Los empleados del 'caso Sintel' empiezan a cobrar sus indemnizaciones 12 años después
Doce años han tenido que esperar los trabajadores de Sintel, antigua filial de Telefónica que quebró en 2001, para empezar a cobrar sus correspondientes indemnizaciones. Esta resolución se produce después de que la empresa MasTec haya depositado en la Audiencia Nacional los 35 millones acordados con los afectados para hacer frente a los pagos.
Adolfo Jiménez, presidente de la asociación de extrabajadores de Sintel, ha explicado que 23,6 de los 35 millones están destinados a indemnizaciones para unos 1.300 empleados, y los 11,3 restantes se depositarán en planes de pensiones para 2.900 personas.
El plazo para recoger los cheques es de seis meses, y cada afectado percibirá una cantidad entre los 12.000 euros —en caso de haber cobrado parte de la restitución en 2006 y 2008—, y los 30.000 como máximo. En caso de fallecimiento del trabajador, estas cuantías irán a los herederos que se acrediten.
NO FALTA "NI UN CÉNTIMO"
"Todos los trabajadores sin excepción han percibido los salarios que nos dejaron a deber, la indemnización legal y otra por daños morales, además del plan de pensiones que nos adeudaban. Nadie puede decir que le han dejado a deber un céntimo", ha afirmado Jiménez.
El "punto y final" de la batalla judicial es un "borrón y cuenta nueva, ha declarado satisfecho Jiménez, y ha traslado la satisfacción que sienten todos los afectados tras la resolución del conflicto.
El proceso quedó zanjado el pasado junio con el anuncio que hizo la familia Mas Canosa, propietaria de Sintel, de abonar 35 millones de euros a sus extrabajadores y acreedores, evitando de esta forma el juicio que había fijado la Audiencia Nacional para el día 20.
'CAMPAMENTO DE LA ESPERANZA'
El caso se remonta a 1996, año en el que Telefónica vendió su filial Sintel, fundada en 1975 y especializada en la instalación de líneas y redes de cables, al grupo estadounidense MasTec Incorporated, propiedad de la familia Mas Canosa, por 4.900 millones de pesetas (unos 30 millones de euros).
Según la acusación, los nuevos propietarios iniciaron un proceso de "vaciado patrimonial", es decir, vendieron gradualmente los activos de la compañía, lo que la llevó a la quiebra en 2001 con un debe de 59,3 millones de euros. La situación dejó a 1.788 acreedores pendientes de cobro y a 1.828 trabajadores en el paro.
Entonces, varios centenares de empleados llevaron su protesta en enero de ese año al paseo de la Castellana de Madrid, donde acamparon durante seis meses frente al Ministerio de Economía para exigir la intervención del Gobierno.
Documental del "Campamento de la esperanza".
Esta concentración, bautizada como el Campamento de la Esperanza, se disolvió tras acordar con las autoridades laborales la recolocación de los trabajadores. Mientras, el Congreso de los Diputados aprobó una resolución que instaba al Ejecutivo a mediar en la negociación entre las partes afectadas.
