Vox Andalucía marca distancias con Serrano tras sus palabras sobre la sentencia de La Manada

Vox Andalucía marca distancias con Serrano tras sus palabras sobre la sentencia de La Manada

Dicen que son afirmaciones a título personal y su portavoz asegura respetar el fallo judicial.

Alejandro HernándezEFE

Vox Andalucía ha marcado distancias con el presidente de la formación ultraderechista en el Parlamento Andaluz, Francisco Serrano, y sus palabras criticando la sentencia a los miembros de La Manada por violar a una joven en los Sanfermines de 2016.

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha mostrado su “máximo respecto” a las resoluciones judiciales, en alusión a la dictada este viernes por el Supremo, a la par que ha asegurado que seguirá “luchando” por un Poder Judicial “autónomo e independiente”.

“Quiero manifestar mi máximo respeto por las resoluciones de nuestros Juzgados y Tribunales, significando que desde Vox pedimos ya hace tiempo un endurecimiento de las condenas para los delitos de violación. Seguiremos luchando por un poder judicial autónomo e independiente”, ha escrito en una publicación de Twitter.

A esto se suma la nota aclaratoria que, según ha compartido la periodista Isabel Morillo, ha enviado la formación ultraderechista a los medios de comunicación afirmando que las palabras de Serrano son “a título personal”.

Francisco Serrano ha asegurado que la sentencia está “cargada de condicionantes mediáticos y políticos”, que está “dictada por la turba feminista supremacista”, que “hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado podría terminar con el impotente en prisión” y que la única relación “segura” entre hombres y mujeres “será a través de la prostitución”.

Este es el mensaje íntegro de Serrano.

Cabe recordar que el Supremo revocó la sentencia a los cinco sevillanos y elevó las condenas para los acusados a 15 años de prisión por un delito continuado de violación con las agravantes específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas, admitiendo así parcialmente los recursos de la Fiscalía, la víctima y las acusaciones populares que ejercen el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra.