El Gobierno, PNV y ERC acuerdan que los interinos con cinco años en la misma plaza se hagan fijos sin opositar

El Gobierno, ERC y PNV han llegado a un acuerdo para convertir a los interinos que lleven más de cinco años en sus plazas en funcionarios fijos. Este pacto, que tendrá que ser aprobado en el Congreso establece tres condiciones para que los trabajadores consoliden su posición.

De salir adelante, como sería previsible, se rebaja el plazo de diez años que determinó inicialmente el Ministerio de Hacienda y Función Pública para reducir la temporalidad en el sector.

El pacto entre los socios de Gobierno con vascos y catalanes establece que esta sea una medida de aplicación excepcional, que sea una sola vez y que dote a cada administración que la haga la competencia para desarrollar su propia norma.

Como apunta el periodista de la Cadena SER Javier Ruiz, si la administración convoca esa plaza a oposición y el interino la lleva ocupando ininterrumpidamente desde el 1 de enero de 2016 pasará a ser funcionario, fijo, sin necesidad de opositar.

El documento compartido entre PSOE, UP, ERC y PNV defiende que “con esta disposición adicional se da amparo normativo al concepto jurisprudencial de interinidad de larga duración superior a cinco años, que por su carácter de normativa básica, resulta de aplicación al conjunto de las Administraciones Públicas y garantiza la igualdad en todo el territorio”.

Las mismas fuentes han explicado que a los interinos de tres a cinco años se exigirá un “concurso-oposición en los cuales los ejercicios de la fase de oposición pueden no ser eliminatorios”, mientras que de cinco años para adelante habrá un concurso de méritos amparado en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público. “Las plazas que pueden salir por concurso no están condicionadas a no haber sido previamente convocadas”, han añadido.

ERC ya fue clave para que se salvase el decreto para reducir la temporalidad

La medida que tienen entre manos los cuatro partidos llega después de que este verano el Consejo de Ministros aprobase el decreto ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, con el objetivo de situarla por debajo del 8%.

Ese texto llegó tras un plan suscrito entre el Ministerio de Política Territorial y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, previa consulta a las comunidades autónomas y entidades locales, que incluye la convocatoria de 300.000 plazas estructurales ocupadas por personal temporal.

De hecho, fue ERC el responsable de que el decreto se convalidase en el Congreso a finales de julio, gracias a un ‘sí’ de última hora que decantó la balanza a favor del Ejecutivo, con 170 apoyos, 169 rechazos y ocho abstenciones, entre ellas las del PNV.