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13/11/2020 11:47 CET | Actualizado 13/11/2020 15:50 CET

Transparencia critica la opacidad de Sanidad durante la pandemia

El organismo que vela por la transparencia cree que el departamento que dirige Salvador Illa dificulta el "derecho constitucional a acceder a la información pública".

Europa Press News via Getty Images
El Ministerio de Sanidad, Salvador Illa, durante una rueda de prensa en Moncloa.

Suspenso en transparencia para el Ministerio de Sanidad durante la pandemia del coronavirus. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno considera que el departamento dirigido por Salvador Illa está “dificultando la adecuada protección y garantía del derecho constitucional a acceder a la información pública”, según ha publicado El País.

Este organismo público, encargado de velar por la transparencia en la actividad pública, ha emitido 17 resoluciones en relación con peticiones realizadas al Ministerio de Sanidad desde el mes de marzo, cuando el Gobierno decretó el primer estado de alarma para evitar que aumentaran los contagios por la covid.

El departamento de Salvador Illa no respondió a 15 de estas 17 peticiones realizadas por Transparencia. Esto se conoce en la jerga judicial como silencio administrativo.

Por tanto, solo dos de estas 17 peticiones obtuvieron respuesta por parte de Sanidad. Además, en una de esas dos ocasiones que hubo suerte, la contestación se limitaba a enviar un enlace a una página web que no correspondía con la información solicitada.

El organismo de Transparencia, fundado a finales de 2014 como consecuencia de la ley de transparencia, solicitaba información sobre los expedientes de compra de material sanitario, las reuniones que había tenido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y las del director del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias (CCAES), Fernando Simón. Ninguna de estas peticiones fue respondida. 

El estado de alarma suspendió los plazos

El primer estado de alarma decretado por el Gobierno, que estuvo en vigor entre 15 de marzo y el 21 de junio, provocó la práctica suspensión de la ley de transparencia, ya que los plazos para responder quedaron suspendidos.

Habitualmente, las administraciones públicas tienen que responder a una petición de información en un plazo de un mes desde la recepción de la solicitud. “Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”, asegura el portal de la transparencia del Gobierno.

La suspensión de plazos administrativos durante la pandemia se levantó el 1 de junio con el objetivo de recuperar la normalidad de las administraciones públicas. “Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas”, aseguraba el BOE del pasado 30 de mayo.

A pesar de esta recuperación de la normalidad, el Ministerio de Sanidad siguió sin responder a las peticiones realizadas por Transparencia, al igual que también ignoró las solicitudes presentadas por muchos ciudadanos.

No hay cultura de transparencia

Los expertos consultados por El País señalan que uno de los problemas de la ley de transparencia es que el organismo encargado de velar por la transparencia no puede obligar a una administración pública a responderle, solo instalarle. Además, tampoco puede imponer sanciones en caso de no obtener respuesta. 

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno publica en su página web todas las resoluciones agrupadas por meses. El listado correspondiente a octubre permite comprobar fácilmente la ausencia de cultura de transparencia existente en las administraciones públicas españolas. La mayoría de resoluciones indican que las peticiones de información han sido contestadas con “silencio” o “información parcial”. 

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