¡Vienen curvas! Sin volantazos

Tras completar la semana de Pleno del Parlamento Europeo (PE) en Bruselas, el pasado viernes 23 de octubre tuve el honor de intervenir ante el Parlamento de Canarias. Participé en un debate con los portavoces en asuntos europeos de los Grupos de la Cámara, en el marco una comparecencia orientada a discutir la posición de nuestra única Región Ultraperiférica española (RUP, art.349 TFUE) ante el inmenso reto de superar el destrozo económico y social causado por la pandemia y las medidas de emergencia que ha sido inevitable adoptar para contener al Covid. Sobre este último aspecto he tenido el honor de ser ponente de un Informe del PE votado esta misma semana en la Comisión LIBE, y sobre el que se pronunciará el Pleno de noviembre en Bruselas. 

Junto a mi colega Gabriel Mato, eurodiputado del PP, sostuvimos un intercambio de pareceres y preocupaciones sobre las RUP en la UE y la oportunidad de Canarias ante los Fondos europeos para la Recuperación (Next Generation EU: 750.000 millones de euros con cargo a deuda común, más de la mitad en ayudas directas a los EEMM y menos de la mitad en préstamos con garantía), en un interesante ejercicio de diálogo interparlamentario. En el curso de la discusión repasamos la negociación en curso para desbloquear el Marco Financiero Plurianual/ MFF 2021/27. Pero también examinamos el Plan de Recuperación y Resiliencia (Next Generation EU) del que, en buena medida, depende la resurrección del turismo, hoy sometido a una crisis sin precedentes, en una comunidad autónoma en la que, históricamente, ha sido el principal sector de actividad y de generación de rentas (36% PIB canario, 40% empleo). Pese al apremio del tiempo, introdujimos también la reforma de la PAC y su impacto sobre el POSEI, que es el programa específico de apoyo de la UE al sector primario de Canarias como RUP (régimen de abastecimiento y garantía de los productos agrícolas canarios). Y, cómo no, la emergencia migratoria que sacude la ruta atlántica hacia Canarias, con tragedias recurrentes, de la que me he ocupado extensamente en muchas tribunas. A la espera de la visita ya anunciada del ministro del Interior Fernando Grande Marlaska y la comisaria de Interior de la UE, Ylva Johansson, el próximo 6 de noviembre, sólo añadiré aquí que he apelado personalmente a su sensibilidad para que agendase, como ha hecho, su presencia en las Islas en la primera ocasión disponible.

Espero que a los portavoces de los grupos del Parlamento de Canarias les haya resultado tan útil este cruce de preocupaciones y esperanzas compartidas como me lo fue a mí. Por mi parte, aproveché la ocasión para enfatizar lo mejor que pude la pedagogía siempre necesaria para explicar y manejar la complejidad del Decision Making Process en las instituciones europeas.

Para empezar, hay que saber que el MFF está sometido a voto de consentimiento (consent) del PE en su crucial papel de autoridad presupuestaria de la UE: no puede enmendar ni modificar la decisión del Consejo, pero la mayoría absoluta del PE sí que puede vetarlo: de ahí que el acuerdo con el PE sea la opción inevitable que en este momento se negocia: el PE quiere un incremento del escenario a 7 años de 39.000 millones de euros adicionales. El Marco de Recursos Propio de la UE (EU Own Resources) se halla, en cambio, sometido a procedimiento de consulta (Consultation Procedure). El PE determina el volumen de los ingresos de la UE y los recursos con que cuenta; lo que, consiguientemente, resultará determinante para la fijación del techo de gasto que se aplicará a las cuentas públicas de los 27 EEMM: y puede en efecto enmendarlo -aunque el Consejo se reserva la última palabra sobre las enmiendas-, de modo que en estos instrumentos se pone de manifiesto el poder que ostenta el PE como autoridad presupuestaria. Pero, una vez se entiende esto, hay que saber asimismo que tanto en los fondos de la UE (Recuperación y Resiliencia, que son la columna principal del Next Generation EU, a financiar por primera vez con endeudamiento común), como los decisivos reglamentos de la PAC están sujetos al procedimiento legislativo ordinario, en que le PE actúa en pie de igualdad con el Consejo.

