Los vecinos de Villafranco: "¿Cómo nos llamaremos ahora? ¿Villasánchez?"

Los vecinos de Villafranco: "¿Cómo nos llamaremos ahora? ¿Villasánchez?"

La última localidad extremeña con toponimia franquista se niega a cambiar su nombre, a pesar de que la nueva Ley de Memoria les obliga.

Fin del término pedáneo de Villafranco del Guadiana, en Badajoz.N.G.

La cita que encabeza este reportaje es una broma de Eduardo López, vecino de la pedanía pacense de Villafranco del Guadiana, último enclave extremeño con referencias al dictador Francisco Franco en su nombre. De acuerdo con la nueva Ley de Memoria Democrática, la pedanía tendrá que redefinirse, según dicta su artículo 35.

López está en contra. Opina que hay “cosas más importantes a las que atender” y sostiene que para “algo que hizo bien [en referencia a la fundación del pueblo por parte del dictador]” por qué ahora va a haber que cambiarle el nombre y “remover y enfrentar a la población”.

La conversación se desarrolla frente a la frutería Teresa, en la Avenida de los colonos de la pedanía. Otros vecinos se acercan para tomar parte en el debate, que en realidad no es tal, ya que todos opinan que el nombre tiene que quedarse como está.

Eduardo sigue con sorna. “Y a este qué, ¿le vas a prohibir su apellido?”, comenta refiriéndose a su vecino José Luis Franco, que hace un gesto de incredulidad y hartazgo. Es más que probable que no sea la primera vez que alguien hace esa broma con su apellido.

  Una calle de Villafranco del Guadiana.N.G.

Villafranco del Guadiana es uno de los pueblos que se crearon entre los años 50 y 60 al calor del Plan Badajoz, que pretendía convertir la región en un potente centro de producción agrícola e industrial. Aquella iniciativa trajo también los grandes pantanos que usan los defensores del “lado positivo” de la dictadura.

A todos estos pueblos les caracteriza el trazado regular de sus calles y sus casas blancas adosadas. En cierto modo, podría decirse que visto uno, vistos todos.

Celestina Martínez se encuentra sentada en su andador junto a una furgoneta que vende ropa a los vecinos de la calle Benquerencia cerca del consultorio médico. Ella llegó al pueblo cuando todavía había que ir a buscar “el agua a los pozos”, cuenta. Tiene alrededor de 80 años.

Para ella, el nombre está bien como está y afirma que “nunca se benefició de Franco” y que él a ella “tampoco le hizo nada”. Su opinión la forja más la tradición que la ideología.

Sin embargo, la posición del pueblo no es unánime, y hay quienes sí apoyan que el nombre sea eliminado. Lorenzo Martínez tiene 78 años, y se declara “demócrata y cristiano”.

“Dicen que Franco fundó el pueblo y por eso está bien que lleve su nombre, pero no tiene sentido. Felipe González reformó y universalizó la Seguridad Social y por eso no tiene que llamarse como él”, defiende Martínez.

Martínez, además, cuenta que las autoridades ejercían un control férreo sobre el pueblo, las mejores tierras se las repartían entre los burócratas y, además, los terrenos fueron “expropiados” a precio de oro a los terratenientes.

El alcalde pedáneo del Partido Popular, Daniel Sánchez, atiende a El HuffPost por teléfono. Ante la cuestión sobre si cambiarán el nombre da un ligero rodeo, pero es claro: “Nosotros vamos a seguir trabajando para mejorar el pueblo, y el cambio de nombre no es una demanda de los vecinos”.

  Una calle de Villafranco del Guadiana, en Badajoz.N.G.

Al mismo tiempo, Sánchez se remite a una consulta popular que realizaron entre los vecinos, en la que asegura que “cerca del 90%” apoyó mantener el nombre tal y como está, y a que hay varias sentencias judiciales que avalan su postura.

Pero la Ley es la Ley

El abogado de las víctimas del franquismo, Eduardo Ranz, publicó el 11 de octubre una nota de prensa en la que, con la nueva ley en la mano, exigía el cambio definitivo de las siete toponimias franquistas que quedan en España.

