Economía sostenible y gobernanza: ¿Es posible orientar las fuerzas del mercado?

Foto: IStock.

Hay quien dice que lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Este pensamiento de José Ortega y Gasset, citado en un periodo de gran incertidumbre de la historia española, podría mencionarse también en nuestros días.

Estamos intentando salir de la crisis económica pero el progreso es lento, a veces poco perceptible, probablemente debido a que en el contexto europeo y global las dinámicas no son mucho más favorables.

No es fácil explicar esta realidad con pocas palabras. Sin pretensión de hacerlo, sí quería esbozar algunas tendencias que pueden estar en la base de algunos de los problemas con los que nos encontramos.

Por un lado, es un hecho que existe un cierto desplazamiento de la economía hacia los países emergentes que crecen a tasas sensiblemente mayores. Con menores costes laborales, estos países atraen las inversiones incentivando procesos de deslocalización industrial. Paralelamente, el avance del desarrollo tecnológico, de las tecnologías de la información y comunicación y la robotización de los procesos industriales, están provocando una acelerada transformación de la economía y el trabajo, impactando en la calidad y cantidad del empleo.

La liberalización de los mercados ha promovido la expansión del comercio a nivel mundial llevando aparejada la integración de la economía global. Al mismo tiempo, se constata un proceso de concentración de la producción en compañías multinacionales que son responsables de las cadenas de valor mundiales y que suponen un 80% del comercio mundial. En lo que se refiere a la financiación, se percibe una alta volatilidad de los flujos de capitales lo que unido a la variabilidad de los precios del petróleo, genera distorsiones a nivel macro y micro. Y los excesos medioambientales de una industria altamente competitiva están contribuyendo al agotamiento de ciertos recursos y el deterioro de los ecosistemas.

Estas dinámicas globales están provocando algunos de los efectos y problemas que experimentamos. Se constata un aumento de la concentración de la riqueza y la extensión de la desigualdad. Se tiende a acrecentar la polarización del mundo en zonas de progreso y zonas desfavorecidas. Se pone en cuestión el axioma de que el crecimiento económico del PIB lleva aparejado el crecimiento del empleo. Y que el crecimiento ilimitado es posible en un mundo con recursos limitados. También se pone en evidencia la carencia de gobernabilidad mundial que regule y minimice las externalidades negativas y establezca mecanismos para evitar la excesiva polarización económica entre países.

¿Y cuáles son las perspectivas esperables si no se introducen correcciones? Pues seguramente mayor integración comercial, mayor concentración de riqueza, mayor volatilidad de capitales, mayor desigualdad, mayor precariedad laboral, mayores problemas medioambientales, mayor inmigración y menor control de los estados.

En una reciente investigación, se concluía que aunque las dinámicas supraestatales o que se escapan a las capacidades de los estados van en aumento y tienen una importante incidencia, aún los gobiernos nacionales mantienen unas grandes posibilidades para orientar los procesos, minimizar los impactos negativos y aprovechar, reposicionándose, las oportunidades de los cambios del entorno. Esto es mucho más claro si en la reflexión incorporamos el marco europeo.

¿Qué está haciendo la Unión Europea? Si bien las competencias en materia económica son responsabilidad de los estados, excepto la política monetaria, la Unión Europea establece el marco de gobernanza económica (y se encarga de velar por su cumplimiento) así como de definir la estrategia de competitividad y de crecimiento europeo (Europa 2020) siendo la función de los estados nacionales el desarrollar las reformas necesarias en cada país para hacerla realidad.

La estrategia Europa 2020 se basa en el conocimiento, la innovación y el desarrollo sostenible e inclusivo. Es una estrategia consistente que enfrenta los problemas de pérdida de competencia europea al apostar por la sociedad del conocimiento proponiendo orientar el crecimiento hacia la producción de bienes y servicios de mayor valor añadido y promoviendo el mercado de la sostenibilidad. Además, Europa está auspiciando iniciativas interesantes como la conformación de clusters, la promoción de la economía circular y la economía social, avances en la RSC, avances en gobierno corporativo, etc.

Sin embargo, no es suficiente con que Europa despliegue una estrategia que nos haga más competitivos en el contexto mundial. Paralelamente, es necesario ir sentando las bases de una economía cuyas fuerzas nos conduzcan a externalidades más positivas.

En realidad estamos ante la disyuntiva de asumir el destino que nos deparen las dinámicas globales o enfrentarlas tratando de reorientarlas para que se amplíe su capacidad de generación de efectos positivos para la sociedad.

En un trabajo anterior, ¿Cómo avanzar hacia una nueva economía?, se exponen de forma detallada algunas ideas que pasan por medir de forma más amplia a las empresas (adicionando las dimensiones medioambientales y sociales) y posibilitar al consumidor discriminar sobre la calidad de las empresas en función de estas dimensiones y no sólo por el precio de los productos y servicios (estableciendo un etiquetado sencillo que facilite al consumidor su decisión en base a criterios de sostenibilidad). Estos son aspectos clave para avanzar.

Europa está muy bien posicionada para ello por su capacidad comercial, el volumen de mercado que genera y por ser referente en estándares ambientales. En esta línea, la Comisión Europea podría auspiciar el sistema de medición de la actividad empresarial incluyendo los parámetros sociales y medioambientales, así como un código de información estandarizado a los consumidores que permita discriminar las empresas en función de estas dimensiones.

¿Pero qué pueden hacer los estados nacionales? En primer lugar, para los países europeos, hacer realidad la estrategia europea, con las adaptaciones que sean necesarias, y aprovechar en mayor medida las oportunidades que se derivan de sus múltiples y variados programas. Y de forma paralela, desarrollar a nivel nacional los incentivos necesarios para ir transitando hacia una economía más sostenible e inclusiva.

La administración pública tiene un gran potencial como facilitador para la extensión de la economía sostenible. Los incentivos pueden ser de distintos tipos, cambios legislativos, regulatorios, fiscales, subvenciones, ventajas o primas, etc. Se trata de generar las bases para que los actores públicos y privados inviertan y apuesten por aquellas actividades que contribuyen de forma positiva al medioambiente y a la sociedad en general.

Y hay mucho por hacer. A modo de ejemplos: una mejor regulación energética que promueva la producción doméstica y las energías renovables, incentivar la rehabilitación energética de edificios, aplicar un tipo reducido de IVA a productos con un impacto medioambiental positivo (productos encuadrados en lo que se denomina economía circular, fertilizantes orgánicos, derivados de agricultura ecológica, etc.), ampliar las deducciones por inversiones ambientales en el impuesto sobre sociedades, impuestos más reducidos para las empresas sociales y cooperativas, clausulas socio-ambientales en las compras públicas, incentivos fiscales a la Inversión Socialmente Responsable, deducciones fiscales a los Bancos que financien inversiones en sostenibilidad, nuevas deducciones en el IRPF por la adquisición de transporte sostenible, etc.

Es importante concluir que una regulación positiva o incentivos como los mencionados no se contraponen al funcionamiento de los mercados sino que los orientan para que los resultados sean los más favorables para la sociedad. No se trata de poner restricciones arbitrarias a las empresas sino de favorecer a las que se esfuerzan más por aportar mayor valor a la sociedad y no generar problemas adicionales.

Necesitamos más empresas y más empleos pero que sean empresas con efectos y externalidades más sostenibles y valoradas por la sociedad. Se trata, en definitiva, de poner a los mercados, en mayor medida, al servicio de la sociedad.