Los frentes abiertos de Rajoy: aborto, pensiones, déficit, Lomce, Cataluña y Bárcenas

Los frentes abiertos de Rajoy: aborto, pensiones, déficit, Lomce, Cataluña y Bárcenas

GTRES

Mariano Rajoy tiene sobre su mesa algunos temas que están llamados a provocarle más de un dolor de cabeza. Y, al menos públicamente, no anuncia una solución.

Con las encuestas cada día más en su contra y la intención de voto a la baja, el presidente se tiene que enfrentar a cuestiones que sabe que le pueden restar muchos apoyos, tanto en la calle como en el seno del partido. En algunos asuntos trata de ganar tiempo, mientras que otros se diluyen en el horizonte a la espera de que el presidente se decida.

Estos son algunos de los frentes que tiene abiertos el Gobierno y para los que todavía no ha encontrado la receta:

LEY DEL ABORTO

El Ejecutivo sigue en pleno debate sobre la reforma de la ley del aborto. El propio Rajoy lo reconoció tras reunirse este lunes con el primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho. Las pinceladas sobre este proyecto que ha dado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, han encendido a la oposición y no han gustado a una parte del partido, algo que es muy delicado para el líder. Algunos dirigentes populares creen que se terminará suavizando la idea original.

El jefe del Ejecutivo ha pedido esperar a la decisión que se adopte finalmente para opinar sobre esta reforma. "Es un asunto que está debatiéndose dentro del Gobierno, y cuando tomemos una decisión, la daremos a conocer y la explicaremos al conjunto de la opinión pública", se ha limitado a decir hasta el momento.

Esta polémica reforma, reclamada por el sector más conservador del partido y por la Iglesia, ya ha provocado algún choque entre dirigentes del PP como las declaraciones del portavoz adjunto en el Congreso, Rafael Hernando, contra el proyecto de Gallardón o el desmarque de la diputada Celia Villalobos durante la votación de una moción del PSOE sobre la interrupción del embarazo.

LA REFORMA EDUCATIVA

Miles de personas salieron a la calle el pasado jueves para protestar contra la futura Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y los recortes en la enseñanza, justo un día antes del Consejo de Ministros que tenía previsto aprobar esta reforma. Y no solo de parte del sector de la Educación, también ha provocado el rechazo frontal del PSOE y de algunas comunidades como Cataluña, Andalucía y Canarias.

El Gobierno decidió no dar luz verde a la norma el pasado viernes aduciendo que faltan aspectos de la memoria económica por cerrar. Su intención es aprobarla este mes y no se descarta incluso que vaya el próximo viernes. No obstante, Rajoy tendrá la última palabra. A partir de ahí se tendrá que enfrentar a un proceso parlamentario y, sobre todo, de enfrentamiento con algunas autonomías, que ya han amenazado con recurrir ante el Tribunal Constitucional.

PENSIONES

Las pensiones son una cuestión de alto voltaje político. Cualquier decisión sobre este asunto, puede traducirse en perder miles de votos. Esto choca con las constantes ‘presiones’ de la UE y los mercados, que quieren ver medidas que endurezcan el actual sistema español. El debate se centra ahora en el ‘factor de sostenibilidad’, que es la fórmula para garantizar la solvencia del sistema de pensiones.

Este será uno de los temas que estará en el orden del día de la reunión que mantendrá el jefe del Ejecutivo con representantes de los sindicatos y de los empresarios este jueves en La Moncloa. Sobre esta cuestión está trabajando el comité de expertos convocado por el Gobierno, que tendrá listas sus conclusiones a finales de este mes. Será uno de los temas de los que más se hablará en Moncloa y en todo el país. Atentos.

REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES

“Una administración, una competencia”. Esta fue una de las grandes propuestas de Rajoy durante su discurso de investidura, en el que la reforma de las administraciones se convirtió en uno de los grandes ejes de su política.

