BLOGS
22/10/2019 07:35 CEST | Actualizado 22/10/2019 10:54 CEST

Y ahora, pendientes de las neuronas

Torra, más que diálogo, lo que pretende es un chantaje.

Agencia EFE
El presidente de la Generalitat, Quim Torra. 

Estaba anunciado: la Generalitat, en manos del activista Torra, iba e encabezar una protesta general ‘histórica’ y aglutinadora del separatismo catalán contra la sentencia del procés, fuese cual fuera la condena. Sólo cabía la absolución y que el Tribunal Supremo pidiera perdón por las molestias ocasionadas. Pero ya se sabe, como ya dicho Tayllerand, y tanto se ha repetido últimamente, “lo que no puede ser (en un Estado de derecho), no puede ser y además es imposible”.

Así que el Gobierno de la nación estaba obligado a actuar si el president teledirigido desde Waterloo llevaba a cabo su plan nada secreto: que aprovechando la “indignación” y la frustración, las masas soberanistas se ‘autodeterminaran’ en la calle. Y, en efecto, cientos de miles de ciudadanos participaron en las ‘marchas de la libertad’ y otro número importante, pero menor, en los altercados nocturnos. 

La violencia se desató ante la pasividad de la Generalitat. La revolución, condenada a ser un alboroto fugaz, otra frustración, otra depresión, devoró a sus primeros dirigentes: por ejemplo, a Gabriel Rufián, abucheado por los que antes le aplaudían, y a los líderes de ERC que criticaron la guerrilla urbana y que en realidad han roto la unidad con Carles Puigdemont y su tropa. 

 Vistos los acontecimientos con la perspectiva de poco más de una semana, el secesionismo no esperaba una estrategia tan ‘inteligente’, por cauta, de Pedro Sánchez. Pero el Gobierno tenía que responder policialmente, pero con contención. Tratando, en toda circunstancia, que la actuación de las fuerzas de orden público fuera proporcionada al desafío. Había que impedir a toda costa dar argumentos a la erótica victimista del independentismo y el torrismo

No se podían repetir aquellas fotos del 1-O de los policías nacionales cargando contra los ciudadanos que querían votar en el referéndum interruptus. Esas imágenes, y eso lo han reconocido a toro pasado muchos colaboradores de Mariano Rajoy –y hay que decirlo, enemigos de Soraya Sáenz de Santamaría– ha sido el carburante que ha mantenido activo el relato del victimato. 

Agencia EFE
Un grupo de policías durante los altercados en Barcelona.

Pero, por otra parte, también era imposible no responder. Era un problema… que ‘solucionaron’ las barricadas y las agresiones a la policía, además del vandalismo y el pillaje. Sobre la necesidad de usar la porra cuando se pone en riesgo la seguridad hay suficiente doctrina. El periódico belga Le Soir, en un artículo del 19 de octubre pasado en el que desmonta el paripé nacionalista, es muy claro sobre este extremo: “Una democracia que teme aplicar su Código Penal no podría sobrevivir. España es una democracia equipada con los instrumentos apropiados, legales y de garantía de derechos, para garantizar el respeto de la ley, favorecer el diálogo en la legalidad, superar esta crisis y seguir siendo, para Europa y para el mundo, un ejemplo de una sociedad abierta e inclusiva, una sociedad unida en su diversidad…”.

La estrategia de contención fue, de todas formas, relatada por los contadores de cuentos del post-pujolismo momificado (no digo incorrupto, por razones obvias que se prestan a confusión) como a ellos convenía: una agresión contra el pueblo pacífico que enarbolaba pancartas que decían que eran gente de paz… pero que en la marea de la furia y el odio incubado con paciencia durante treinta años sólo era un deseo. Un quiero pero no puedo. Hay vídeos donde se observa perfectamente como los ‘pacifistas’ eran arrollados por la turba y los encapuchados.

 Claro que este es un país extremoso –como me decía un amigo argentino, que ya es decir– y estaba por un lado Podemos, para quien tanto el juicio como la sentencia eran injustos; y por el otro la derecha (que un día es centro derecha, y al siguiente parece una franquicia de Vox) y la extrema derecha, para quienes “no se dio leña suficiente”, se abandonó a la Policía Nacional, no se empleó a fondo a la Guardia Civil… etc.

