica que da vergüenza a Europa” o “la catalana republicana y su movimiento cívico”. 

Torra ha enfatizado que no se desviará de su obligación, que ahora se centra en controlar la pandemia, pero sin olvidar el compromiso con los catalanes que buscan la independencia. “El estado será incapaz de evitar para siempre la voluntad de la ciudadanía. Si la mayoría de los catalanes quieren una república libre, prosperará”, sostiene. 

El president ha denunciado que “la judicialización de la política ha ido demasiado lejos” y recuerda de que “ni jueces ni administradores ni militares ni nadie puede recortar ni un milímetro la soberanía del parlamento de Cataluña”. 

“No sólo me inhabilitan a mí, sino que en sus manos tienen el fin de una legislatura parlamentaria”, ha avisado.

Torra ha enfatizado que no se desviará de su obligación, que ahora se centra en controlar la pandemia, pero sin olvidar el compromiso con los catalanes que buscan la independencia. “El estado será incapaz de evitar para siempre la voluntad de la ciudadanía. Si la mayoría de los catalanes quieren una república libre, prosperará”, sostiene. 

El president ha denunciado que “la judicialización de la política ha ido demasiado lejos” y recuerda de que “ni jueces ni administradores ni militares ni nadie puede recortar ni un milímetro la soberanía del parlamento de Cataluña”. 

En la vista de hoy han intervenido la fiscal Pilar Fernández y los letrados de la defensa y de la acusación popular ejercida por Vox, quienes han expuesto sus argumentos en relación con el recurso que presentó Torra contra su condena a inhabilitación, en el que invoca que mantuvo la pancarta en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

A la llegada de Torra le esperaban, en muestra de apoyo, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; los portavoces en el Congreso de los Diputados de JxCat y ERC, Laura Borràs y Gabriel Rufián; diputados como Antoni Castellà (Demòcrates), Sergi Miquel (PDeCAT) y Albert Botran (CUP), y los líderes de las entidades independentistas Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC), Marcel Mauri y Elisenda Paluzie, respectivamente.

El fallo

El 19 de diciembre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Torra a año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia por no retirar símbolos que la Junta Electoral Central consideraba partidistas, como los lazos amarillos, en período electoral.

Al no ser firme, la sentencia no se ha ejecutado todavía y será el Supremo el que tenga la última palabra sobre la inhabilitación, aunque la sala no tiene previsto notificar su resolución tras la vista de este jueves.

El episodio más significativo del choque que protagonizaron el president y la JEC durante la campaña de las elecciones generales de abril de 2019 fue a raíz de una pancarta que colgaba del balcón del Palau de la Generalitat, en la que se pedía la libertad de “presos políticos y exiliados”, en alusión a los líderes independentistas en prisión. 

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