La defensa de Cuixart habla de reunión pacífica y la de Forcadell carga contra la Fiscalía

Turno final para las defensas en el juicio del procés. Y este miércoles por la tarde quedará visto para sentencia. La abogada del líder de Òmnium, Jordi Cuixart, ha enmarcado su participación en la concentración del 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía dentro del ejercicio del derecho de reunión pacífica, frente a una acusación que ve este derecho como “desorden, caos, malestar y desafío a la autoridad”.

La letrada Marina Roig ha pedido este miércoles en la última jornada del juicio del “procés” la absolución de Cuixart, quien únicamente participó, ha recordado, en esa concentración del 20-S, principal objeto de acusación contra el líder independentista.

Este registro ordenado por el juzgado de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O, ha asegurado, se efectuó con normalidad y sin impedimentos, y su defendido siempre llamó a la protesta pacífica y no violenta.

De hecho, según su versión, Cuixart “insistió siempre en que la concentración debía mantener un carácter pacífico” y “exhortó a la ciudadanía a que no se comportara de manera violenta”.

La abogada ha hecho una defensa de las manifestaciones ciudadanas como un instrumento “crucial para criticar la represión” y ha opinado que en este juicio “en vez de ver en las manifestaciones un elemento legítimo de la democracia, los poderes públicos las abordan como una amenaza, algo que tiene que ser suprimido”.

Roig se ha referido al episodio de los coches dañados de la Guardia Civil, aparcados frente a la Conselleria, para sostener que esta actuación puntual “en ningún momento dado puede servir” para tachar la manifestación de violenta ni se puede achacar la responsabilidad a los acusados.

La abogada de Forcadell acusa a la Fiscalía de mentir

En esta última jornada, la defensa de Carme Forcadell ha acusado además a la Fiscalía de exagerar, magnificar e inventarse su conducta, lo que demuestra que se la juzga “por quién es” al asegurar que “ha aparecido en lugares donde no ha estado, ha hablado en lugares donde no habló, se han inventado tuits y se han mutilado declaraciones”.

En su informe final ante el tribunal del “procés”, la abogada Olga Arderiu ha denunciado el agravio comparativo entre la expresidenta del Parlament, que está siendo juzgada en el Supremo por rebelión y se le solicitan 17 años de cárcel mientras que sus compañeros de la Mesa serán juzgados por desobediencia en el TSJ de Cataluña.

“No autorizó el referéndum, no arengó a las manifestaciones violentas ni a que hubiese violencia y lo que no se nos puede decir es que su papel fundamental es la creación de apariencia de legalidad porque (...) las leyes que se aprobaron el 6 y 7 de septiembre fueron presentadas por los grupos, admitidas a trámite por la Mesa, incluidas en el orden del día y aprobadas por el pleno”, ha indicado.

Por ello, ha cargado contra los fiscales que la acusan “por quien es y no por lo que ha hecho”, al manifestar que es “la única acusada” que aparece en el escrito del Ministerio Público de la que se nombra su cargo anterior a 2017, cuando era presidenta de la ANC, y también porque, pese a que no se le impute malversación, se le pide más pena que algunos exconsellers.

Arderiu, que ha presumido del carácter pacífico de su clienta, se ha adherido a los argumentos del resto de las defensas para negar la rebelión porque si “es imposible encajar los hechos en violencia física o intimidatoria, ya no les digo nada de la violencia normativa que no aparece en el Código Penal”.