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24/04/2019 07:29 CEST | Actualizado 24/04/2019 07:29 CEST

Un nuevo contrato social para una crisis de país

rvimages via Getty Images

No es sólo una crisis económica, política o democrática (o de régimen, como equivocadamente dicen algunos). Se trata de una crisis de país en el sentido del malestar, la desconfianza, la desesperanza, la resignación, el cinismo y la rabia antipolítica. En resumen, se trata de pérdida de credibilidad y desafección en la representación política. Sus principales manifestaciones son las reacciones identitarias y demagógicas: el populismo, la crispación permanente, el secesionismo y la consiguiente reacción patriotera y autoritaria… 

El debate público se ha degradado hasta el punto de que ni el argumento, ni los datos, ni los hechos importan, y el análisis (o intento de análisis) de la realidad, queda arrumbado frente a los relatos parciales o directamente falsos que dominan la escena política. Sus efectos son la extrema polarización, la normalización de la mentira, el insulto y la aversión a entenderse. La izquierda no puede eludir las consecuencias identitarias de esta crisis de país. Hay que ser claros en defensa de la democracia, la memoria, la convivencia en la pluralidad de España y el desarrollo federalista del Estado. 

En las formas es necesario frenar la confrontación y abrir espacios al reconocimiento, el respeto mutuo, la normalización de las diferencias y el diálogo. En primer lugar, en temas esenciales que nos afectan a todos y lo hacen más allá de un gobierno concreto, como ha sido con las pensiones en el Pacto de Toledo o el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

Si hoy hubiera que enumerar alguno de estos pactos que llamamos ‘de Estado’, y que requieren un amplio consenso parlamentario, serían la Investigación, la Transición Ecológica y la Igualdad de Género las cuestiones prioritarias. Llegar a pactos estratégicos de ciudadanía en estos temas es clave porque el feminismo, el ecologismo, la investigación e innovación han trascendido ya la forma partido, incluso el alineamiento político, para convertirse en retos civilizatorios. Ello no supone diluir su carga ideológica y política, sino reconocer su capacidad de superar las diferencias partidarias y  favorecer coincidencias y puntos de encuentro en el ámbito social, profesional e institucional. 

La izquierda no puede eludir las consecuencias identitarias de esta crisis de país.

Pero en la izquierda constructiva que queremos ser hay que analizar y combatir también las causas de la crisis para desactivar sus consecuencias y para  reconstruir la seguridad y la confianza. El malestar social de los recortes, las privatizaciones, el deterioro de los servicios públicos y la pérdida del sentido colectivo de los impuestos como mecanismo esencial para la redistribución de la riqueza están en el trasfondo de la desconfianza en la política y la crisis de legitimidad de la democracia y sus instituciones. 

Por eso la sensación amarga de oportunidad perdida con la moción de censura tras el apresurado adelanto electoral. Porque no se trataba sólo de sustituir al gobierno de un partido corrupto. Tampoco de medidas puntuales en clave de campaña electoral. Se trataba y se trata de recomponer las fracturas de la crisis de país. 

Por eso, la necesidad de un nuevo contrato social y ciudadano y de un Pacto de Estado contra la Corrupción y por la Regeneración Democrática. Un nuevo contrato social que tiene que ver con la recuperación de un modelo laboral que dé seguridad frente a la precariedad, el empleo pobre y la brecha de género. No basta con derogar la contrarreforma laboral, se requiere además la regulación efectiva de los nuevos modelos de empleo impuestos por la digitalización y el establecimiento de las condiciones para un trabajo digno. También con la puesta en marcha de una renta mínima de integración, porque un país que se precie no puede dejar sin un mínimo amparo a los más desamparados. Y con la consolidación y mejora de los servicios públicos hoy afectados en su cobertura y prestigio por los recortes y las privatizaciones. La educación, las prestaciones sociales y hasta la sanidad que fue (y pese a todo aún sigue siendo) “la joya de la corona” de nuestro precario Estado del bienestar requieren inversiones y la modernización necesaria para afrontar los cambios demográficos y sociales que se avecinan. 

No se trata sólo de sustituir al gobierno de un partido corrupto. Tampoco de medidas puntuales en clave de campaña electoral. Se trata de recomponer las fracturas de la crisis de país.

Además, el nuevo contrato social debe representar una alternativa de transparencia, participación y buen gobierno frente a los actuales modelos de gestión en crisis y sus sucedáneos neoliberales burocráticos y escasamente transparentes. En todo caso, ante una crisis de país, las propuestas de reconstrucción de la cohesión y la confianza deben ir unidas a un proyecto de futuro que aúne razón y sentimiento. Utopía y realismo.

No se trata de construir un nuevo país ex novo, como preconizan algunos, como si se pudiera hacer tabla rasa de lo vivido y lo construido. Se trata de reconocer la hondura de la crisis y de afrontar sus causas y sus efectos, sabiendo que no hay recetas mágicas ni héroes salvadores, pero sí necesidades urgentes ante las que es preciso actuar. Con humildad pero también con decisión.

Una reforma a la que todos y todas estamos convocados. Reacciona y Actúa. 

 

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