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15/12/2017 07:18 CET | Actualizado 15/12/2017 07:18 CET

Lo que la OCDE esconde

Getty Images

La noticia se filtró como una fatalidad en la agenda informativa de la semana pasada. No mereció grandes análisis ni interpretaciones. De hecho muchos diarios optaron por reproducir la nota de las agencias, a modo de incontestable previsión apocalíptica: según la OCDE, España será en 2050 el segundo país más envejecido del mundo, lo cual implicará una tasa de dependencia de 76 pensionistas por cada 100 personas en edad de trabajar.

La esperanza de vida aumenta y el número de nacimientos tiende a decrecer: según la encuesta del Movimiento Natural de la Población del Instituto Nacional de Estadística, en 2017 hubo 32000 fallecimientos más que nacimientos. Trágica aritmética ante la que la única reacción posible pareciera pasar (una vez más) por el sacrificio colectivo: que la edad de jubilación se retrase, que el valor de las pensiones se estanque o incluso disminuya. Trabajar más años, jubilarnos con menos dinero es la prescripción de la OCDE. Un abnegado esfuerzo colectivo a la altura de nuestro inexorable destino demográfico.

¿De verdad no hay nada más que se pueda hacer? ¿Que el contrato generacional esté en riesgo depende exclusivamente de la balanza demográfica?

Pero todo fatalismo debe suscitar una sospecha: ¿de verdad no hay nada más que se pueda hacer? ¿Que el contrato generacional esté en riesgo depende exclusivamente de la balanza demográfica? Si la pregunta se toma en serio, en seguida emergen otras variables de carácter político, social y demográfico que nos permiten cuestionar que el margen de acción de nuestras políticas públicas sea tan estrecho como se sugiere.

  1. En primer lugar, somos un país con un paro estructural que ronda el 20% y supera el 40% entre los jóvenes. A eso hay que sumar la tendencia a la precarización de los nuevos puestos de trabajo generados por el capitalismo cognitivo y la economía de las plataformas: becarios eternos, falsos autónomos o la uberización voluntaria del sector servicios reducen los ingresos por cotizaciones al trabajo. Lo que es más: los efectos de la robotización del trabajo catalizada por los avances de la inteligencia artificial, las aplicaciones y el "internet de las cosas" solo están en grado incipiente, pero la previsión es que afectarán a una creciente diversidad de profesiones, como constata un reciente informe de la Federación Internacional de Robótica.
  2. Nuestro tejido productivo sigue tozudamente aferrado al tercer sector, particularmente al turismo. Los modestos salarios y el elevado índice de temporalidad implican contribuciones fiscales bajas e intermitentes.
  3. La inversión en políticas públicas de primera infancia y dependencia es ínfima. La extensión de la red de escuelas públicas es una demanda a la que ninguna administración termina de responder, y las comunidades autónomas se quedaron hace tiempo afónicas de tanto demandar financiación para aplicar la Ley de Dependencia. Esta ausencia de garantías sociales es una causa directa de que las familias jóvenes retrasen la edad de tener hijos (32 años según el último informe del INE, siendo además España el segundo país con más madres primerizas a partir de los cuarenta años) y, lo que es aun más grave, sigue siendo un escollo estructural para la plena incorporación de la mujer al mercado laboral.
  4. El cortoplacismo político de nuestros partidos es otro mal endémico especialmente sangrante cuando se trata de una planificación social que solo puede diseñarse a largo plazo. Los votos de los pensionistas son un valor para los partidos tradicionalmente gobernantes, PP y PSOE, por un doble motivo: porque ante una pirámide demográfica invertida este es un sector de población en aumento, y porque es la franja de edad comprendida entre los 18 y los 35 años donde estos partidos pierden apoyos electorales de forma sistemática. Como consecuencia, a las formaciones con capacidad ejecutiva les sale más rentable a corto plazo focalizar el gasto social en la tercera edad, pese a que, por las razones aludidas, la sostenibilidad del sistema pasa por una inversión más equilibrada entre la primera infancia, la población activa y la tercera edad.

En conclusión: no es verdad que solo trabajando más años y cobrando pensiones más bajas (cuando, por cierto, ya están por debajo del índice de precios) podamos compensar nuestra elevada tasa de dependencia. ¿Por qué entonces esta es la única recomendación que nos regala la OCDE?

La OCDE crea un marco discursivo que nos lleva a acatar que las pensiones más bajas y el aplazamiento de la edad de jubilación sean las únicas soluciones posibles

Mi respuesta es sencilla: por una motivación ideológica. Al insistir solo en el envejecimiento de la población y la elevada tasa de dependencia, la OCDE crea un marco discursivo que nos lleva a acatar que las pensiones más bajas y el aplazamiento de la edad de jubilación sean las únicas soluciones posibles para salvar el contrato generacional. Me permito poner otro ejemplo de "marco discursivo" para explicar cómo este mecanismo articula el consentimiento de la ciudadanía ante medidas que nos pueden perjudicar. Cuando estalló la crisis financiera de 2008, el marco que se difundió desde las tribunas institucionales fue el célebre "hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ahora nos toca apretarnos el cinturón". Esta metáfora conllevaba la asunción de una culpa que justificaba el sacrifico que supondrían las restricciones en materia de salarios y derechos laborales. Todos pecadores por nuestra codicia, nos tocaba entonces afrontar colectivamente la pena.

El 15M se explica en buena medida como una impugnación de ese marco (recordemos: "esta crisis no la pagamos"). De modo análogo, deberíamos resistir esta forma de afrontar la crisis del sistema de pensiones como un destino trágico del que solo podemos salir mediante el sacrificio colectivo. Como en 2011, debemos cívicamente exigir que nuestros representantes institucionales asuman la responsabilidad de enfrentar políticas públicas ambiciosas en el largo plazo que contrarresten el paro estructural, la precarización del empleo y la ausencia de garantías para las nuevas familias.

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