Un juzgado de Martorell abre diligencias por la muerte de John McAfee

Un juzgado de Martorell abre diligencias por la muerte de John McAfee

El creador del famoso antivirus fue hallado muerto en su celda de la prisión de Brians 2.

El exterior del centro penitenciario Brians 2 en Barcelona.EFE/Susanna Sáez

Un juzgado de Martorell (Barcelona) ha abierto las correspondientes diligencias para poder practicar la autopsia de John McAfee, de 75 años, y determinar las causas de su muerte, han confirmado a Efe fuentes judiciales este jueves. McAfee, creador del famoso antivirus informático del mismo nombre, fue hallado muerto este miércoles en su celda de la prisión de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) donde, según las primeras informaciones, se suicidó.

Tras el deceso, una comitiva judicial se desplazó a la prisión y, como es preceptivo siempre que una persona no fallece de muerte natural, se abren las correspondientes diligencias para practicar la autopsia y determinar las causas de la muerte, señalan las fuentes consultadas.

John McAfee falleció el mismo día que la justicia española comunicó su decisión de extraditarlo a Estados Unidos por presunta evasión de impuestos. El personal de vigilancia y de los servicios médicos de la prisión intervino rápidamente para intentar reanimarlo, pero finalmente certificó su muerte.

En prisión desde el 4 de octubre

John Mcafee ingresó en la prisión de Brians 2 el 4 de octubre del pasado año por orden de la Audiencia Nacional, que acordó la extradición a Estados Unidos del creador del famoso antivirus informático McAfee por supuesta evasión de impuestos al haber ocultado elevados ingresos entre 2016 y 2018.

McAfee fue arrestado en octubre en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, cuando se disponía a coger un vuelo a Estambul y desde entonces se hallaba en prisión preventiva.

Durante la vista de extradición, el empresario, cuya deuda tributaria en Estados Unidos se eleva a más de cuatro millones de dólares, aseguró haber pagado “millones de dólares en impuestos” y dijo ser víctima de una persecución política por haber denunciado corrupción en la agencia tributaria.

“No existe prueba acreditativa de que tal cosa pudiera estar sucediendo”, respondió la Audiencia Nacional, que añadió que la reclamación “tiene amparo en un delito contra la hacienda pública -evasión fiscal-” y que concurren los requisitos para acordarla.