Acuerdo decisivo para lograr que las multinacionales también paguen impuestos en los países donde operan

Los ministros de finanzas del G-7 han llegado a un acuerdo que sienta las bases para gravar en un futuro, con un tipo mínimo del 15%, los beneficios que las compañías multinacionales obtienen en todos los países donde operan aunque no tengan su sede fiscal en los mismos. El acuerdo, largamente perseguido por los países europeos miembros del grupo, finalmente ha visto la luz gracias al apoyo de la actual administración estadounidense. Con este acuerdo, se quiere poner fin a la práctica de las multinacionales de elegir el país de su sede por motivos fiscales y garantizar unos ingresos tributarios mínimos para todos los países.

Resulta que la plena soberanía de los Estados para fijar sus sistemas tributarios ha llevado a muchos de ellos a rebajar sus impuestos para atraer empresas e inversiones, en una carrera impositiva a la baja que alienta la deslocalización de las empresas multinacionales y causa una importante pérdida de recaudación en los países dónde se generan buena parte de sus beneficios. Aunque todos coinciden que en este escenario de competencia fiscal las únicas que salen ganando son precisamente las multinacionales, el acuerdo para terminar con esta situación parecía imposible… hasta ahora.

Se calcula que cada año el traslado de beneficios de las multinacionales a países o territorios con baja o nula fiscalidad supone una pérdida global de ingresos tributarios superior a los 200.000 millones de euros para las haciendas de los países dónde aquellas operan, de los cuales más de 2.000 millones corresponderían a España. Como en otros ámbitos, los efectos de la pandemia también se han hecho notar sobre esta práctica elusiva, dado que el impulso de la digitalización de la economía ha disparado los beneficios de las empresas tecnológicas y con ello también ha aumentado el importe de los impuestos que se ahorran, en un momento en el que muchos coinciden en que los ingresos públicos son más necesarios que nunca.

Mientras que la globalización, la nueva economía y los avances tecnológicos nos han metido de lleno en el siglo XXI, los principios y fundamentos de las normas reguladoras de los actuales sistemas fiscales nacionales e internacionales siguen anclados en las realidades y circunstancias del siglo pasado, permitiendo una creciente erosión de las bases imponibles impositivas por parte de las empresas multinacionales y generando importantes desigualdades de tributación entre países, lo cual socava los principios tributarios de justicia, generalidad, progresividad y equitativa distribución de las cargas en los que se asientan los vigentes sistemas tributarios.

Según el acuerdo, el compromiso adoptado por las 7 principales economías del mundo es lograr un reparto equitativo de los derechos de imposición a nivel mundial, concediendo a los países de mercado unos derechos de imposición sobre al menos el 20% de los beneficios que superen un margen del 10% para las empresas multinacionales más grandes. Por ahora, se ha establecido un tipo mínimo e igual para todos los países del 15%, rebajando las pretensiones de Estados Unidos que quería fijarlo en el 21%.

En cualquier caso, una vez haya entrado en vigor el acuerdo, la elección de las multinacionales de donde situar su sede por motivo fiscales dejará de tener sentido porque ya no podrán eludir el pago de impuestos en cada uno de los países donde estas obtengan sus ingresos, tengan o no allí su sede, a la vez que los ingresos tributarios en todos estos países aumentarán en mayor o menor medida.

No obstante, aunque este primer acuerdo es de una extraordinaria importancia, es necesario que sea aceptado por el mayor número posible de países para que pueda llevarse a cabo. Por ello, es preciso que también reciba el visto bueno del G-20 y, sobre todo, de la OCDE. De hecho, tales organizaciones no sólo deberán dar su aprobación sino que además tendrán que concretar los pormenores del nuevo gravamen global, tarea que no será fácil.

En este sentido, aún faltan por determinar detalles cruciales como cuáles serán las empresas sujetas, cómo se calculará la base imponible o cómo se repartirán las cuotas recaudadas entre los países beneficiarios. Además, y a pesar del acuerdo, también quedan por resolver cuestiones como la negativa de los Estados Unidos a gravar las multinacionales tecnológicas con la llamada tasa Google; la posible oposición de los países cuyos tipos impositivos de sociedades estén por debajo del 15%, como es el caso de Irlanda o Hungría en la Unión Europea, o cómo se terminará con los llamados paraísos fiscales si verdaderamente se quiere que esta iniciativa sea cien por cien efectiva.

Sin duda, se ha dado el primer paso de un cambio de gran calado en materia de fiscalidad internacional, gracias al cual será posible alcanzar, cuando entre en vigor, un mayor equilibrio de las cargas tributarias que soportan las empresas y un mejor reparto de los ingresos tributarios que recaudan los países. Sin embargo, aún queda camino por recorrer hasta que este acuerdo sea una realidad, camino que no estará exento de dificultades y oposiciones.

Y es que, a muchos ya les va bien la actual regulación de la fiscalidad internacional o, mejor dicho, la falta de la misma, pero, del mismo modo que la lucha contra el cambio climático ha logrado un amplio consenso, también tendría que lograrse una adhesión similar contra las desigualdades sociales y económicas en el mundo, porque mientras no se adopten unas reglas fiscales internacionales que permitan un reparto más equitativo de la riqueza mundial, el preciado desarrollo sostenible del planeta no será posible.