Salir de la crisis: Recomendaciones específicas para España
Se considera que España cumple las condiciones para ampliar en dos años el plazo para corregir su déficit excesivo. En cuanto al programa de reformas, la CE concluye que se está yendo en la buena dirección. Al mismo tiempo, se subraya que es urgente aprobar y aplicar reformas pendientes.
El pasado 29 de mayo, la Comisión Europea (CE) adoptó sus recomendaciones económicas anuales a los Estados miembros de la Unión Europea (UE), destinadas a sacar a Europa de la crisis y a consolidar las bases del crecimiento. Como dijo ese mismo día el presidente de la CE, José Manuel Barroso, con estas recomendaciones lo que se quiere es "liquidar los dos legados duraderos de esta crisis, la grave pérdida de competitividad de muchos Estados y el desempleo persistente, con todas sus consecuencias sociales".
Las recomendaciones para este año son concretas y realistas y están adaptadas a la situación de cada Estado miembro. En el caso de España, se considera que cumple las condiciones para ampliar en dos años (hasta 2016) el plazo para corregir su déficit excesivo. Para conseguirlo, España deberá tener un objetivo de déficit del 6,5% del PIB en 2013, el 5,8% en 2014, el 4,2% en 2015, y finalmente el 2,8% en 2016, cumpliendo así con el objetivo del 3%. Para alcanzar estas previsiones debe aplicar en todos los niveles del Estado las medidas adoptadas en los planes presupuestarios de 2013 y estar preparada para tomar medidas correctivas en el caso de que se produzcan desviaciones.
En cuanto al programa de reformas español, la CE concluye que se está yendo en la buena dirección. Al mismo tiempo, se subraya que es urgente aprobar y aplicar con eficacia las siguientes reformas pendientes:
- Poner en marcha antes de que termine el año un organismo presupuestario independiente que supervise, analice y asesore la conformidad de la política presupuestaria con las normas nacionales y las de la UE.
- Antes de que termine 2013 debe de estar regulado el factor de sostenibilidad que garantice la estabilidad financiera del sistema de pensiones, estableciendo la edad de jubilación en función del aumento de la esperanza de vida.
- A principios de 2014 tiene que estar en vigor la Ley de Desindexación para reducir la influencia de los precios en el gasto e ingresos públicos.
- En 2014 el gasto público tiene que haber ganado en eficiencia y calidad en todos los niveles de la Administración y las mayores partidas de gasto se deben someter a un examen sistemático. La Administración debe pagar las facturas pendientes y evitar que se vuelvan a acumular, a la vez que debe publicar datos sobre las cantidades pendientes.
- La relación coste-eficacia del sector sanitario debe ser mayor, reduciendo por ejemplo el gasto farmacéutico de los hospitales, potenciando la coordinación entre los distintos tipos de asistencia sanitaria, manteniendo al mismo tiempo la atención a los grupos vulnerables.
- Llevar a cabo el programa del sector financiero para la recapitalización de las instituciones financieras, incluidas las medidas de fomento de la intermediación no bancaria adoptadas en noviembre de 2012.
- Estudiar la posibilidad de subir el IVA y los impuestos medioambientales, sobre todo a los carburantes; reducir el sesgo en favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades; intensificar la lucha contra la economía sumergida y el trabajo no declarado.
- Poner en marcha las medidas necesarias para reducir el número de personas en riesgo de pobreza o marginación social reforzando las políticas activas dirigidas al mercado de trabajo, con el fin de aumentar la empleabilidad de las personas con menos posibilidades, y mejorar el objetivo, la adecuación, la eficiencia y la eficacia de las medidas de apoyo, incluidos servicios de ayuda de calidad a las familias.
- Examinar la eficacia del marco regulador respecto al apoyo al desarrollo del mercado de alquiler de viviendas.
En cuanto a la reforma del mercado de trabajo de 2012, la CE pide que sea evaluada antes de julio de 2013, de forma que si hay que aplicar reformas se hagan antes de septiembre. El Gobierno español tiene que aprobar el Plan Nacional de Empleo de 2013 antes del mes de julio, y realizar rápidamente una reforma de las políticas activas del mercado de trabajo. Debe reforzar y modernizar los servicios de empleo público para garantizar una asistencia individualizada a los desempleados según sus perfiles y necesidades de formación y reforzar la eficacia de los programas de recualificación para los trabajadores de más edad y de escasa cualificación.
El otro gran reto para la Comisión es atajar el desempleo, sobre todo el que afecta a los jóvenes. Para ello, se pide que España aplique las medidas expuestas en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016 y efectúe un estrecho seguimiento de la eficacia de las mismas, por ejemplo mediante una garantía juvenil; que prosiga la labor encaminada a reforzar la pertinencia de la educación y la formación para el mercado de trabajo, reducir el abandono escolar prematuro y potenciar la educación permanente, prorrogando la aplicación de la formación profesional dual más allá de la actual fase piloto e introduciendo un sistema global de seguimiento del rendimiento de los alumnos para finales de 2013.
En cuanto a cuestiones empresariales, la Comisión pide a España que apruebe y aplique urgentemente el proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado; que garantice la eficacia, autonomía e independencia del organismo regulador creado recientemente; que apruebe y aplique la Ley de Colegios y Servicios Profesionales y la Ley de Apoyo al Emprendedor; y que reagrupe y concentre los regímenes de apoyo a la internacionalización de las empresas.
En definitiva, estas recomendaciones tienen como objetivo sacar a Europa de la crisis, combinando de forma inteligente reformas estructurales que fomentan el crecimiento económico junto con una consolidación fiscal inevitable. El siguiente paso ahora es al análisis de las recomendaciones económicas por parte del Consejo de ministros de finanzas de la UE (ECOFIN). Una vez enmendadas y aprobadas, pasarán para aprobación final al Consejo Europeo del 27-28 de junio, y es en ese momento cuando serán formalmente enviadas a cada Estado Miembro.
