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03/08/2020 10:35 CEST | Actualizado 03/08/2020 10:35 CEST

Víctima de la ley del odio

La Ley en “contra del odio y a favor de la tolerancia y convivencia pacífica” ha sido el instrumento para coartar la libertad de expresión.

JUAN BARRETO via Getty Images
Imagen de archivo de Nicmer Evans.

“Yo fui Chavista… pero nunca lo fui para atentar en contra de la gente… hubo un engaño... sobre ese fraude convoco a que nos unamos en el restablecimiento de la democracia”. Estas fueron las últimas palabras de Nicmer Evans antes de ser detenido. Su breve discurso ha quedado registrado en un vídeo que él mismo grabó minutos antes de entregarse a los funcionarios policiales. 

Nicmer Evans, director del portal de Noticias Punto de Corte, cuyos análisis políticos se transmitían a través de Internet, Instagram o Twitter, fue acusado el 13 de julio de “instigación al odio”, delito establecido en la recién aprobada “Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, donde se contemplan penas de 10 a 20 años en prisión. Otro de los colaboradores del portal de noticias Punto de Corte, el profesor Javier Vivas Santana, fue detenido hace cuatro meses y lo acusan del mismo cargo “instigación al odio”.

Esta ley fue introducida por el gobierno de Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente y aprobada en el 2017. Los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente son del partido de gobierno y no hay representantes de la oposición. Las elecciones realizadas para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente fueron denunciadas por la empresa Smartmatic, encargada del sistema de votación en Venezuela desde el 2004. Smartmatic declaró a  los medios que hubo una diferencia entre el número de votos anunciados por el organismo electoral y el registrado por sus máquinas de al menos un millón de votos. La Asamblea Constituyente no ha sido reconocida por los países del Grupo de Lima ni por los países de la Unión Europea. Una asamblea creada por el Gobierno de Maduro para quitarle poder a la legítima Asamblea Nacional.

De acuerdo a las declaraciones del abogado Alfredo Romero de la ONG Foro Penal, las pruebas en contra de Nicmer Evans son unos comunicados que Evans realizó a través de Twitter. En el expediente que le han abierto no se hace referencia al contenido de los mensajes considerados como  promotores del odio. El abogado Alfredo Romero ha declarado a los medios de comunicación, que el juez ordenó la “detención preventiva” de Nicmer Evans para impedir su fuga, se encuentra detenido en una prisión militar. 

El sistema de control de cambio, en vez de impedir la fuga de grandes sumas de dinero, lo que hizo fue propiciarla.

En el año 2016, escuché con atención una charla que Evans dictó en el evento, “Proyecto País”, organizado por el Centro de Políticas Públicas del Instituto de Estudios de Administración (IESA) en Caracas. 

Durante la charla, una de las propuestas del politólogo Evans, máster en Psicología Social, era realizar una auditoría de la deuda externa de la nación. Ya que para el Gobierno de Chávez no fueron suficientes los extraordinarios ingresos petroleros cuando el barril rondaba los 130 dólares, además su Gobierno fomentó un endeudamiento innecesario y desproporcionado. 

“Más del ingreso petrolero lo destinamos a pagar la deuda externa. Ayer la CEPAL publicó que Venezuela tiene una deuda de 136 mil millones de dólares, la segunda más alta después de México. Auditar la deuda puede significar la disminución del pago en un 40%. Hay deuda que fue adquirida de forma ilegal. Tomemos como experiencia la reestructuración que hizo el presidente Correa en Ecuador. Además, tenemos una deuda con Rusia y China. Nosotros coincidimos con el grupo del economista Ricardo Hausmann, conocido como el Grupo de Boston. Ellos también han propuesto hacer una auditoría de la deuda, disminuir el pago y la repatriación de capitales”. 

Una vez concluida la charla, lo convidé a seguir conversando en la cafetería del IESA. Uno de sus pequeños hijos lo acompañaba. A pesar de que Evans participó durante 13 años como asesor del Gobierno de Hugo Chávez en varias instituciones públicas, el pensamiento político de Evans evolucionó a partir del año 2009, como lo ha expresado en su artículo del año pasado en el The New York Times. 

En el 2016, Evans declaró a los medios de comunicación y a la Asamblea Nacional en manos de la oposición, que el sistema financiero por el cual se asignaban las divisas para realizar importaciones conocido como CADIVI, permitió establecer una red de empresas fantasma que habían cobrado sobreprecios o habían realizado importaciones ficticias. 

La Ley en “contra del odio y a favor de la tolerancia y convivencia pacífica” ha sido el instrumento para coartar la libertad de expresión.

La unidad de investigación del movimiento Marea Socialista, donde Evans militó, hizo un análisis de los informes provenientes de técnicos del Banco Central y estimaron una cifra de 400 mil millones de dólares que no tenían respaldo. Entre los años de 1999 a 2014, Venezuela recibió más de un millón de millones de dólares. Una cifra convalidada por varios estudios económicos. 

Evans no es el único exfuncionario del Gobierno de Chávez que ha denunciado la corrupción. Los exministros de Chávez, Jorge Giordani y Héctor Navarro, han declarado que las arcas de la nación fueron objeto de estafa con la participación de “una red de agentes públicos y privados”. El sistema de control de cambio, en vez de impedir la fuga de grandes sumas de dinero, lo que hizo fue propiciarla. Al revisar los apuntes de aquella tarde, Evans me contó que había nacido en el barrio popular de Catia. Sus comienzos fueron como activista social. “Hubo un momento revolucionario cuando las cosas se invocaban para cambiar. Hoy no hay interés en sacar a la gente de la pobreza, de que crezcan, de que haya un cambio real. Para mí fue una revolución que no se concretó. Hay una negación de las fuerzas productivas. Seguimos siendo un país que vive de la renta petrolera”.

La Ley en “contra del odio y a favor de la tolerancia y convivencia pacífica” ha sido el instrumento para coartar la libertad de expresión, para privar a Evans de su libertad. Uno de los instrumentos de la intolerancia que ejerce el poder central ante las críticas y reclamos de los ciudadanos venezolanos. 

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