Infancia y presupuestos 2018: de nuevo oportunidades perdidas
Menos del 1% de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 estaba orientado específicamente a los niños y niñas, directamente o a través de sus familias. Y, tras analizarlo desde UNICEF en clave de infancia con una metodología propia, lo mismo ocurre en el proyecto de presupuestos 2018.
En concreto, las 12 partidas más relevantes para este colectivo (y que explican más del 95% de ese gasto) suponían en 2017 el 0,92% del total del PGE, y la cifra para 2018 es exactamente la misma. Aun siendo conscientes de que otras administraciones, autonómicas y locales, asumen una parte importantes del gasto directo en infancia, que en los PGE no haya avances para la infancia en tiempos de bonanza económica debe considerarse un retroceso. Demasiados niños y niñas y sus familias no deberían esperar más en un contexto de muy elevadas cifras de pobreza infantil y altas cifras de abandono escolar.
Este proyecto de presupuestos tampoco es coherente con los términos del pacto de investidura entre el Partido Popular y Ciudadanos acerca de la lucha contra la pobreza infantil, que parece encontrar siempre obstáculos para llevarse a cabo y que, entre el año pasado y este proyecto de presupuestos, solo incluiría un incremento real de 24 millones de euros (frente a los 2.560 millones comprometidos para 2017 y 2018).
Los PGE presentados, como otros que los han precedido, se enmarcan en la tendencia de reducción del gasto público de los últimos años. Si se lee en clave de infancia, se caracteriza por tres aspectos.
En primer lugar, el muy escaso peso de la infancia en el gasto de la Administración General del Estado, consecuencia de que muchas competencias en temas educativos y sociales no le son propias. Pero incluso en este contexto, UNICEF Comité Español considera que esta baja cifra se debe en gran medida un déficit general en la orientación de las políticas estatales hacia la infancia y a los recortes de años previos (una reducción acumulada de 6.853 millones desde 2009 hasta 2016 en protección social y educación, entre la Administración General y la Seguridad Social), y solo parcialmente se debe a ese reparto de competencias entre administraciones.
En segundo lugar, la muy baja orientación de las pensiones y prestaciones de la Seguridad Social a los niños y niñas, y en particular a aquellos en situación de pobreza o exclusión social. Una parte sustancial de estas prestaciones son contributivas (ligadas a las cotizaciones) y, o no están dirigidas a la infancia, como las pensiones, o no alcanzan a los hogares con menos ingresos. Incluso en ayudas no contributivas, como la prestación por hijo a cargo, los destinatarios menores de 18 años son una parte minoritaria (solo un 32% en este caso).
Y, por último, el alto peso del gasto fiscal (desgravaciones, exenciones y deducciones), que suma casi 35.000 millones de euros en el proyecto, con un incremento de más del 9%, y en el que, en este caso, la infancia sí tiene un peso relevante. Este ha sido el formato elegido para incrementar el gasto (más bien el "no ingreso") en medidas recientes de familia e infancia como las deducciones en el IRPF a familias numerosas, monoparentales y con descendientes con discapacidad, y también lo ha sido para las nuevas propuestas de deducción por guarderías, o los incrementos en las deducciones para familias numerosas y personas con discapacidad, lo que supone un incremento del gasto fiscal de 663 millones (parte de él en 2019). De nuevo es necesario hacer notar que estas medidas en forma de deducciones fiscales difícilmente llegan a muchos de los hogares con menos recursos económicos que, obviamente, no hacen la declaración de la renta.
Un análisis sucinto de otros programas y partidas principales relacionados con la infancia del proyecto 2018 revela, por ejemplo, que la medida anunciada de aumentar el permiso de paternidad, sin duda positiva, causa un incremento de la partida correspondiente de 109 millones. Las partidas orientadas a la pobreza infantil se incrementan solo en 4,5 millones (de 342 a 346,5), poco más del 1,3% respecto a 2017. Los programas orientados a la educación (en Ceuta y Melilla, en becas y otras partidas educativas) se incrementan en 68 millones, aunque el peso de las becas universitarias es muy importante en ellas. El programa específico de atención a las familia y la infancia se reduce en 1,4 millones (un 19% menos) y también menguan los fondos para la educación compensatoria o la cobertura de los libro de texto. Son cifras llamativas, algunas de ellas en positivo, pero que quizás deberían seguir la senda, por ejemplo, del incremento de las pensiones para 2018, de casi 5.200 millones de euros.
Hay otras partidas no directamente relacionadas con la infancia, pero también relevantes para esta. Aunque crecen en 1.296 millones las de trasferencias genéricas a otras administraciones, que permitirían a las comunidades autónomas y las entidades locales aumentar el gasto social, en educación o en salud, se reducen las prestaciones y subsidios por desempleo. Según los análisis de UNICEF, estas últimas son las partidas que más contribuyen a reducir la pobreza infantil (sí, no lo son las específicas de infancia), y en este proyecto menguan en un notable 3,4% (616 millones menos).
Lo que vuelven a demostrar estos presupuestos es que la infancia no es una prioridad política ni presupuestaria, y que los acuerdos relacionados con ella son fácilmente eludibles porque siempre hay otras prioridades. El peso de la infancia en el conjunto del gasto directo sigue congelado en cifras llamativamente bajas, tras intensos recortes hasta 2014.
Mientras tanto, se incrementan apreciablemente las desgravaciones fiscales, que en otro contexto serían aceptables, pero que siguen dejando atrás a la infancia más vulnerable. Hay que recordar que la infancia fue uno de los primeros colectivos en sufrir (y duramente) las medidas de austeridad y, por lo que parece, tendrá que permanecer aún a la espera para beneficiarse del crecimiento.
Las opciones existen. La primera es, obviamente, incrementar los recursos con una visión de solidaridad intergeneracional en la que los más jóvenes no sean siempre los perdedores. Pero también hay alternativas sin coste añadido, como aumentar las ayudas directas para los hogares con niños con rentas más bajas en vez de mantener las medidas fiscales para las familias adoptadas en los años recientes (y las del PGE 2018). Lo mismo ocurre con las deducciones orientadas a la educación infantil, cuyo importe bien podría orientarse a financiar la dotación de servicios a los que puedan acceder y de los que puedan beneficiarse también los hijos de personas que no están en el mercado de trabajo.
El incremento de las partidas para la infancia, en especial para quienes corren más riesgo de quedarse atrás, es un deber de justicia tras los años de crisis, es una magnífica inversión de futuro, atiende a los derechos humanos y nos coloca en situación de avanzar, por ejemplo, en el logro de los Objetivos 2030 de Desarrollo Sostenible. El aplazamiento reiterado de estas medidas es una nueva carga de nuestras deudas, económicas y también morales, sobre los hombros de los más pequeños.
