Cuando el hogar se convierte en una cárcel: "Somos los olvidados"
Radiografía de la Accesibilidad en campaña: casi 4 millones de personas en España reclaman lo que es un derecho, y no un privilegio.
El discurso, el emisor –Agustín Javier Zamarrón– e incluso el escenario, bien podrían escenificar la representación de una obra del mismísimo Valle-Inclán. Pero si por algo aquel momento durante la apertura de la XIII Legislatura nos remontó al siglo pasado, fue por la carente adaptabilidad de un Congreso que todavía a día de hoy hace imposible que un diputado con discapacidad física –en este caso Pablo Echenique, responsable de Acción de Gobierno y Programa en Podemos– pueda acercarse a votar en el hemiciclo.
Es la cara más visible de esta realidad en el plano político. Una lacra que –aunque hace ya 13 años que Naciones Unidas aprobó ‘La Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad’ para dejar de considerar un simple privilegio lo que debía ser un derecho fundamental– a día de hoy persiste y deja patente que faltan medidas claras que mejoren la vida de estos ciudadanos y garanticen su acceso al espacio físico, al transporte, la información, las comunicaciones y otros servicios e instalaciones de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Nuria es una de las casi cuatro millones de personas con discapacidad que viven en España. Tiene 39 años y sufre el síndrome “Sudeck” una enfermedad degenerativa que produce dolor agudo, rigidez, inflamación y pérdida de masa muscular –entre otros síntomas– lo que le obliga a tratarse con 10 medicamentos diarios. Tan solo uno de ellos tiene un coste de casi 100 euros que afronta por su cuenta, sin ayudas de ningún tipo, a pesar de su elevado precio.
“Soy una persona dependiente. Camino muy poco, a medida que va pasando el día me cuesta más, y aunque trabajo en una empresa de empleo especial necesito la ayuda constante de mi madre”, relata en el salón de la vivienda que comparten.
Sus muletas y Natividad, su madre, son su apoyo las 24 horas del día para entrar o salir de su propia casa, un 4º piso del municipio de Parla, sin ascensor.
Nuria no es un caso aislado. Según la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), de la que ella forma parte, en nuestro país a día de hoy hay 2.5 millones de personas con movilidad reducida, de las cuales 1.8 millones (74%) precisan de la ayuda de familiares y amigos para entrar o salir de sus casas, mientras que otras 100.000 (4%) no pueden hacerlo nunca.
“En ocasiones, el hogar se convierte en una cárcel. Es una prisión para estas personas dada la falta de accesibilidad en su propia vivienda”, afirma la directora de la Fundación Mutua de Propietarios, Laura López Demarbre.
Más datos que ponen de manifiesto esta cruda realidad: el 37% de los edificios no son accesibles desde la vía pública en España, un 28% de los ascensores existentes no lo son desde el portal, y hay más de 1 millón de propiedades que ni siquiera cuentan con uno, según un estudio de la compañía ‘Otis Elevator’.
El edificio donde Nuria reside no está adaptado, ni la entrada, ni su propio domicilio. “Es imposible meter una silla de ruedas aquí y bajar las escaleras es un mundo, en ocasiones lo hago sentada, escalón por escalón”, describe.
Reconoce haber solicitado una vivienda de protección oficial pero es consciente de las pocas probabilidades que tiene de conseguirla ya que se adjudican por sorteo y ,además, la movilidad reducida le fue denegada. En España, los tres supuestos para que determinar el baremo de movilidad reducida por ley exigen: o bien la dependencia total de una silla de ruedas, o bien la dependencia absoluta de muletas para deambular, o por último, que sea posible la movilidad pero se presenten conductas agresivas o molestias de difícil control, a causa de graves deficiencias intelectuales que dificultan la utilización de medios normalizados de transporte.
“Es una contradicción, yo entraba en el segundo caso y presenté informes de la Unidad del dolor y de mi médico de cabecera”, explica Nuria. “Ahora que han pasado dos años podré volver a pedirla, pero supone un gasto solicitarla y 400 euros la prueba biomecánica que solo te hacen en centro privado y que debo presentar”.
En su día a día se evade practicando “origami” porque asegura, pensar en el mañana solo le produce ansiedad y depresión. “Me agobia plantearme si podré llegar al trabajo o regresar”. Además del padecimiento está el factor económico: ella ha tenido que alquilar una plaza de garaje en su trabajo para que el desplazamiento sea el menor posible.
“No cobro pensión porque me dieron el alta. Eso supone no continuar con el tribunal médico y económicamente no podía recurrir. Para que cobres pensión tienen que darte el 65% de discapacidad de cara a tu vida laboral y siempre que cumplas ciertos requisitos, si antes has estado trabajando varios años. Yo solo tengo discapacidad de cara a mi vida cotidiana, un 33% de discapacidad permanente”, relata.
Lo cierto es que en el año 2017 se aprobó la ‘Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social’ en la que se establecía que todas las viviendas debían realizar “ajustes razonables” en materia de accesibilidad en todas las zonas comunes de los edificios, siendo obligación de la Comunidad de Propietarios efectuarlos, pero en la práctica esto no se produce.
A pesar de la normativa vigente, un estudio reciente realizado por la Fundación Mutua de propietarios y COCEMFE, revela que las comunidades con mayor número de vecinos son las que menos acciones en favor de la accesibilidad han realizado en los últimos años. “Esto pone de manifiesto la complejidad que representa solicitar ayudas en edificios donde vive mucha gente, donde influye la negociación y la corresponsabilidad de un número importante de personas que no siempre están sensibilizadas con los problemas de movilidad reducida”, afirma López Demarbre.
Las carencias en esta materia dentro de los inmuebles ha propiciado que
un 22% de las personas con movilidad reducida en España haya tenido que cambiar alguna vez de domicilio por este motivo, siendo las escaleras las que provocan que el 78% de las mismas no puedan moverse de manera libre.
“Somos los olvidados, hay leyes que no se cumplen y faltan políticas claras que hagan frente a esta realidad”, expone Nuria.
Los partidos políticos mencionan la cuestión, incluso la han incluido en más de una ocasión en sus programas electorales, sin embargo, la falta de propuestas concretas que contemplen ayudas efectivas por parte de la gran mayoría de las formaciones, limita y debilita aún más el estado de ánimo de quienes, carentes de autonomía propia, tienen que hacer frente a estas barreras día a día. De hecho, en términos de ayudas económicas, sólo un 12% de los edificios que cuentan con personas con movilidad reducida manifiesta haber recibido alguna mientras que un 28% de los consultados asegura haber pedido a la comunidad de propietarios alguna adaptación, de las cuales, aproximadamente la mitad han sido atendidas.
Desde el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) instan a los partidos que concurren al 10-N a tomar nota y a trabajar para modificar una regulación insuficiente. “Pedimos modificar la Ley para eliminar la actual limitación económica de 12 mensualidades de gastos de la comunidad y que sea obligatorio realizar las reformas de accesibilidad solicitadas por personas con discapacidad o personas mayores de 70 años de la misma forma que las comunidades vecinales afrontan otras reformas ineludibles derivadas de las condiciones estructurales, la estanqueidad, la habitabilidad y la seguridad”, solicita por su parte Antxon Queiruga, presidente de COCEMFE.
“Para ello y dado el coste que supone la implantación de este tipo de actuaciones pedimos que se establezcan ayudas concretas para asumir el montante de las obras”, añade. “Son barreras que se podrían remover con voluntad política y concienciación ciudadana. Pero esta responsabilidad compartida debe estar encabezada por la Administración y no por la ciudadanía, como ocurre actualmente”.
