La UE aprueba prohibir durante dos años los plaguicidas que amenazan a las abejas
La Comisión Europea ha conseguido este lunes el apoyo de una mayoría de países suficiente para prohibir durante dos años el uso de los tres neonicotinoides más frecuentes como plaguicidas en la siembra del girasol, la colza, el algodón y el maíz, por los riesgos que plantean para la salud de las abejas.
Un total de quince países han dado su visto bueno al veto de dos años, incluidos Alemania y Bulgaria, países que en reuniones anteriores se abstuvieron, y de España, que ya se mostró a favor meses atrás, según han informado a Europa Press fuentes comunitarias. En contra han votado ocho delegaciones, entre ellas Reino Unido, y se han abstenido cuatro países.
"El papel de las abejas en la polinización es vital para la seguridad alimentaria y para la biodiversidad. Sólo en Europa el 84% de los cultivos y el 80% de las flores silvestres dependen de insectos como las abejas. El valor de la polinización es incuestionable, solo para la agricultura europea se estima en unos 22 mil millones de euro anuales y a nivel mundial de unos 153 mil millones de euros", escribía hace un mes en su blog en El Huffington Post el director ejecutivo de Greenpeace en España, Mario Rodríguez.
PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN
La propuesta del comisario de Consumo y Protección al Consumidor, Tonio Borg, prevé la entrada en vigor de las medidas restrictivas desde el próximo 1 de julio, aunque fuentes consultadas por Europa Press indicaron que la fecha podría retrasarse por los problemas legales y prácticos que plantea anunciar la medida con tan poco plazo.
La propuesta se basa en el principio de precaución a partir de un informe de la Agencia europea de seguridad alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) que señala tres plaguicidas de la familia de los neonicotinoides comercializados en Europa por Bayer y Syngenta: clotianidina, tiametoxam e imidacloprid. Estos químicos pueden afectan al sistema nervioso de los insectos causándoles parálisis y hasta la muerte, pero no suponen un riesgo para la salud humana.
La medida podría afectar a un tercio de las semillas preparadas en la UE y España es uno de los principales productores, por lo que inicialmente pidió aplazar cualquier decisión hasta tener más datos científicos concluyentes, aunque finalmente se pronunció a favor en una primera votación celebrada en marzo.
