La jueza Alaya ordena 26 detenciones en una macrorredada anticorrupción
La juez Mercedes Alaya ha ordenado la detención de una treintena de técnicos y altos funcionarios municipales en una macrorredada anticorrupción. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha arrestado ya a 26 personas en varias provincias de Andalucía, Extremadura y Canarias, además de en Barcelona y Madrid. Se les investiga por presuntos pagos ilegales a funcionarios de ayuntamientos a cambio de concesiones públicas a empresas.
La mayoría de los 26 detenidos son funcionarios, aunque también se prevé la detención de algún cargo público de bajo nivel, según han indicado fuentes de la investigación, que también informan de diversos registros en las provincias implicadas, entre ellos la diputación de Sevilla.
A los detenidos se les imputará como presuntos autores de delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.
Los agentes han practicado detenciones o registros en 13 provincias: Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Gran Canaria.
Según explica la Guardia Civil, la operación Enredadera es la continuación de la investigación sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla S.A.
La juez Mercedes Alaya, que investiga este caso, dictó un auto este lunes en el que prorrogó nuevamente, y ya es la decimosexta vez, el secreto de sumario que pesa desde julio de 2013 sobre la operación, que se ha desarrollado en dos fases entre julio y diciembre de 2013 y que acumula hasta el momento 13 personas imputadas.
INCREMENTO NO JUSTIFICADO DE CAPITAL
De esta operación los agentes concluyeron un "no justificado" incremento patrimonial del que fuera hasta 2007 director del área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.
Los agentes realizaron un informe patrimonial sobre esta persona de la que se dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo -contratista habitual de numerosas administraciones públicas- múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza, desde dinero hasta vehículos, lo que provocó en julio y diciembre del pasado año la apertura de nuevas diligencias, registros y detenciones, entre otros, de responsables de la empresa citada.
Con el análisis de la documentación incautada entonces los investigadores determinaron que la dirección de Fitonovo había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, de forma que había habilitado la estructura de la propia empresa para formar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación.
A su vez también los imputados también habían creado una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.
REGISTRO Y DETENCIÓN EN LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA
Como parte de la operación, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este martes a las nueve de la mañana en la Diputación de Sevilla a fin de practicar una entrada y registro, y han realizado una detención, según Europa Press. Esta nueva fase de la Operación Madeja, bautizada como Enredadera, es una derivada del caso Mercasevilla.
La Guardia Civil ha detenido a un ingeniero de la Diputación de Sevilla, el responsable de carreteras, Carlos Podio, en la tercera fase de esta operación contra una presunta trama de pagos ilegales en el Ayuntamiento de la capital andaluza, informa EFE.
La juez investiga también si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño, entre otros, pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos municipales de mantenimiento a empresas como Fitonovo y Fiverde.
DETENCIÓN EN MÉRIDA
Agentes de la Guardia Civil se han personado también en la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura, en Mérida, y han detenido a un funcionario, un jefe de sección de este departamento que ha sido trasladado a Sevilla, según ha confirmado la vicepresidenta del Gobierno de Extremadura, Cristina Teniente.
Cristina Teniente ha explicado que la información sobre esta actuación "es todavía confusa", ya que se ha desarrollado a lo largo de esta mañana, por lo que ha reclamado "prudencia" sobre este caso.
Teniente ha informado de que "no se trata de un cargo de libre designación, se trata de un funcionario" que lleva muchos años trabajando en la Administración.
CASO MERCASEVILLA
Tres personas llegaron a estar en prisión por este asunto: Francisco Amores, exjefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla; el empresario José Antonio González Baró, administrador de la empresa Fitonovo; y Francisco Luis Huertas, jefe de mantenimiento del Parque María Luisa.
Este último quedó en libertad en enero de este año, tras rebajar la jueza a 60.000 euros la fianza de 150.000 euros que había fijado inicialmente.
En cuanto a Amores y González Baró, ambos se encuentran también el libertad bajo fianza, de 150.000 y 250.000 euros, respectivamente.
En mayo pasado, la juez levantó parcialmente el secreto respecto al exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño y su esposa, la abogada Ana María Vaquero, que habrían incrementado su patrimonio en 811.396 euros en siete años, de los que 400.181 euros lo fueron sin justificar y con posible origen en comisiones ilegales.
También fue imputado en este caso, Joaquín Peña, director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, a quien en diciembre destituyó el alcalde Juan Ignacio Zoido (PP) al conocerse su imputación en esta nueva rama del caso Mercasevilla.