Y en este etcétera entran los agitadores habituales de ciertos medios de incomunicación que jalean la acción directa, socavan la democracia con una continuada campaña de difamaciones y mentiras, y no ocultan sus querencias franquistas para ganar lectores; y entran los de Vox y otros ‘echados pa’lante’ de las redes sociales que claman por una intervención del Ejército (modelo chileno de estos días: al parecer más de 10 muertos… y rendición del presidente). Incluso circulan por WhatsApp unos desquiciados anónimos en los que anónimos militares presuntos dicen que si hace falta pedirán días libres colectivos para ir al ‘frente’ catalán para ayudar a la policía…

Esto plantearía unos cuantos problemas técnicos y legales y uno mental. Los técnicos son que los cañones militares no son de agua sino de proyectiles; y las pistolas y fusiles no son de fogueo o de pelotas de goma sino de balas. Las FAS no tienen material antidisturbios. Ah, y estamos en la Unión Europea. 

Torra exige a Sánchez que se siente a dialogar en una ‘negociación sin condiciones’... Lo cual ya implica una condición. ¿No?

El otro problema es más difícil: es el trastorno mental que empieza en el mismo instante en que se pierde de vista tanto la ‘proporcionalidad’ de la represión como la evolución de los acontecimientos. Y que un herido o un muerto ‘por mis cojones’ sería motivo para que los propios policías y guardias civiles practicaran detenciones in situ por homicidio.

Cuando aún quedan los adoquines en las avenidas, en el aire el olor a quemado de contenedores y mobiliario urbano, los cristales rotos de cientos de escaparates, el pillaje, los policías heridos, algunos de gravedad, en los hospitales, el president, Quim Torra, exige al presidente del Gobierno que se siente a dialogar en una ‘negociación sin condiciones’. Lo que ya implica una condición. ¿No? 

Pero Sánchez no se le pone al teléfono “hasta que condene claramente la violencia”. Pero los arabescos dialécticos del activista secesionista no pueden ocultar la gran verdad: no puede hacerlo porque él mismo jaleó la ‘respuesta’ al TS de cuya degeneración salieron los tumultos.

Vamos a ver: el acatamiento de una Sentencia del Tribunal Supremo no se puede negociar para desatascar. Como lo es el respeto escrupuloso al Estatut catalán y a la Constitución Española. Si el president del Govern y el president del Parlament no están del lado de las leyes superiores que les obligan, es que están fuera de ellas. Fuera de la ley. ¿Un poquito solamente? Bueno, da igual, es como la adolescente embarazada que ante el enfado de su padres sorprendidos por la noticia les decía que, sí, “pero solo un poquito”. 

Por el tempus con que Torra exige una negociación, mientras aún los empleados municipales reconstruyen los lugares más afectados por la violencia, más que diálogo lo que pretende es un chantaje. Primero, ha provocado el incendio social, ha llamado al levantamiento, a rebelarse, luego, los radicales se han echado a la calle, han incendiado Cataluña, han bloqueado los aeropuertos y las carreteras y autopistas, han demostrado que hay que tenerles miedo, que con ellos no van las leyes del Estado. Es una aplicación práctica del principio de disuasión que ya enunciara Hermócrates de Siracusa.

Torra más que diálogo lo que pretende es un chantaje.

Quizás los dirigentes de esta última escaramuza antisistema no se den cabal cuenta de que han ido dejando un rastro que, desde el minuto cero la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos D’esquadra y los servicios de inteligencia han ido anotando en su partes, y que debido a su importancia como desórdenes públicos con graves daños materiales y agresiones, fiscales y jueces van encarrilando el material para acusar a los promotores de lo que proceda en derecho. Pero algo procederá: y esto lo comprobarán también los jóvenes y no tan jóvenes, aún no detenidos, que han participado en los tumultos según vayan siendo identificados.

Sobre todo, el ‘caso CDR’ puede ser clave, por su gravedad, un poco olvidada por los sucesos posteriores: la desarticulación, casi con las manos en la masa, de un grupo de miembros radicales de los ya de por sí radicales Comités de Defensa de la República que tenían material para fabricar artefactos explosivos y que han sido acusados de terrorismo. Eso, y la ‘operación Tsunami Democràtic’ están ahí y formarán parte de la agenda judicial y política de los próximos meses. 

Por eso la prioridad electoral, y post electoral, debe ser la de un gobierno fuerte  para encarar estos desafíos, y también elecciones adelantadas en Cataluña, para escapar del caos sin caer en el precipicio.

Todos, pues, pendientes de las neuronas.

 

Síguenos también en el Facebook de El HuffPost Blogs