Un juez de Madrid archivó hace dos años la primera denuncia contra la red de explotación al ser un abandono voluntario

Fue la primera de muchas otras que han acabado en la denominada ‘Operación Sana’ con la detención de 37 personas hasta el momento.
Una furgoneta policial en una imagen de archivo
Una furgoneta policial en una imagen de archivo
Europa Press Entertainment via Getty Images

El Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid archivó la primera denuncia interpuesta en diciembre de 2019 por la madre de una de las menores víctimas de la mayor red de prostitución infantil destapada en la Comunidad de Madrid al acreditarse que se trataba de un abandono voluntario.

Se trata de la primera denuncia que consta en la causa, la primera de muchas otras que han acabado en la denominada ‘Operación Sana’ con la detención de 37 personas acusadas de una ristra de delitos sexuales cometidos a al menos diez menores de entre 13 y 15 años.

En este caso se incoaron unas diligencias previas a raíz de una denuncia en la que la madre puso a finales de 2019 en conocimiento de agentes de la comisaría de Arganzuela la desaparición de su hija de 17 años. La testigo manifestó entonces que su hija había abandonado voluntariamente el domicilio familiar al ser adicta a las drogas para consumir hachís y otras sustancias estupefacientes.

En un auto dictado en enero de 2020, el juez que instruyó esta causa dictó el sobreseimiento provisional de las diligencias al no quedar acreditado la perpetración del delito y comprobarse que se trataba de un abandono voluntario.

El atestado policial recoge que la madre manifestó que su hija se fue con un hombre al que no consideraba “buena influencia”. La menor fue reconocida por los agentes cuando acompañó a las dependencias policiales a este individuo para firmar un permiso penitenciario.

Según el atestado, la madre sospechaba que su hija iba a zonas donde se vende droga y se aprovechaban su adicción a las drogas para abusar de ella. En esta causa hubo solo un sospechoso y se archivó al confirmar el juez que era un abandono voluntario, sin investigar más allá de esta circunstancias.

Nuevas diligencias por delitos graves

Dos años más tarde, la jueza de Instrucción número 8 de Madrid abrió unas diligencias a raíz de una denuncia de la Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) por un delito de organización criminal, contra la salud pública, prostitución de menores y detención ilegal.

La primera denuncia por la desaparición de la menor referida se unió a estas actuaciones penales al tratarse de delitos conexos que debían seguirse en el mismo procedimiento penal si bien más tarde se concluyó que los delitos seguidos contra la red era más graves.

La investigación penal se dirige ahora en el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, cuya jueza ha tomado por ahora declaración a los investigados y tienen que señalarse las comparecencias de las menores para que sus manifestaciones queden recogidas como prueba preconstituida.

Entre los 37 detenidos figura el rapero Saymol Fyly, un conocido ‘youtuber’ que presuntamente captaba a las menores utilizando su música y, junto con otros miembros de la trama sexual, las enganchaban al consumo de cocaína base para “venderlas a toxicómanos” en narcopisos de Villaverde Alto.

De los 37 detenidos, solo ocho han ingresado en prisión provisional y sin fianza. Según los investigadores, al menos diez menores habrían sufrido los abusos sexuales de esta red de prostitución infantil que operaba en Madrid, principalmente en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles, en Villaverde.