Para complicar aún más el sudoku, debe asumirse que el PE viene exigiendo hace años, por poderosas razones (piénsese en Hungría y Polonia), la incorporación por el Consejo de un nuevo reglamento de condicionalidad del acceso a los Fondos de la UE al estricto cumplimiento de los valores del art.2 TUE: es la llamada Rule of Law Conditionality, rabiosamente contestada por los gobiernos ultraconservadores de los dos EEMM sujetos al procedimiento del art.7 TUE, Y debe saberse, finalmente, que alguno de los instrumentos del Next Generation EU (del que pende el Fondo de Recuperación y Resiliencia: 72.000 millones en transferencias para España entre 2021 y 2023) han de ser sometidos también a los correspondientes procesos de ratificación por los parlamentos de los 27 EEMM (que suman en total 41 cámaras, habida cuenta del carácter bicameral de muchos de ellos).

Ahora bien, en España el panorama se hace todavía más complejo dada la intensidad de la distribución territorial del poder y de las competencias que materializarán las inversiones estratégicas con cargo a fondos dela UE. Competencias en buena parte atribuidas a las CCAA, en esta ocasión encuadradas por el Plan Nacional de Reformas (hasta 8) que ha sido elevado por el Gobierno de España ante las autoridades europeas. El objetivo de este Plan de Reformas es el de articular, en los años venideros, las oportunidades que será posible financiar con esos fondos europeos cuyo régimen jurídico se está debatiendo estos días, minuto a minuto, a cara de perro. Las reformas españolas incluyen: 1. Mercado de trabajo; 2. Pensiones; 3. Estructura empresarial; 4. Capital humano; 5. Capital Tecnológico; 6. Ciencia e Innovación; 7. Energía y Medio Ambiente; 8. Vertebración Territorial.

Así pues, vista la considerable complejidad y el extenso diagrama temporal de lo mucho que está en juego, es obligado concluir que nuestra tensa incertidumbre va a perdurar durante un tiempo sustancial -aunque no hay un segundo que perder-, en un horizonte marcado por la contraposición de intereses en presencia y la expectativa fluida de intercambio de propuestas en busca de compromisos finalmente asumibles.

Como siempre en la UE, y a lo largo de su historia, nadie, ningún negociador ni ningún Estado miembro va a salir de esta refriega del todo satisfecho: ¡nadie va a cantar victoria en clave exclusivamente nacional! Pero sí debemos evitar con todas nuestras energías aquellas cartas marcadas que impongan a la mesa de negociación el indeseable estilo de juego de los tahúres: ¡nadie debe, por lo tanto, ni vetar ni bloquear ni menos aún intentar chantajear a los demás ni al conjunto de la UE sobre la exclusiva base de su “agenda nacional”!

Nunca como ahora, en suma, había sido tan palmaria y perentoria la necesidad de llegar a una respuesta común incluso en aquellos ámbitos que como la salud pública (la Sanidad), o como el turismo, no habían quedado perfilados como competencias materiales de la UE de acuerdo con el principio vertebral de la “atribución” comunitaria (art 4.1 TUE). Pero, además de común, la respuesta debe ser eficaz y europea, esto es, a la altura de los valores y principios de la UE. No sólo España y los españoles -pongamos que hablamos de Canarias, de todas sus CCAA- mantienen sus esperanzas en el pronto desbloqueo y llegada de esos fondos a trabajadores, familias y empresas que los requieren con urgencia. Tod@s l@s europe@s, sin excepción ni inmunidad, penden de la calidad y entidad de esa respuesta.

La negociación continúa, sigámosla con atención, sensibles a lo que está en juego y a la complejidad de la conversación en curso. Pero, para tomar esas curvas sin riesgo de derrapar -y hacerlo con preparación y solvencia, sin volantazos contraproducentes-, adelanté con claridad ante el Parlamento de Canarias algunos de los criterios que ayudarán a gestionar mejor la oportunidad que brindan los fondos de la UE para transformar a mejor nuestra estructura económica y tejido productivo haciendo frente al desafío de una transición justa hacia una economía verde e inteligente que honre las prioridades -Green Deal y Agenda Digital señaladas por la UE:  a) planificación de las solicitudes de aplicación de los programas; b) anticipación; c) profesionalización de su gestión; d) centralización de la información disponible en oficinas especializadas: e) simplificación administrativa para su gestión eficiente y materialización.

Más importante que nunca: es un deber imperioso no ya el de aprovechar sino el de optimizar la oportunidad de respuesta que esta crisis enorme impone a los poderes locales y CCAA, para España en su conjunto y para la entera UE.