La inmigración, un asunto de Estado
Es más que evidente que no existe una única solución para afrontar un problema tan sumamente complejo. Como también es evidente que nos seguiremos alejando de una respuesta más eficaz mientras sigamos rehuyendo un debate que debe ser afrontado como un asunto comunitario de carácter prioritario.
Los movimientos migratorios a través del extenso continente africano hasta las puertas de Europa no son intermitentes, forman parte ya del paisaje cotidiano de aquellos países a través de los que se dibujan las diferentes rutas por las que transitan personas que se ven obligadas a decir adiós a su propia casa e iniciar una huida hacia lo desconocido. Es el drama más doloroso al que se enfrentan cada segundo millones de personas en la frontera estadounidense, en las aguas del Mediterráneo, en el océano Atlántico, en las rutas a través de las que navegan embarcaciones rudimentarias desde el sudeste asiático hasta las costas de Australia, frente a verjas en nuestra frontera e, incluso, aquellos jóvenes de los países del Sur de Europa, muchos de ellos españoles, que buscan refugio laboral en naciones con más perspectivas de futuro.
Pese a que se trata de un fenómeno sin fin, en la Unión Europea se aborda como si se tratase de una cuestión coyuntural. Los países solo reaccionan -o nos hacen entender que les preocupa- cuando las tragedias pueblan de cadáveres las playas de Lampedusa, la costa de Tarajal o, no hace muchos años, las aguas de Canarias en aquella fatídica crisis de los cayucos que convirtió esa franja marítima en un auténtico cementerio.
Los países de la UE, ahogados por sus crisis internas, se empeñan en evitar fijar una política común que vaya más allá de los parches que ha aplicado de manera precipitada cada vez que su papel ha quedado en entredicho en las tragedias mortales. Tragedias que nos recuerdan que cada día son muchos los que arriesgan sus vidas en el desierto africano o que se embarcan desesperados en balsas endebles en las que saben de antemano que corren el riesgo de naufragar y perder sus vidas en el mar.
Muchos seguirán lanzándose al agua para llegar a una costa en la que anhelan iniciar una nueva vida; muchos seguirán saltando verjas para poner fin a un viaje de días, meses o años a través de paisajes hostiles; muchos seguirán arriesgando sus vidas en viajes por sendas peligrosas en solitario o como parte de viajes organizados por mafias sin escrúpulos. No habrá fin o, por lo menos, no lo habrá mientras persista la enorme desigualdad que existe entre unas naciones y otras.
Es más que evidente que no existe una única solución para afrontar un problema tan sumamente complejo. Como también es evidente que nos seguiremos alejando de una respuesta más eficaz mientras sigamos rehuyendo un debate que debe ser afrontado como un asunto comunitario de carácter prioritario. Desde la tragedia vivida en Lampedusa, en la que perecieron más de ciento cincuenta personas, no ha habido avances en materia migratoria y lo sucedido en Ceuta ha vuelto a poner sobre la mesa de los ministros de Interior de la UE un problema que, lamentablemente, son incapaces de abordar con acciones que no se queden en meros gestos simbólicos y de corto recorrido.
La respuesta no puede ser únicamente el blindaje de nuestras fronteras. Es un parche insuficiente que nunca podrá atajar el flujo de personas dispuestas a morir en su huida desesperada hacia un mundo que le ofrezca una vida digna. Además de aumentar los medios materiales y humanos en las zonas fronterizas, con el apoyo de la UE, la respuesta más eficaz a medio y largo plazo es la cooperación internacional para la creación de empleo en sus países de origen. Una vía que ha sido desmantelada por los efectos de los ajustes presupuestarios.
Se debe abordar seriamente en el seno de las organizaciones internacionales la lucha contra las mafias organizadas que se lucran con el tráfico de personas, cuyas redes se extienden a nuestro propio país, garantizar el estricto cumplimiento del derecho de asilo, velar por el respeto de las normas que dicta la Comisión Europea de Derechos Humanos y, además, regular los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
En definitiva, se debe reconducir cuanto antes un debate que nunca se debió haber perdido en España y no dejar para el futuro una solución a un fenómeno que, lamentablemente, siempre tendremos presente al otro lado de la frontera.
