El precio de la estabilidad

En política como en la vida hay dos maneras de ver lo que acontece. Una es pensar que nada es un milagro y otra, creer que todo lo es. Para Unidos Podemos, que Pedro Sánchez viaje en helicóptero de La Moncloa a Torrejón, vuele en un Falcón de las Fuerzas Armadas para asistir a un festival de música en Castellón, se niegue a hacer pública la lista de amnistiados por el PP o se oponga a una comisión de investigación sobre los presuntos negocios de Juan Carlos I, es una muestra de que el presidente del Gobierno considera que ha llegado a serlo, no por un prodigio de la democracia parlamentaria, sino porque él lo vale o porque había llegado su momento.

En estos términos resumen desde la formación morada lo sucedido el viernes en el Congreso de los Diputados para eximirse de cualquier responsabilidad por lo ocurrido con la senda de déficit y el techo de gasto. Si el Gobierno no tiene hoy un cuadro macroeconómico para redactar los Presupuestos Generales del Estado para 2019 es porque el presidente "no se molestó siquiera en pedir apoyo a quienes le auparon a la Presidencia" y dio por buena la estrategia de su jefe de gabinete, Iván Redondo, de "presionar a los de Iglesias a través de los medios de comunicación".

El lamento y el entrecomillado llega de las filas moradas, desde donde aseguran que había voluntad de que se mantuviera la tregua al Ejecutivo de Sánchez y que fue sólo la "torpe estrategia de la La Moncloa" la que dio al traste con el armisticio. Ni la llamada "in extremis" de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias -aún de baja por paternidad- horas antes de la votación del pasado viernes pudo evitar el desastre.

En la dirección de Podemos recuerdan que 84 diputados no son 180 y que el Gobierno, desde que tomó posesión, ha actuado como si los tuviera. No sólo por la ausencia de diálogo con sus socios de investidura, sino también por su flirteo con la derecha de Pablo Casado para que se abstuviera en la votación del cuadro macroeconómico.

La alargada sombra del Iván Redondo, a quien el presidente ha dado atribuciones más allá de las conferidas por organigrama a un jefe de gabinete, es a juicio de algunas voces moradas, también la responsable de algunos nombramientos entre la izquierda de renombre más cercana a Gaspar Llamazares y Baltasar Garzón que al círculo de Podemos. Y ello ha sido también un motivo de malestar entre los socios de investidura, a quienes Sánchez ofreció presidir algunas empresas y organismos públicos para responsabilizarlos en la gestión gubernamental.

Así las cosas, Iglesias, que reprochó al presidente durante su última conversación telefónica la ausencia de una comunicación fluida, ya ha puesto condiciones y precio a su apoyo para los Presupuestos de 2019, que el Gobierno está obligado a aprobar para preservar la ya de por sí maltrecha estabilidad y no tener que adelantar anticipadamente las elecciones. Entre las primeras, que Sánchez no olvide que es un Gobierno por la izquierda, que tenga en cuenta que el apoyo mayoritario para ser investido le vino de los 71 diputados de Podemos y que deje de actuar como si en el Congreso tuviera mayoría absoluta.

Podemos ya avanza que arrancará el curso con un apoyo explícito a las movilizaciones en la calle y con lealtad institucional, siempre que el Gobierno incluya en los Presupuestos una parte de las 20 medidas que Iglesias le puso encima de la mesa en su primer encuentro en La Moncloa. Entre ellas, la derogación de la ley mordaza, la reforma de la ley de arrendamientos urbanos para frenar los alquileres abusivos, la reducción de la jornada laboral, la eliminación de los copagos sanitarios, una ley de rentas garantizadas, el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) o la recuperación del rescate bancario.

Su abstención a la senda de déficit, además de un baño de realismo para el Gobierno, fue un toque de atención de los morados, tras el que esperan que Sánchez abra una vía sincera de negociación con quienes le ayudaron a llegar a La Moncloa y les empiece a considerar interlocutores "necesarios y prioritarios", también en lo que respecta en la cuestión territorial y la crisis catalana.

Hasta aquí los deberes que la formación morada ha puesto al Gobierno para mantener una estabilidad que no sólo depende de Podemos sino también del independentismo catalán. Y, a juzgar por la advertencia de Puigdemont a su regreso a Waterloo, si Sánchez quiere seguir en La Moncloa tendrá que hacer algo más que atender una agenda feminista progresista, social y mantener un cauce de diálogo para regresar a la normalidad institucional con la Generalitat mediante comisiones mixtas o bilaterales.

Cuando Puigdemont advierte a Sánchez que "el periodo de gracia se acaba", lo que está es elevando el precio del apoyo del PdeCat en el Congreso. Su abstención a la senda de déficit fue, como en el caso de Podemos, una dosis de recuerdo sobre a quién debe su presidencia, además de un aviso de hasta dónde pueden complicarle la existencia como presidente de Gobierno. Y más allá de lo que el secesionismo trame para el próximo 11-S o el aniversario del 1-O, lo que les ocupa ahora es el juicio contra los líderes del independentismo y una posible rebaja en la petición de penas por parte de la la Fiscalía General del Estado, después de que un tribunal alemán haya enmendado la plana a la Justicia española y puesto en cuestión la imputación del delito de rebelión en el que se empeña el juez Llarena.

Pues eso, que la estabilidad tenía un precio... Ahora sólo falta saber si Sánchez está o no pagarlo tras las vacaciones de verano.