Trabajo legislará contra los falsos autónomos y reforzará la Inspección
“Un joven en bicicleta con un móvil no es un trabajador autónomo”, defiende la ministra Díaz en el Congreso
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que la siguiente iniciativa de su departamento será abordar la situación de los falsos autónomos, con medidas legislativas, a la vez que se reforzará la Inspección de Trabajo y se actualizarán las sanciones para luchar contra éste y otros fraudes.
“Un joven en bicicleta con un móvil no es un trabajador autónomo”, ha declarado durante su primera comparecencia como ministra en la Comisión de Trabajo, Seguridad Social e Inclusión del Congreso.
Este Gobierno, ha añadido, va a proteger los derechos de las personas “que siendo en realidad trabajadoras por cuenta ajena se ven abocadas a operar como autónomas frente a su voluntad”. Desde el Ministerio de Trabajo añaden que para abordar esta situación se tomarán medidas legislativas. Y junto a esto se reforzarán los efectivos de la Inspección de Trabajo, así como el uso de mecanismos de big data para reforzar el sistema de control y sancionador de luchar contra el fraude.
Los esfuerzos, ha detallado, se centrarán en el abuso de la contratación temporal concatenada, en el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial con jornadas no declaradas y la identificación de relaciones extralaborales que deberían articularse a través de contratos de trabajo como, por ejemplo, los falsos autónomos, falsos cooperativistas y falsos becarios.
“Debemos impedir que nuevas fórmulas de negocio de la economía de plataformas se conviertan en nuevas formas de explotación, simples pantallas para eludir la relación laboral y el derecho al trabajo”, ha expuesto.
A lo largo de este año, ha incidido, se desarrollará el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020 con acciones específicas en sectores y trabajos más problemáticos.
En definitiva, ha subrayado, “garantizar la legalidad en el ámbito laboral”.
Díaz también ha anunciado que se actualizarán las cuantías de las sanciones de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social con arreglo al IPC acumulado y que llevan sin actualizarse desde 2006.