El Ejecutivo se marcó como primer gran paso en este sentido la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, con la que pretende modernizar la vida municipal, adelgazar su estructura, acotar el sueldo de alcaldes y concejales y limitar el número de personal eventual, entre otros aspectos.

A pesar de que la ha revisado en un par de ocasiones el Consejo de Ministros, esta reforma se ha estancado. No ya por el rechazo del PSOE, sino por la oposición interna de los alcaldes del partido, a los que no termina de convencer el modelo que se implantará cuando se acabe con las llamadas ‘competencias impropias’ -aquellos servicios que ofrecen pero de los que no son titulares-. A ello, se une la espera de un nuevo sistema de financión local.

A Rajoy se le agotan los días si quiere aprobar esta ley con tiempo suficiente para que la asimilen los cargos locales antes de enfrentarse a las elecciones municipales de 2015.

El siguiente paso abarcaría el resto de administraciones. Por el momento, el Gobierno ha creado una comisión para la reforma de las administraciones públicas, cuyos esperados informes tienen una fecha: 30 de junio. A partir de estas conclusiones se pondrían en práctica las medidas.

Aquí el presidente del Gobierno está presionado por un ala del partido y algunos barones que le piden que acelere este proceso. Es la receta que viene recomendando desde hace tiempo Esperanza Aguirre: "Hay que reducir, privatizar o suprimir parte del sector público".

NUEVOS OBJETIVOS DE DÉFICIT

El déficit se ha convertido en una de las grandes obsesiones de Rajoy. Y su reparto en un quebradero de cabeza. Por ahora, ya ha dado un primer paso en favor de las autonomías al ampliar el objetivo del 0,7% inicial al 1,2%, todo ello después de la presión ejercida por algunos gobiernos regionales y por la flexibilización de la meta por parte de la Unión Europea.

Este 1,2% no ha servido para calmar las aguas. Por un lado, está la lucha de las comunidades cumplidoras contra las incumplidoras por un posible ‘déficit a la carta’ y, por otro, está el resquemor interno en el PP que genera que a Cataluña se le beneficie y se le otorgue una cifra más holgada. Rajoy debe buscar el equilibro entre el delicado momento que vive la relación con la Generalitat y los intereses de sus barones, que son su sustento en el poder y quienes podrían hacerle más daño en una situación extrema.

Por ahora, el mensaje oficial del Gobierno es que se dará un trato justo para todos y que todo ello debe ser tratado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Una disputa entre barones autonómicos es algo de lo que es mejor no oír hablar.

CONSULTA SOBERANISTA

Otro de los grandes asuntos a los que se tiene que enfrentar Rajoy es el pulso soberanista de la Generalitat de Cataluña. Es un tema complicado, que el presidente quiere llevar con discreción, como evidencia su reunión secreta con Artur Mas en el Palacio de La Moncloa.

Esta situación tiene una vertiente política, en la que juega un papel muy destacado Cristóbal Montoro como titular de Hacienda y Administraciones Públicas, con las delicadas cuentas de Cataluña en mente, y otra de carácter jurídico. Por ahora, se ha admitido a trámite el recurso del Gobierno ante el Constitucional contra la declaración soberanista aprobada por el Parlament en enero.

EL FUTURO DE BÁRCENAS

En todas estas cuestiones Rajoy tiene voz y voto, además de mayoría absoluta en el Parlamento para poder aprobar sus medidas. Ante esta situación, emerge como un auténtico dolor de cabeza para el presidente la figura de Luis Bárcenas.

Rajoy no puede hacer mucho más para desvincularse del extesorero. Ya ha negado que haya recibido sobres con dinero ‘en B’, ha publicado sus declaraciones de la renta, ha hecho públicas las cuentas del partido... pero el ‘caso Gürtel’ y los papeles del que fuera guardián de la caja fuerte de Génova acompañan a la figura del presidente a donde va. La Moncloa deja aquí de ser el escenario principal en favor de la Audiencia Nacional. Faltan todavía algunos capítulos.