La Fiscalía se opone a la imputación de la infanta

La Fiscalía se opone a la imputación de la infanta

GTRES

La Fiscalía Anticorrupción ha entregado un escrito al juez instructor del caso Nóos, José Castro, en el que se opone a la imputación de la infanta Cristina por entender que no hay contra ella más que "conjeturas o sospechas". De esta forma se adelanta a Castro, que evaluaba en estos momentos si imputaba o no a la infanta por un delito fiscal.

Es la segunda ocasión en que la fiscalía sale al auxilio de la infanta Cristina, que ya recurrió la anterior imputación puesta en marcha por el juez Castro.

La fiscalía señala en su escrito que los indicios que pesan sobre ella son "meras conjeturas o sospechas que no constituyen elementos válidos de imputación", según han informado fuentes judiciales.

El juez José Castro debe decidir en próximas semanas si acuerda o no el encausamiento de la hija del rey por presunto delito fiscal o de blanqueo de capitales.

LAS RAZONES DEL FISCAL

En la última parte de este informe de 29 páginas, el fiscal Pedro Horrach afirma a modo de conclusión que "en el proceso penal las meras conjeturas o sospechas no constituyen títulos válidos de imputación".

El fiscal advierte de que "conviene rescatar y reproducir" los comentarios que efectuó el propio juez Castro en el auto de 5 de marzo de 2012.

EL juez afirmó con relación a la imputación de la infanta que "prestar declaración en calidad de imputada no tiene como finalidad de buscar en su curso hipotéticos y eventuales indicios de criminalidad contra ella, sino posibilitar que dé su versión sobre los que ya existen".

El fiscal hace suyas estas palabras y otras del juez en las que sostenía que "los indicios han de existir previamente, tener un carácter objetivo, lo que equivale a que no sean fruto de meras elucubraciones por mucho que éstas puedan ser compartidas por un número más o menos amplio de personas, y ser racionales".

"Todo ello -concluye el fiscal- sin perjuicio de las responsabilidades civiles que, en su caso, puedan derivarse respecto de doña Cristina de Borbón al amparo de lo establecido en el artículo 122 del Código Penal (participación a título lucrativo)".

La fiscalía considera que la investigación practicada por el juez Castro en torno a las presuntas actividades delictivas de Aizoon, la empresa que la infanta comparte con su esposo, Iñaki Urdangarin, no ha aportado indicios relevantes contra la hija menor del Rey.

LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA INFANTA

El magistrado ha reunido datos que apuntan a que mediante las salidas de fondos que se realizaron de Aizoon para destinarlos a gastos particulares, la infanta y Urdangarin se habrían beneficiado a través de su empresa de los ingresos presuntamente ilícitos que recibió la misma procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda por parte de Aizoon.

Y es que, según apuntan los investigadores, el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos -en virtud de los convenios que éste suscribió con las Administraciones Públicas- no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con el posible conocimiento del origen delictivo de los fondos por parte de la Infanta.

Las pesquisas del juez iban encaminadas a averiguar si la hija del rey era consciente de la procedencia ilícita del dinero que recibía Aizoon, lo que permitiría dilucidar si la duquesa de Palma incurrió en un delito de blanqueo de capitales, además de esclarecer si defraudó a la Agencia Tributaria, al facturar a Aizoon servicios personales que nada tenían que ver con la actividad de la empresa con el objetivo de reducir su tributación en la declaración del IRPF.

De hecho, la Audiencia Provincial sostiene que si Aizoon estaba participada al 50% por la infanta, no era más que una pantalla y se constituyó con una finalidad defraudatoria, no se entiende que sólo se atribuya la defraudación a uno de los socios (a Urdangarin).

Pero en esta decisión se ha adelantado a Castro la Fiscalía Anticorrupción, que ya se ha pronunciado sin darle tiempo al juez as preguntar.