La condición número dos

El lunes, Albert Rivera anunció cinco condiciones para poder entrar a debatir un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista. Cinco puntos para una reforma exprés de la Constitución que debería realizarse en los tres primeros meses de gobierno. Y la segunda de esas condiciones es facilitar las iniciativas legislativas populares, las conocidas ILPs, bajando de 500.000 a 250.000 las firmas necesarias para impulsarlas.

Pedro Sánchez salió raudo a decir que sí. Y no me extraña. Porque en lo que a iniciativas legislativas populares se refiere, da igual ocho que ochenta, da igual 500.000 que 250.000, porque las iniciativas legislativas populares no sirven para nada.

Y no es una opinión. Ya lo conté en un Salvados hace unos años, pero lo vuelvo a repetir. Juzguen por ustedes mismos. En toda nuestra historia democrática se han tramitado 115 iniciativas legislativas populares. ¿Y saben cuántas de esas 115 iniciativas han conseguido aprobar leyes promovidas por los ciudadanos? Ninguna.

Para ser justos, hay que decir que, durante mucho tiempo, una de esas iniciativas había conseguido cambiar, atención, un artículo de una ley en el año 1996. Una modificación que buscaba favorecer los desahucios y que, al cabo de cuatro años, quedó en agua de borrajas porque el Congreso modificó de nuevo la ley.

Más recientemente conocimos la iniciativa promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que, sobre todo, buscaba la dación en pago retroactiva para paralizar el drama de los desahucios. Batió un récord: no recogió 500.000, sino más de 1.500.000 firmas. Una barbaridad. ¿En qué quedó? En nada. El Partido Popular subsumió esa ILP en su propia Ley y, como dijo la propia PAH, dejó completamente desvirtuada su iniciativa. En otras palabras, "recoge las firmas que quieras, que yo aprobaré lo que me dé la gana".

Pero ojo, sí ha habido una iniciativa legislativa popular que, sin convertirse en ley toda ella, sí ha sido bien tratada recientemente por el Congreso. Se trata de la iniciativa que pedía convertir la tauromaquia en patrimonio nacional.

Lo vuelvo a repetir. Las iniciativas legislativas populares no sirven para nada y, por lo tanto, da igual que haya que reunir 500.000 que 250.000 que 25 firmas si el Congreso de los Diputados puede hacer lo que le dé la gana una vez esa iniciativa llega a sus puertas. Porque, repito, el Congreso no tiene ninguna obligación de aprobar esas iniciativas y, si las aprueba total o parcialmente, puede deshacerlas cuando le dé la gana. Así que Albert y Pedro, lo siento pero no.

Pero ya que estáis por la labor, permitidme que os sugiera cambiar ese punto 2 por algo mucho más interesante y mucho más útil: reformar el Derecho de Petición.

Plataformas tecnológicas de peticiones de ámbito global como Change.org se han convertido ya en canales habituales de millones de españoles para proponer cambios legislativos, protestar contra los efectos de la acción de las Administraciones o sugerir correcciones a su funcionamiento.

Sin ir más lejos, España es el país con una mayor proporción de usuarios de Change.org del mundo. La plataforma, presente en 196 países, no registra unos números iguales a los de España. Que más del 25% de los usuarios de internet en España -casi 10.000.000 ciudadanos- recurran a esta plataforma para protestar y articular propuestas, da una muestra del estado de desamparo de millones de ciudadanos ante la iniciativa legislativa.

Por eso debemos dejar atrás la iniciativa legislativa popular y centrarnos en reformar un derecho que está más vivo que nunca: el Derecho de Petición.

Hace unos años ya lo expliqué en este artículo aquí en El Huffington Post. Os recomiendo que lo leais, pero os hago aquí mismo un corta y pega de lo más importante que dije, que sé que tenéis poco tiempo:

Así que Albert, Pedro: menos marear con la iniciativa legislativa popular que no sirve para nada y más abrir las puertas del parlamento a lo que ya están utilizando los ciudadanos porque saben que funciona.

Ha llegado el momento de reformar el Derecho de Petición.