Las sentencias que enarbola el alcalde, y que dan pie a que el nombre de la pedanía siga siendo el que es, no están basadas en la nueva legislación sino en la anterior. Ranz contraataca por ese lado.

“La ley establece expresamente que los topónimos son formas de exaltación de la dictadura y deben redefinirse, algo que en la anterior legislación no estaba contemplado de forma específica”, expone Ranz. La nueva Ley establece, además, sanciones que van de los 2.000 a los 10.000 euros para quienes incumplan su mandato.

Con respecto a las consultas de los vecinos, el abogado afirma que es algo que puede hacerse, pero también que son maniobras que crean “confusión” ya que no tienen ninguna base legal. Su carácter es consultivo, porque la Ley hay que cumplirla: “Es como si un alcalde hace un referéndum para no pagar el IVA, aparte de ridículo tampoco tiene ningún recorrido”.

Gévora del Caudillo y Guadiana del Caudillo

Más allá de las polémicas, lo cierto es que durante los últimos 12 años los cambios de nombre en las pedanías y municipios extremeños ha sido una constante y el mundo ha seguido girando. Aunque algunos cambios hayan dado más vueltas que otros.

Entre los que pasaron sin hacer un ruido excesivo se encuentra, por ejemplo, el de la pedanía pacense de Gévora, que se desprendió de su apellido “del Caudillo” en 2011 tras una consulta en la que los vecinos apoyaron el cambio.

Por contra, el caso de Guadiana, antes también “del Caudillo”, fue más rocambolesco. Hubo mucho ruido, aunque a fin de cuentas el nombre cambiara y no pasara nada extraordinario.

Ambos pueblos nacieron también del Plan Badajoz. El actual alcalde de Guadiana, Francisco Moreno (PSOE), recibe a El HuffPost en el consistorio del municipio. Moreno fue el impulsor del cambio, que empezó a reclamar cuando estaba en la oposición.

  Vista general de Guadiana, en Badajoz.N.G.

El anterior regidor, Antonio Pozo Pitel, del Partido Popular, se opuso rotundamente. En este caso, sin embargo, es dudoso que le moviera la tradición nominal de la localidad. Pozo tiene una distinción de “caballero de la Fundación Francisco Franco”, asegura Moreno, y su nombre saltó a la prensa nacional cuando le deseó la muerte a un miembro del PSOE.

“Iba añadiendo el apellido ‘del Caudillo’ a instituciones que no lo llevaban, como el centro cultural o el cementerio del pueblo”, narra Moreno.

Finalmente, en 2019, Pozo perdió las elecciones, a las que se presentó por Vox, dejando en la estacada al PP. En la actualidad ejerce de independiente con el resto de su grupo porque tampoco acabó a buenas con los de Santiago Abascal.

Tras la victoria del PSOE por mayoría absoluta, se procedió a cambiar el nombre del pueblo en el pleno del Ayuntamiento, cuenta Moreno: “Estábamos hartos con la polémica, venían cámaras de televisión y periodistas de todas partes”.

Pozo arremetió contra el nuevo equipo de Gobierno e inició una campaña de recogida de firmas contra el cambio de nombre. “Después de todo el incordio, se presentaron con 160 firmas, y algunas no eran ni de gente de aquí”, asegura Moreno, que se apresura a aclarar que Guadiana tiene 2.600 habitantes aproximadamente. Mucha dinamita y poca mecha.

Badajoz fue una de las provincias que más sufrió la represión franquista durante y después de la guerra. En la plaza de toros de la capital provincial se calcula que fueron torturados y ejecutados más de 9.000 personas que provenían de toda la provincia.

En la actualidad y aunque ya de forma marginal, Francisco Franco, artífice y guía de las masacres a través de sus generales, sigue teniendo su apellido grabado en los mapas y caminos de las tierras que regó con sangre.

Cambiar escrituras y señales

Una de las razones que esgrimen los contrarios a cambiar el nombre son los costes asociados en cuanto al cambio de señales de tráfico, escrituras y hasta del DNI.

Pero Moreno las desmiente una por una. “El cambio de nombre no ha costado ni un euro a los habitantes de Guadiana”, defiende. Las señales de tráfico de las carreteras corren a cargo de la Junta de Extremadura o de la diputación y las escrituras no es necesario modificarlas.