Más mala fe que ignorancia y seguramente prevaricación
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Un día antes del 18 de julio, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (que anula once artículos del decreto que regula el valenciano, pegándole un hachazo de muerte) dictaminó que la Comunidad Valenciana debe relacionarse forzosamente en castellano con las otras comunidades con las que comparte lengua (o sea, las Baleares y Cataluña).
La aplicación del decreto de Usos lingüísticos en la Administración (Decreto 6/2017 de la Generalitat) no había generado ningún tipo de conflicto ni movilización en contra: el PP lo ha llevado a los tribunales en su afán tan sólo de sembrar discordia y cizaña. Esperamos que no sea una continuación de la violenta y tenebrosa —bombas incluidas— «guerra de las lenguas» que tuvo que sufrir Valencia durante la Transición y después.
La Sala lo que seguro hace —a renglón seguido de seis antieconómicas líneas en las que, a regañadientes, admite que valenciano y catalán son dos variantes de la misma lengua y, aunque lo niegue en un inciso—es definirse al respecto, y con ensañamiento y escarnio. Porque acto seguido hace ver —despreciando lengua y ciencia— que puede prescindir de ello y decide contra natura, el sentido común y la decencia, que la Constitución, diga lo que diga, pasa por encima de todo.
Suerte que la Constitución no dice que el sol gira alrededor de la Tierra, porque si lo dijera, según los señores Miguel Ángel Olarte Madero, Edilberto José Narbón Laínez y Manuel José Domingo Zaballos (¡vaya tropa!) deberíamos acatarlo. El mismo funcionamiento que la Inquisición.
Según los tres jueces, el Gobierno de Valencia deberá dirigirse a los de las Baleares y Cataluña en castellano porque la Constitución está por encima tanto del conocimiento científico como de la realidad.
Tanto seguir a pies juntillas siempre a la Real Academia Española y esta vez ni caso. ¿Será porque cada vez que se lo preguntan la Academia manifiesta que valenciano y catalán son variantes de una misma lengua?
Tanto proclamar que debe de haber separación de poderes pero por pura, miope y mezquina estrategia política desprecian la jurisprudencia del propio Tribunal Superior de Justicia valenciano que en una cuarentena de resoluciones ha sentenciado explícitamente una evidencia científica: la unidad lingüística de valenciano y catalán.
Tanto pregonar las bondades de la unión y cuando podrían demostrar que la unidad se hace practicándola, la pulverizan.
Una sentencia similar sería decidir que la lengua que deberían utilizar entre sí, por ejemplo, Andalucía y Cantabria fuera el latín o el inglés.
No es ninguna novedad. Sigue una execrable tradición. En 2013 el gobierno de la Comunidad de Aragón —una vez más el PP— se inventó dos lenguas: el LAPAO y el LAPAPYP, para desvirtuar lo que se conoce respectivamente como catalán y aragonés.
Durante años han venido (y vienen) a trabajar a institutos de Cataluña muchas profesoras y profesores del País Valenciano que se han licenciado en facultades valencianas. En cambio, si te habías licenciado en Cataluña no podías ir a trabajar a un instituto de Valencia porque allí el PP lo impedía con la cínica excusa de que la licenciatura era en «catalán» y no en «valenciano». Por eso son tan importantes los nombres, porque hay quien procura que, al margen de la realidad, el nombre haga la cosa; habitualmente con consecuencias lesivas. Hace escasos días y a propósito de la lengua, Amelia Valcárcel recordaba la ofuscación de un catedrático a quien una decana recién elegida había enviado un oficio firmado con su cargo. El hombre contestó que como no existía ninguna «decana» tiraría el escrito a la papelera. No, no es cosa del pasado. Ocurre todavía, al menos respecto a la lengua.
Peor fue quizás escuchar a la portavoz de Ciudadanos, Carolina Punset, dividir zafiamente las lenguas entre universales y aldeanas durante el debate de investidura de Ximo Puig a finales de junio de 2015; entre lenguas que sirven para buscar trabajo y lenguas que no.
Quizás lo encontrarán llevado por los pelos, pero lo veo emparentado con la reacción furibunda del PP y la derecha en general cuando el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein falló sobre la euroorden contra Carles Puigdemont. A su entender, como se trata de un tribunal regional y no central, sus decisiones son dudosas y no pueden tomarse en serio. Escupían, para referirse a él, los adjetivos «provincial» o «regional»; así ven una lengua hecha y derecha como el valenciano. De paso, ponían de manifiesto que el mantra con el que se llenan la boca de que el Estado español es el más descentralizado de Europa no es que sea pura imaginación, es que es lisa y llanamente mentira.
Aprovecho que este año se cumple el ciento cincuenta aniversario del nacimiento de Pompeu Fabra para retroceder un poco más y recordar que ya en 1939 las hordas falangistas asaltaron su domicilio (en la calle de la Mercè de Badalona) y no dejaron ni un peligroso papel vivo.
Si cruzamos la frontera, vemos que en Francia —el modelo del centralismo más desbocado es el borbónico y en él se suelen reflejar los partidos estatales de aquí—, la justicia ha decapitado la «ñ» y no ha permitido que una familia bretona registrara a un niño como Fañch porque la «ñ» no existe en la lengua francesa. Como la «ñ» forma parte de la ortografía bretona y vasca, guillotinarla es un sopapo y un insulto en toda regla a estas dos lenguas. Según el tribunal, admitirla sería «romper la voluntad de nuestro Estado de derecho de mantener la unidad del país». Ahí es nada.
A la vista de sentencias como éstas, puede pedirse que se acaten —¡qué remedio queda!— pero de ningún modo no pueden esperar que las respetemos.
