El TSJM paraliza el decreto de Ayuso para contrarrestar la Lomloe

El sindicato CCOO presentó un recurso contencioso-administrativo solicitando la suspensión de estos preceptos del decreto por considerar que va contra las normas estatales.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Educación, Enrique Ossorio.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Educación, Enrique Ossorio.
Europa Press News via Getty Images

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido la entrada en vigor de varios preceptos del decreto del Gobierno madrileño sobre evaluación, promoción y titulación en ESO y Bachillerato, con el que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretendía contrarrestar la Lomloe, tras conceder las medidas cautelerísimas solicitadas por CCOO.

El decreto 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, busca evitar que los alumnos puedan obtener una titulación sin límite de suspensos y establece una mayoría cualificada de dos tercios de los miembros de las juntas de evaluación, con previa deliberación, y de cuatro quintos en el caso de Bachillerato.

El sindicato CCOO presentó un recurso contencioso-administrativo este lunes solicitando la suspensión de estos preceptos del decreto por considerar que va contra las normas estatales, y la sección Octava de lo Contencioso-administrativo del TSJM ha acordado la medida cautelarísima de urgencia, dando un plazo de tres días, que concluye el viernes 27 de mayo, al Gobierno regional para presentar alegaciones.

Para la secretaria general de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, la adopción de las cautelarísimas por parte del TSJM es “un auténtico varapalo” para el Gobierno de Díaz Ayuso.

“El decreto de evaluación de Madrid contiene elementos que se quedan fuera de lo que regula la ley orgánica”, por ejemplo, “no tiene en cuenta la evaluación individual y personalizada que cada alumno tiene derecho a tener”, ha explicado.

En este decreto, según Galvín, “se vulneran los derechos del alumnado pero también se vulnera la igualdad entre estudiantes españoles, ya que independientemente de donde vivan todos los alumnos españoles tienen derecho a que se les aplique los mismos criterios para obtener un título académico”, según recoge la Constitución Española, indica Galvín en un comunicado.

“Estamos ante una decisión muy importante. Hemos conseguido que se paralice la aplicación de un decreto muy negativo, tal y como está redactado para el alumnado, y que solo se propone mermar la libertad de cátedra y la autonomía de las juntas de evaluación”, ha resaltado.

Este decreto “pretende imponer a los equipos docentes un juego de mayorías cualificadas”, que “no están en la Ley Orgánica”.

Fuentes de la Consejería de Educación han explicado a Efe que sus servicios jurídicos están trabajando en un informe para levantar las cautelarísimas, y añaden que dos de las cinco magistradas firmantes del auto han mostrado su disconformidad con la medida adoptada.

Para el Gobierno regional, el real decreto del Gobierno de España es “laxo” y “le falta concreción” sobre qué mayoría de docentes debe tomar las decisiones de promoción y titulación.

La Comunidad de Madrid considera que el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno regional el pasado miércoles no vulnera la normativa nacional y confía en que continúe adelante.