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31/07/2019 12:47 CEST | Actualizado 31/07/2019 12:47 CEST

Un año de asistencia universal

Susana Vera / Reuters
Imagen de archivo de personal sanitario protestando contra la privatización de la sanidad durante el Gobierno de Mariano Rajoy. 

Creo profundamente en la salud como derecho. Y creo en que el derecho a la salud se garantiza desde la sanidad pública. Este principio primario, de universalidad y equidad, es el que le da su gran valor al Sistema Nacional de Salud. Un sistema que es uno de los grandes logros de los 40 años de democracia y que, a pesar de sus dificultades cotidianas, y la necesidad de reformas de calado, es de los de mayor calidad y eficiencia del mundo.  

Tuve la fortuna de poder impulsar la recuperación de la universalidad, tan necesaria y honesta política sanitaria, tras más de seis años de combatir la exclusión sanitaria desde las calles y desde la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. La Comunitat Valenciana se sumó en 2015 a Andalucía y Asturias para recuperar la universalidad en la asistencia sanitaria y, una tras otra, casi la práctica totalidad de las comunidades autónomas siguieron diversos caminos para sortear la exclusión sanitaria impuesta por el gobierno del PP. 

La sociedad española hizo bandera de la salud como derecho de una forma ejemplar; los profesionales sanitarios, movimientos sociales y ONG mantuvieron una valiosa reivindicación frente a la discriminación, la exclusión y la desigualdad hasta que en 2018, tras la llegada a la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, el camino hacia la garantía de la salud como derecho básico de la persona comenzó su andadura. Y uno de los primeros reales decretos ley del presidente Sánchez fue el que devolvía el carácter universal a la asistencia sanitaria. 

Hoy, 31 de julio, se cumple un año desde la entrada en vigor del Real Decreto -Ley 7/2028 de 27 de julio, sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Este decreto representa un hito en la historia de la sanidad española. Se puede decir que retoma el camino que en su día inició Ernest Lluch y lo completa, porque refleja una nueva forma de entender la atención sanitaria basada en el derecho de ciudadanía y no en su vinculación a la Seguridad Social. Atrás han quedado las falacias del turismo sanitario y las excusas economicistas del gasto producido por la atención a las personas en situación administrativa irregular, pero hay que seguir trabajando.

El real decreto de 2018 también supone el inicio de la resolución de un problema grave, creado por el PP en 2012, de exclusión de miles de personas del sistema sanitario español con repercusiones negativas sobre la salud individual y colectiva. 

Hoy no puedo evitar sentirme orgullosa de pertenecer a un partido que ha tenido por bandera la defensa de la sanidad pública a pesar del permanente e ideológico ataque de la derecha por privatizarla.

Ahora, el espíritu de la norma de 2018 necesita cuerpo, dejar claro los matices y hacer cumplir la letra en todas las CCAA, velando por la equidad y la cohesión territorial. 

A pesar de la apuesta y los esfuerzos del Gobierno de España, aún quedan personas con dificultades para acceder al sistema sanitario. Dificultades que habrá que resolver desde el trabajo conjunto y el diálogo con las entidades sociales, instituciones y CCAA. Han sido muchos años de exclusión que requieren de una voluntad continua, y coordinación para poder superar definitivamente ese episodio en la historia de España. Es necesario velar por que las fallas del sistema sean corregidas una tras otra, caso por caso, para evitar situaciones de injusticia, especialmente en la población más vulnerable. 

Pero sobre todo hay que trabajar y vigilar para no permitir pasos atrás. Son inadmisibles las manifestaciones que se hacen desde CCAA como Madrid y Andalucía de persistir en la exclusión sanitaria en contra de la regulación estatal. Medidas para agitar miedos, mentiras y populismos, medidas peligrosas para la salud tanto de las personas que lo padezcan como de las comunidades en las que viven. Sin embargo, otras CCAA como Cantabria ya han comenzado a implementar la senda marcada por el Ministerio, buscando la mejor salud de las personas.  

Hoy no puedo evitar sentirme orgullosa de haber retomado el camino de Ernest Lluch en nombre del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, y de pertenecer a un partido que ha tenido por bandera la defensa de la sanidad pública a pesar del permanente e ideológico ataque de la derecha por privatizarla. Y hoy no puedo evitar dar las gracias a todas las personas que, desde las organizaciones sociales, los parlamentos, las instituciones y desde las calles siguen luchando por que la asistencia sanitaria universal llegue a implantarse de forma global y efectiva. Gracias a todas esas personas que se suman en la defensa los derechos humanos y el reconocimiento del derecho a la protección de la salud del artículo 43 de la Constitución Española. Seguimos. 

 

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