El Gobierno reivindica la "libertad que concede la ley" para permitir el giro conservador del Constitucional

El Gobierno reivindica la "libertad que concede la ley" para permitir el giro conservador del Constitucional

PACO CAMPOS / EFE

Como si fuese un partido de fútbol, algunos medios contaban los goles. Tras los cuatro nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional conocidos este viernes, en el minuto 90, el resultado es 7-5. El equipo ganador es el de los miembros conservadores del alto tribunal y el perdedor el de los progresistas, que han sucumbido en un partido de vuelta periódico, al albur de cada mayoría parlamentaria.

El Gobierno no empleó ese lenguaje, pero sí reivindicó las reglas de juego, que este viernes le permitieron incluir en la lista de titulares de la institución a Enrique López y a Pedro González-Trevijano. El primero es una persona muy cercana al PP, propuesta ya en la anterior tanda de renovaciones y bloqueada entonces por el PSOE, que consideraba el nombramiento del en otra época hombre de confianza de Federico Trillo demasiado político. González-Trevijano es el actual rector de la Universidad Rey Juan Carlos, un centro público de Madrid.

"Lo que estamos haciendo es cumplir la ley", aseguró la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que en ningún caso negó la politización del tribunal, sino que se limitó a defender los conocimientos jurídicos de los designados. El sistema "es el mismo desde la aprobación de su ley" en 1979, según recordó la número dos del Gobierno.

En parte, ese es el problema para muchos juristas, algo a lo que Santamaría no entró aunque fue preguntada por ello. El cambio de mayorías parlamentarias suele provocar o bien el cambio de color en un tribunal que debería ser independiente o bien la falta de renovación por falta de acuerdo. Y en estos momentos, desde la deriva soberanista de Cataluña hasta los recortes en Sanidad o Educación, pasando por la congelación de las pensiones, la reforma laboral o la amnistía fiscal están pendientes de lo que diga el tribunal.

La "filosofía ha orientado al Gobierno" es la de "buscar y tener también cuenta" la trayectoria y áreas de conocimiento de los candidatos, algo que además ha hecho en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que este viernes propuso a otros dos magistrados, y que cumple con el plazo de renovación previsto.

Sin embargo, López, negociador del PP en temas de Justicia en cuando gobernaba José María Aznar, se ha pronunciado sugiriendo la introducción de la cadena perpetua cuando era portavoz del CGPJ.

LAS ASOCIACIONES DIFIEREN

Las asociaciones de jueces reaccionaron de diversa manera a los nombramientos, dando alas a los que claman contra la politización judicial a todos los niveles. El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosh, dijo que "la impresión que produce" que el Gobierno haya elegido a López y González-Trevijano "es que más que una calidad profesional en el ámbito judicial, lo que se busca es una afinidad política", informa Europa Press.

"Con estos nombramientos se consuma lo que ha sido un proceso de vincular, de una manera desproporcionada, lo que es la designación a la fuerza política que lo propone, que es la que sustenta al Gobierno", añadió.

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Carmen Frigola, ha valorado la trayectoria de Enrique López y se ha mostrado satisfecha con su elección. "Es miembro nuestro de la APM, desde hace muchos años, tiene una formación de jurista muy sólida, es un gran conocedor del Derecho, es especialista en el Derecho Civil y en Derecho Penal", ha señalado. "Por lo tanto, estamos muy satisfechos", ha reconocido.

LA REFORMA DEL ABORTO, INDEPENDIENTE

Santamaría también aprovechó para desligar la reforma del aborto que prepara el Gobierno de lo que diga el Constitucional sobre la última, presentada por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído. Según ella, los tiempos del tribunal son distintos a los del Gobierno y el fallo del Constitucional en nada es esperado por el Ejecutivo para ver la delimitación legal de la reforma. "El Gobierno esta trabajando en la redacción de esa ley en los términos que hemos venido señalando con independencia de cualquiera que puedan ser los pasos que tengan otro tipo de instituciones", dijo.