La doctrina Botín, una jurisprudencia cuestionada
La doctrina Botín, el argumento de la defensa de la infanta en el caso Noós que ha sido desestimado por la Audiencia de Palma, establece que para que se abra juicio a una persona por determinados delitos debe ser acusada por alguien directamente perjudicado o por el fiscal.
Se trata de una jurisprudencia fijada por el Supremo en 2007, que no siempre se ha aplicado aunque aparentemente fuera la adecuada, como demuestra el caso Atutxa de 2008. El Supremo condenó al entonces presidente del Parlamento Vasco, José María Atutxa, por desobediencia al Alto Tribunal, con el único impulso de una acusación popular.
La Audiencia de Palma ha decidido este viernes no aplicar la doctrina y admitir que la infanta Cristina siga como acusada y sea juzgada, al legitimar a Manos Limpias para ejercer la acusación popular en su contra como cooperadora en dos delitos fiscales presuntamente cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin.
En un auto, el tribunal provincial ha desestimado la cuestión planteada por la defensa de la infanta, que consideraba que de acuerdo a la citada doctrina no bastaba con la acusación de Manos Limpias para actuar contra ella.
CUATRO FORMAS DE EJERCER LA ACUSACIÓN
La doctrina en cuestión obedece a su vez a un principio más general del derecho penal, el de que no es posible ser juzgado por un delito del cual no has sido acusado previamente. La acusación puede ser ejercida por el fiscal, la acusación particular o el abogado del Estado -en determinados supuestos, como el delito fiscal- o la acción popular.
La duda entonces era si bastaba con la acusación popular para juzgarla, porque el abogado del Estado actúa como acusación particular en casos en los que el Estado haya sido el perjudicado por un delito, y no lo ha considerado oportuno para la infanta Critina; tampoco el fiscal ha actuado contra ella.
Los argumentos de la Audiencia Provincial explicarán por qué se ha considerado legitimada la acusación de Manos Limpias. Quizá porque se apunta a que representan a un colectivo más amplio que el de su organización y que se considera perjudicado, algo que negó el abogado del Estado al señalar que "el lema de 'Hacienda somos todos' es un argumento publicitario y no jurídico".
